El atentado de que fue víctima el día de ayer, el abogado defensor de derechos humanos Néstor Moreno Gordillo, es solo una muestra más del peligro que para éstos representa ejercer su profesión en Colombia.
Y es que solamente en el 2004 según datos recolectados por la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos ACADEUM, fueron asesinados 26 abogados, la mayoría de los cuales hasta la fecha se encuentran en total impunidad. Cifras que no contemplan el frecuente subregistro de casos que existen debido al miedo imperante para no denunciar.
Infortunadamente esta situación se ha incrementado con la política de ?seguridad democrática? implementada por el actual gobierno, que desde sus inicios ha estigmatizado, incluso públicamente, en varias oportunidades la labor de dichos abogados defensores.
No se pueden olvidar las palabras del mismo presidente Uribe Vélez quien en un discurso pronunciado en el 2003 estigmatizó este trabajo cuando dijo que ?Aparecieron colectivos y abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo. No atacan a los terroristas sino atacan la voluntad de aquel gobierno departamental de derrotarlos?.
Todo esto sucede a pesar de la extensa normatividad jurídica nacional e internacional que reconoce el derecho a la defensa. Es así como el artículo 6° del Protocolo II adicional a los 4 Convenios de Ginebra, aprobado en Colombia mediante la ley 171 de 1994, dispone que en situaciones de conflicto armado sin carácter internacional el enjuiciamiento y la sanción de infracciones penales cometidas en relación con ese conflicto deberán someterse a la regla según la cual es obligatorio garantizar al acusado ?todos los derechos y medios de defensa necesarios?
En el mismo sentido el numeral 18 de los ?Principios Básicos sobre la Función de los Abogados?, aprobado durante el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en la Habana-Cuba, en 1990, indican que ?los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones?.
Esta crítica situación también fue objeto de la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que a través de su oficina en colombia expresó: ?La Oficina observa con interés y preocupación las condiciones en que desarrollan su tarea quienes en Colombia se desempeñan como defensores de personas penalmente procesadas, actuando como defensores de confianza, defensores públicos o defensores de oficio. No pocos de ellos hacen parte de los sectores de la población cuya vulnerabilidad constituye uno de los aspectos más inquietantes del ?contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia? . La Oficina está especialmente preocupada por algunos casos puestos en su conocimiento durante los últimos meses, y en los cuales varios de esos defensores se vieron afectados por amenazas, por privaciones arbitrarias de la libertad o por señalamientos infundados o temerarios.
No obstante frente a este panorama desolador, se hace necesario más que nunca establecer lazos de hermanamiento y solidaridad que permitan como lo dice Soraya Gutiérrez Arguello, presidenta del Colectivo de Abogdos ?José Alvear Restrepo? sensibilizar a la sociedad en general acerca del papel de las y los abogados en el sistema democrático de justicia , promover los derechos que tienen a no ser vinculados con las causa de sus defendidos y a no ser perseguidos por dicho motivo.