Entre 1999 y 2004, los grupos paramilitares entraron en la zona bajo el mando de alias
Camilo -el ex capitán del Ejército Alberto Pérez Betancourt – y la supervisión personal
de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. La incursión paramilitar se desarrolló a través de
crímenes sistemáticos. Los cálculos de la Policía indican que en el período fueron
asesinadas 5.200 personas, la mayoría por hombres del Bloque Catatumbo de las AUC. Según
la organización de derechos humanos Fundación Progresar, tan solo en 2002, se cometieron
42 masacres en Cúcuta. Ese año, el Instituto de Medicina Legal de la ciudad expidió un
comunicado oficial en el que anunció un colapso debido a la atención masiva de
levantamientos de cadáveres (Paz, te han vestido de negro, pp. 82 y 130). Entre las
víctimas de esta cadena de crímenes atroces se encuentran 150 líderes de las principales
organizaciones de la sociedad civil y de los partidos de oposición, como los dirigentes
de la Unión Patriótica Tirso Vélez y Carlos Bernal. Testigos sostienen que existen fosas
con entre tres y 50 cadáveres en 10 municipios del departamento como Villa del Rosario,
Patios, Puerto Santander, Tibú, El Tarra, Convención, Ocaña y Chinácota. Las fuentes
aseveran que allí estarían enterrados los restos mortales de al menos 1.500 personas, y
que muchos de los cadáveres de desaparecidos fueron arrojados a los ríos que atraviesan
El Catatumbo.

La sangrienta ofensiva comenzó en mayo de 1999 con paramilitares venidos desde Córdoba y
Urabá, quienes se estacionaron a pocos kilómetros de un puesto de policía en las afueras
del municipio de La Gabarra. Vinieron masacres y desplazamientos forzados. Mancuso y
Castaño visitaban la zona en helicóptero. Allí también llegaba el coronel del Ejército
Víctor Hugo Matamoros. En las instalaciones del Grupo Mecanizado No. 5 Maza, que él
comandaba, los paramilitares atendían a sus visitantes. En junio de 1999, el defensor
regional del Pueblo, Iván Villamizar Luciani, se pronunció condenando esta connivencia.
Así mismo, indicó que en un lapso de dos semanas las masacres habían cobrado la vida de
115 personas. Días después, se conoció que el coronel Matamoros lo llamó por teléfono a
amenazarlo. En 2001, Villamizar fue asesinado por 10 sicarios en una vía pública.

El trasfondo de la conquista del territorio ha sido el control de las millonarias
ganancias provenientes de los megaproyectos que se desarrollan en la región: tres
concesiones para la explotación de yacimientos petrolíferos, y la veta de carbón ubicada
entre Sardinata y La Gabarra. La apropiación de la tierra ha servido para el cultivo de
la palma aceitera, al cual han sido destinadas 6.000 hectáreas de un proyecto que busca
llegar a 20.000. El 25% de la propiedad de las plantaciones la detentan los
parlamentarios Jorge García Herreros, Eduardo Benítez, Carlos Augusto Celis, Manuel
Guillermo Mora -también ex alcalde de Cúcuta-, y Carlos Emiro Barriga. Contra el senador
Barriga y sus hermanos Rafael, alias Toyota, y Pedro Luis existen acusaciones por nexos
con los paramilitares y mafiosos de la región, y en particular con el narcotraficante
Luis Pérez Mogollón, alias El Pulpo. Durante el período más cruento de su incursión, los
paramilitares montaron en la finca La Isla, propiedad que los hermanos Barriga tienen en
el corregimiento de Guaramito, uno de sus puestos de mando y entrenamiento. Allí se
practicaron torturas y asesinatos por órdenes del jefe paramilitar Jorge Iván Laverde,
alias El Iguano. Pero también se hacían fiestas y asados con los políticos locales. De
acuerdo a una denuncia formulada por el representante a la Cámara Gustavo Petro, en los
archivos del DAS reposan documentos de una investigación que sindica al clan Barriga de
haber manejado las finanzas del Bloque Catatumbo, y el negocio de la contratación de
obras civiles con la firma Retromáquinas.

