La Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales de Bucaramanga, precluyó la Investigación que cursaba en contra de nuestro Presidente Departamental, por el delito de falsedad en documento privado,del cual la demandante es la señora Funcionaria del Ministerio del Interior y Justicia del Programa de Protección a personas amenazadas, Eilenae Suárez Tavera, quien para el año de 2006 era la en cargada del Programa de Protección del Ministerio del Interior.
Con esta determinación que tomo la Fiscalía, se demostró la persecución que existe de parte de algunos funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia en contra de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), quienes venimos siendo golpeados por los grupos paramilitares que operan en Santander, a lo que se le suma la persecución por parte del estado colombiano, del cual, cada vez que se pide la protección ante este Ministerio siempre argumenta que los resultados de los estudios de seguridad arrojan ordinario, quedando desprotegidos los compañeros que están amenazados en este momento.
Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todos los estamentos que acompañen a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), en Santander, como lo son la Personería, Defensoría del Pueblo, Acción Social, Procuraduría General de la Nación, la OEA, Naciones Unidas, los Sindicatos Regionales y Nacionales, Asociaciones Campesinas Regionales, Nacionales e Internacionales, a las ONGS Defensoras de Derechos Humanos y medios de comunicaciones.
Así mimso llamamos, a la solidaridad del Movimiento Sindical, el Movimiento Social de Paz, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los Organismos de Derechos Humanos Internacionales que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garantice los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia y las diferentes sentencias por la Corte Constitucional, donde se deben respetar los derechos de la población desplazada.