Si bien se acordó la realización de una reunión de la Comisión en un periodo no superior a 20 días a partir de la fecha, donde se presentará un proyecto de reglamentación preparado por una subcomisión integrada por dos delegados de las instituciones y dos en representación de las autoridades indígenas, las alarmas se prendieron cuando la viceministra del Interior y de Justicia, María Isabel Nieto, afirmó que no se cuenta actualmente con recursos para atender sus compromisos en cuanto a tierras.

Como había sido reclamado por las autoridades indígenas tradicionales organizadas en el CRIC, la gobernación departamental convocó a la Comisión mixta del decreto 982 de 1999, la cual se reunió en el salón de los espejos de la gobernación del Cauca, el pasado 25 de julio.

Aunque la prensa local se refirió a la reunión como “…Un nuevo intento para solucionar el conflicto de la adjudicación de tierras…” la convocatoria tuvo como fin facilitar la reactivación de la Comisión para el Desarrollo Integral de la política indígena del Departamento del Cauca, creada por el gobierno nacional a través del decreto 982; norma que registró la emergencia social, económica y cultural declarada por las autoridades indígenas en junio de 1999.

Con esta actividad, la Consejería Mayor CRIC, a nombre de los pueblos indígenas del Cauca, reiteró su voluntad de diálogo en busca de respuestas ágiles y efectivas para los compromisos que el Estado tiene con las comunidades indígenas de este departamento; insistió igualmente en la exigencia, al gobierno nacional, de resarcir el buen nombre de los pueblos indígenas del Cauca, afectados por los comentarios irresponsables, tendenciosos y discriminatorios hechos por altos funcionarios del Estado a través de diversos medios de comunicación, con los cuales se involucra a comuneros y autoridades indígenas con el terrorismo, convirtiéndolos, por orden presidencial, en delincuentes y en objetivo del pago de recompensas.

Establecieron los delegados indígenas como guía de interlocución y relación entre las partes la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de ONU.

En tono de denuncia se recordó que si no hubiese sido porque el CRIC había colocado una Acción de cumplimiento ante la procuraduría general de la Nación, buscando el cumplimiento de los acuerdos que tiene el Estado nacional con los pueblos indígenas del Cauca, esta reunión tal vez no se abría convocado

Se aclaró que la reactivación de la llamada Comisión Mixta del 982, tiene por objeto recomponer procesos de cumplimiento de los acuerdos firmados desde 1986, situación que es independiente del compromiso adquirido por el actual gobierno en el año 2005 y cuyo cumplimiento lleva un retrazo de más de dos años con un faltante de más del 60%, destacando que para Caldono el cumplimiento es cero, a pesar de que el mismo presidente Uribe comprometió su palabra para solucionar la problemática evidenciada con el proceso de Liberación de la Madre Tierra adelantado en la finca El Japio.

Los asistentes no compartieron las evaluaciones realizadas por los voceros institucionales en cuanto al nivel de cumplimiento, pidiendo no olvidar que cada acuerdo se ha firmado para ser cumplido en tiempos no superiores a 3 años, lo cual no ha sucedido. En el mismo sentido, el delegado del pueblo Eperara Siapidara, del Pacífico, en representación de las comunidades de los municipios de Timbiquí, Guapi y López de Micay expresó su inconformidad por los manejos irregulares que ha hecho el Incoder, al entregar informes sobre la entrega de 8 mil hectáreas a sus comunidades, cuando lo único que ha realizado son tres estudios socioeconómicos. Lo más grave, dijo, es que el gobierno suma estas cantidades a los informes de cumplimiento, lo cual no es cierto.

Por su parte, los delegados indígenas de las zonas Centro, Sat Tama Kiwe y Oriente le reclamaron a las instituciones por la insistencia de crear división entre sectores sociales y comunidades, al presionar que los desplazados u otros sectores adquieran predios en zonas que históricamente pertenecen a comunidades o pueblos específicos, como viene sucediendo en los resguardos de Quintana y Poblazón, Caldono, Quizgó, Ambaló y Totoró, entre otros.

Definida la reactivación de la Comisión para el Desarrollo Integral de la política indígena del Departamento del Cauca, se presentaron y analizaron situaciones de derechos humanos como el caso de El Nilo cuyo proceso ha identificado los actores materiales pero no los intelectuales, mencionando que en la actualidad se conoce que Orlando Villa Zapata, uno de los victimarios, en un proceso de la ley de justicia y paz, ha sindicado a los dueños de la Emperatriz en la planeación de la masacre, por lo cual se preguntó si es a ellos a los que se refieren las instituciones y la fuerza pública cuando expresan defender la propiedad privada.

Si bien se acordó la realización de una reunión de la Comisión en un periodo no superior a 20 días a partir de la fecha, donde se presentará un proyecto de reglamentación preparado por una subcomisión integrada por dos delegados de las instituciones y dos en representación de las autoridades indígenas, las alarmas se prendieron cuando la viceministra del Interior y de Justicia, María Isabel Nieto, afirmó que no se cuenta actualmente con recursos para atender sus compromisos en cuanto a tierras.

Como entender entonces los discursos institucionales de salón donde se afirma que el gobierno escucha y respeta a las comunidades indígenas, si en 30 años de permanentes acuerdos y convenios nunca se han establecido políticas que interpreten la diversidad indígena, ni se hayan señalado las partidas presupuestales para su cumplimiento como lo confirmó la viceministra del interior y de justicia el pasado 25 de julio en la ciudad de Popayán.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

Popayán, julio 29 de 2008

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