La Cut se solidariza con el Ccajar la agresión política contra los defensores de DDHH por parte del gobierno de Juan Manuel Santos

En el marco de su labor por la defensa de los derechos humanos el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en total 11 víctimas, de desaparición forzada y homicidio en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación, y quien pone a esta honorable organización en entre dicho por sus declaraciones entregadas a los medios de comunicación.

Las estigmatizaciones y acusaciones por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente de la República, hace parte de una histórica persecución a los defensores de derechos humanos, como: …“Esto es gravísimo porque no solo se trata de un fraude al Estado , cometido por las falsas víctimas y sus abogados, sino que es una burla al sistema internacional de derechos humanos y al sistema interamericano que tanto hemos defendido”…. Además calumnio a los abogados, diciendo que algunos de ellos aconsejaban a sus clientes que no conciliaran en la justicia nacional “porque siempre podían sacar mejor tajada y mayores indemnizaciones si acudían a la Corte Interamericana, pero lo que no nos imaginábamos es que pudieran recomendar que mintieran y se hicieran pasar por víctimas y que no lo eran, qué más acto de corrupción que este”; violan el derecho fundamental a la presunción de inocencia y ponen en tela de juicio la buena fe con la que actúan los defensores y defensoras y promueven la deslegitimación y amenaza para su labor.

La CIDH rechaza estas denuncias temerarias del Gobierno Nacional mediante pronunciamiento del 31 de octubre, en Comunicado de Prensa No. 114/11: “El Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas de la Masacre de Mapiripán mediante un escrito del 4 de marzo de 2005. El Estado pidió perdón en los siguientes términos: “… expresa su profundo respeto y consideración por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, y evoca su memoria para lamentar y pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana…”

Durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento cuestionó.

Por último, los presuntos fraudes que puedan existir en este u otros casos deben ser debidamente investigados por el Estado colombiano.”

Solicitamos a las instituciones del Estado colombiano, esclarecer la verdad de los hechos que dieron origen a la sentencia de la CIDH en la caso de la masacre de Mapiripán, en cuanto al número y la identidad de todas las víctimas. También asumir su responsabilidad en los errores procesales del caso e impartir justicia respetando el debido proceso.

Damos un respaldo al CCAJAR que ha llevado a feliz término cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo victimas sindicalistas, que muestran la alianza entre el Estado y Grupos paramilitares, casos como el del Ex Director del DAS JORGE NOGUERA COTES que pone de presente como el DAS se cometió en un aparato criminal.

Invitamos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a los diversos mecanismos del sistema de Naciones Unidas en el país, así como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a mantener su respaldo y reconocimiento a la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular al CCAJAR, e instar a las autoridades colombianas a establecer las garantías para los defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos de oposición.

TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General

LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

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