Grave preocupación por la tortura en Colombia, expresan expertos de Naciones Unidas

Lunes 23 de noviembre de 2009, por Prensa - Colectivo

La tortura en Colombia es “generalizada” y permanece en la casi total impunidad, a pesar de la tipificación de este delito desde 1980. Así lo señaló el Comité contra la Tortura, organismo de Naciones Unidas, a raíz del examen periódico que realizó el 10 y el 11 de noviembre en Ginebra.

Víctimas del conflicto | Colombia |

En sus conclusiones, el Comité expresó motivos de preocupación, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

· La amnistía de facto otorgada a los desmovilizados en el marco del proceso de “justicia y paz” y la impunidad que causará la aplicación de la ley sobre el principio de oportunidad, bajo la cual la Fiscalía puede renunciar a investigar las violaciones de derechos humanos que pudieran haber cometido más de 19.000 paramilitares desmovilizados no postulados a la ley 975 de 2005 (párr. 13);

· La extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, que se ha convertido en un obstáculo para las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos y para la realización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (párr. 18);

· Las amenazas, el acoso, el seguimiento y las interceptaciones telefónicas por parte de agentes del DAS de los que han sido objeto jueces de la Corte Suprema de Justicia (párr. 14);

· El hostigamiento y los ataques contra los defensores de derechos humanos y sus familiares, así como contra víctimas y testigos que participan en procesos judiciales por tortura, y la ausencia de medidas estatales de protección eficaces (párrs. 22 y 23);

· La “carencia de reparaciones” para víctimas de tortura y malos tratos, la creación de un programa de reparaciones administrativas que no reconoce la obligación estatal de reparar y que excluye el derecho a obtener reparación de las víctimas de agentes estatales, y también la falta de medidas eficaces para la restitución de tierras (párrs. 24 y 25).

Asimismo, el Comité manifestó la necesidad de tomar medidas para poner fin a:

· El aumento de casos de tortura atribuidos directamente a agentes estatales y la persistencia de esta práctica por parte de todos los grupos que participan en el conflicto armado (párr. 11);

· La práctica de la violencia sexual como arma de guerra, la ausencia de medidas firmes en los casos atribuidos a la fuerza pública y la falta de investigaciones para identificar a los responsables (párr. 27);

· La extendida práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (párrs. 15 y 16);

· El hacinamiento y las graves condiciones de detención, que incluyen la tortura y los malos tratos, en centros penitenciarios y en lugares de detención temporal, y el uso del aislamiento como castigo durante tiempos prolongados; la supervisión del INPEC a los “Comités de Derechos Humanos”, que impide que estos constituyan un mecanismo independiente de prevención de la tortura (párr. 20);

· La investigación, por parte de la justicia penal militar, de casos de violaciones a los derechos humanos, en contradicción con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (párr. 15);

· La falta de respuesta pronta y adecuada a las alertas emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que impide prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos (párr. 17);

· El reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos guerrilleros y paramilitares y el uso de estos por parte de la fuerza pública en labores de inteligencia y otras actividades cívico-militares y la insuficiente asistencia estatal para su reintegración (párr. 28).

A su vez, si bien el Comité reconoce algunos aspectos positivos como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la capacitación a funcionarios públicos y la conformación de un grupo especial de investigación sobre el tema de tortura en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sus observaciones muestran la gravedad de la situación de la tortura en Colombia y la violación flagrante de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos. y.

Por lo tanto, la Coalición Colombiana contra la Tortura[1] urge al Estado a que tome todas las medidas necesarias de acuerdo con la Convención contra la Tortura e implemente las recomendaciones formuladas por el Comité para mejorar esta situación y poner fin a la impunidad, entre otros a través de la designación de un Fiscal General “capaz de ejercer su cargo con total y plena independencia”. Asimismo, lo invita a modificar su posición de no aceptar mecanismos nacionales e internacionales independientes de prevención, tales como los previstos en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

Las observaciones finales del Comité contra la Tortura se encuentran disponibles en:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats43.htm.

Para mayor información, contactar a:

En Bogotá: Jahel Quiroga (Corporación Reiniciar – 310 772 0146),
Fabio Lozano (Corporación Avre – 315 856 72 00),
Franklyn Castañeda (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – 313 391 9384) o
Gustavo Gallón (Comisión Colombiana de Juristas – 311 481 71 83).

En Ginebra: Eric Sottas (Organización Mundial contra la Tortura - +41 79 241 77 59).

[1] La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por las siguientes organizaciones: Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – ASFADDES, Asociación MINGA, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación AVRE– Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a víctimas de violencia política, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Organización Mundial Contra la Tortura, y Terre des hommes Italia.

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