El día de hoy, 13 de febrero, Michael Frühling, director saliente de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó en rueda de prensa el informe anual sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario del año inmediatamente anterior.

 

En el informe reconoce que la situación de los derechos humanos se caracterizó por una serie de violaciones graves, vinculadas a los derechos civiles y políticos y a los retos pendientes en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales.

Igualmente mencionó que se pudo observar la existencia de “ un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad.” Sin desconocer que también se registraron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y atentados contra la libertad de expresión. No obstante dijo que esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, “pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”

Observó que los paramilitares violaron repetidamente su compromiso de cese de hostilidades y persistieron en la comisión de homicidios, amenazas y ataques contra la población civil, toma de rehenes, tortura y tratos humillantes y degradantes, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas y actos de violencia sexual. Seguidamente mencionó que a los miembros de la Fuerza Pública, y en particular del Ejército, se atribuyeron infracciones al principio de distinción, entre ellas, por la utilización de niños como informantes y en otras actividades militares, así como el uso de escuelas y viviendas civiles, así como actos de violencia sexual.

Con respecto a la ley 975 dijo que a la norma no logra ser compatible con los principios internacionales, a pesar que hace referencia a los derechos de la víctimas. Incluso, mencionó que debido a las debilidades institucionales de la justicia y a disposiciones de esta nueva ley, a la gran mayoría de los desmovilizados se les está aplicando la normativa que permite beneficios que incluyen el indulto.
Así mismo reconoció que las normas no abordan la problemática vinculada a la responsabilidad del Estado en varios de los crímenes cometidos por paramilitares por la acción u omisión de agentes estatales.

Finalmente dijó que el paramilitarismo sigue teniendo fuerte influencia en varias regiones del país, controlando aspectos sociales, políticos , económicos y sociales. Registrando igulamente incumplimiento del cese de hostilidades, el reclutamiento de nuevos miembros y la conformación de nuevos grupos.