Desde sus albores, el mal llamado proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares ha estado claramente orientada a favorecer la impunidad de sus atroces crímenes, a ocultar la responsabilidad del Estado y el poder económico y político que las patrocinó y promovió, y que además se han beneficiado de su terrorífico accionar.
A Colombia y a la comunidad internacional se le viene engañando con el cuento de que efectivamente se está produciendo la desmovilización de estas organizaciones criminales, cuando en realidad estamos frente a un proceso de legalización del despojo y de fortalecimiento económico, social y político de estas estructuras que cada vez se hallan más sólidamente incrustadas en el aparato estatal, tal como lo ha conocido en los últimos meses la opinión pública.
Desde la fundación del MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS, es decir, a partir de la sanción presidencial de la mal llamada ley de Justicia y Paz, una organización que se autodenominó “Frente Social Común por la Paz” distribuyó panfletos de amenaza e intimidación contra el naciente movimiento social de reclamación contra la impunidad. No hace un año se fundó el MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS y ya han sido asesinadas o desaparecidas 15 personas, integrantes del mismo.
Recientemente, esa misma organización clandestina distribuyó un vídeo en el cual se lanzan mensajes intimidatorios contra el periodista HOLLMAN MORRIS, contra el padre JAVIER GIRALDO, contra la exalcaldesa de Apartadó y dirigente política GLORIA CUARTAS, así como contra el hoy candidato presidencial ALVARO LEYVA DURAN.
Asimismo, una organización que se hace llamar AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA NUEVA GENERACION -AUCNG-, envió un mensaje de amenaza al correo personal de IVAN CEPEDA CASTRO, integrante de la FUNDACION MANUEL CEPEDA VARGAS, quien además, recientemente fue objeto de acciones de hostigamiento por parte del DAS, en el momento en que se disponía a tomar un avión a España con el fin de participar en un encuentro convocado por la Taula Catalana sobre tierras y proceso de desmovilización en Colombia. Su conductor también ha sido objeto de actos de hostigamiento y vigilancia por personas sospechosas que se movilizan en una camioneta que frecuenta su lugar de residencia.
Esta oleada de amenazas está enmarcada por discursos presidenciales que estigmatizan a quienes piensan diferente al proyecto del Establecimiento o elevan críticas a sus políticas. Así por ejemplo, una cuña oficial de la campaña del presidente presenta la grabación de un presunto exmilitante de la UP que dice: : “Señor Presidente, yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo, matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso, hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos”. Aquí, además de tergiversar la historia y de agraviar a las víctimas se desconoce lo inocultable: que el Estado ha sido responsable del genocidio político contra ese movimiento.
La estigmatización bajo la figura del “comunismo disfrazado” usado por el presidente de la República ante mandos militares, crea un ambiente de zozobra y amenaza que busca intimidar a quienes disienten del proyecto gubernamental y tienen propuestas distintas para el país. Estos desafortunados discursos ponen en riesgo la integridad de las personas y niegan todo viso de garantías en la coyuntura electoral y de la llamada desmovilización paramilitar.
Al momento de escribir esta nota editorial, al correo del Colectivo de Abogados ha llegado un extenso mensaje electrónico firmado por quienes se hacen conocer como COLOMBIA LIBRE PARA SIEMPRE DE LA IZQUIERDA y que fue enviado desde el email [email protected] en el cual se amenaza al Colectivo de Abogados.
Sobre el Estado descansa la responsabilidad ineludible de proteger a todos los colombianos, de garantizar el ejercicio de la oposición política y de brindar todas las garantías para la defensa de los derechos humanos. La democracia no se fortalece con la amenaza y la intimidación, sino brindando reales garantías para la participación democrática y con acciones eficaces en favor de los derechos humanos y contra la impunidad.