Durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2013, los distintos informes
realizados por la Mesa de Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos del Risaralda, la Coordinación de Movimientos Sociales y Organizaciones Políticas – COMOSOPOL, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT, la Defensoría Regional del Pueblo y algunos Medios de Comunicación, dejan ver una realidad que no puede seguir siendo ignorada por las autoridades.
Durante estos dos años en el departamento fueron frecuentes las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de actores armados; se presentaron homicidios selectivos, desaparición forzada, reclutamiento de menores y adultos, extorsiones, desplazamiento forzado, trata de personas, ajustes de cuentas, vendettas y enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública en medio de la población civil, por nombrar solo algunos hechos.
Estas estructuras armadas ejercen control territorial en la mayoría de los municipios del departamento, imponen reglas, amenazan, intimidan, hostigan y asesinan; controlan cadenas productivas con la injerencia del narcotráfico en distintos sectores sociales y económicos.
Por ello, la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio de Hacienda en los últimos años ha señalado en sus informes anuales que Risaralda es uno de los departamentos colombianos donde más se lavan activos del narcotráfico.
Una de las problemáticas que amerita especial atención es el aumento del desplazamiento intraurbano en los últimos años en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa; decenas de familias han sido expulsadas de los barrios populares y corregimientos de estos municipios. Además, las amenazas e intimidaciones son sistemáticas en contra de todos los sectores populares: líderes sociales, sindicales, docentes, indígenas, dirigentes comunales, estudiantes de la UTP, defensores de derechos humanos, entre otros.
Esta es la cotidianidad que se está viviendo en el departamento desde hace años y es por esto que en los distintos informes que realizamos las organizaciones de Derechos Humanos nos hemos vuelto repetitivos, ya que persisten todas las distintas formas de violencia y de violaciones reiteradas a los derechos humanos, a los DESCA y al Derecho Internacional Humanitario, sumado a la presencia de estructuras armadas cada vez más visibles, y a pesar que las autoridades dicen hacer esfuerzos encaminados a solucionar esta situación, tales esfuerzos o no son visibles o no les ha sido posible contrarrestar el accionar de estos grupos armados que continúan amenazando e intimidando a las comunidades y líderes sociales.
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Informe DH Risaralda (PDF – 7.8 MB)