Con métodos coactivos, los paramilitares y mafiosos compraron las mejores tierras de una
vasta zona que incluye los dominios adyacentes a la frontera y territorios en Venezuela.
Por ese corredor pasa una de las más importantes rutas actuales de la cocaína. La
publicación inglesa Jane’s Intelligence Review afirma que por ella circulan 300 toneladas
anuales de droga, provenientes del Norte del Valle y del Eje Cafetero, donde también
dominan jefes narcoparamilitares.

Como en otros lugares del país, la cadena de crímenes precedió al control de la
administración local. En Cúcuta, numerosos escándalos por alianzas con paramilitares,
asesinatos políticos, y manejos corruptos, han comprometido la administración del alcalde
Ramiro Suárez. Paralelamente, otras dependencias estatales se convirtieron en sucursales
del poder paramilitar. Tal fue el caso del DAS. Testigos aseguran que los jefes del
Bloque Catatumbo contaban con placas y vehículos de ese organismo, y le enviaban órdenes
escritas a su director, Jorge Enrique Díaz (asesinado en abril de 2005). A mediados de
2003, el periódico La Opinión reprodujo una conversación telefónica de alias El Iguano en
la que uno de sus lugartenientes le contaba que se había quedado a dormir ocho días en
las dependencias del DAS, pues una comisión de la Fiscalía, enviada desde Bogotá, lo
estaba buscando. A Ana María Flórez, directora seccional de fiscalías y amiga personal
del ex fiscal general Luis Camilo Osorio, se la veía en fiestas y reuniones con los
paramilitares; algo comprensible pues era la novia de uno de sus jefes, Carlos Enrique
Rojas, alias El Gato. La implicación de la Fiscalía y la Policía con los grupos
paraestatales llegó al punto en que se presentaron casos de asesinatos de personas que
horas antes habían hecho denuncias ante estas dependencias. El jefe de la Policía,
coronel Luis Andrés Estupiñán Chaustre, fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde
se le acusó de haber devuelto a la mafia un cargamento de cocaína incautado por la DEA.
Hoy en día a pesar de la desmovilización del Bloque Catatumbo, nuevos grupos que se hacen
llamar Las Águilas Negras continúan intimidando a la población en esos sitios.

El dominio sobre las instituciones locales ha servido para favorecer la legalización de
los capitales fraudulentos. Tras la imagen de progreso económico se esconde una
gigantesca operación de lavado de activos. La Revista Portafolio señaló a Cúcuta como una
de las tres ciudades del país en las que se registra el mayor volumen de operaciones
financieras sospechosas. En 2005, por ejemplo, se registraron cerca de 1.500
transacciones multimillonarias. De igual forma, la industria de la construcción ha
conocido un florecimiento inusitado. Algunas propiedades inmobiliarias se venden hoy en
Cúcuta por $ 5.000 millones. Como socio de los hermanos Barriga, el alcalde Suárez
contribuyó a que los paramilitares monopolizaran la contratación pública. La empresa
Retromáquinas -antigua ICOS- es beneficiaria de los contratos de la Alcaldía en materia
de pavimentación de carreteras y construcción de puentes y otras obras civiles.

Al igual que en otras regiones del país, la consolidación del poder paramilitar y mafioso
ha tenido tres momentos: incursión violenta (realizada por medio de masacres,
desplazamientos forzados, establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y
desaparición de los cuerpos en fosas comunes), control social y político a través de la
infiltración de las instituciones, y lavado de activos con la contratación de obras
públicas y de la inversión en sectores como el de la construcción. En el caso del
Catatumbo y de la ciudad de Cúcuta, esta estrategia no ha sido provocada por la lucha
contrainsurgente, pues los enfrentamientos con la guerrilla fueron esporádicos. En cambio
ha estado íntimamente ligada al narcotráfico y a la apropiación de la riqueza de los
megaproyectos económicos.