El pasado miércoles 24 de abril, guardias de seguridad armados de la empresa de palma aceitera Aportes San Isidro, dispararon y perforaron la llanta del tractor de la comunidad de Las Pavas.

 

La comunidad transportaba, con este tractor, materiales de construcción para reparar las casas dañadas previamente por la empresa productora de aceite de palma. Las acciones de los guardias de seguridad son otro intento para prevenir que la comunidad se mueva libremente en la finca.
En el mes pasado, estos hombres habían impedido, violentamente que la comunidad sembrara arroz. Estas acciones ponen en peligro la vida y la seguridad de la comunidad, al sentir miedo para moverse en su propia tierra.

ECAP condena estos actos de violencia, contra una comunidad que durante 4 años ha esperado paciente y no vi8olentamente, a que las autoridades colombianas tomen las medidas para garnatizar su seguridad.

Hasta el momento, no hay investigaciones o acciones legales abiertas contra los guardias de seguridad armados de Aportes San Isidro, que en varias oportunidades han disparado contra miembros de la comunidad, también han robado y destruido propiedad de la comunidad sin una respuesta de las autoridades. Esta falta de acción por parte de la Policía Nacional ha creado un ambiente de impunidad.

En 2011, la Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER continuar el proceso de extinción de dominio y reconoció el derecho a las familias de Las Pavas a regresar a la finca de donde habían sido desalojados en 2009. Aportes San Isidro apeló la decisión del INCODER.