Muchas columnas de opinión, foros y seminarios se vienen realizando para analizar las cifras de pobreza divulgadas hace dos semanas por el DANE. Sorprenden las coincidencias sobre los alarmantes datos que arrojan, pero sobre todo la ausencia del tema de la destrucción sistemática del trabajo decente y productivo, como telón de fondo de este grave fenómeno: alto crecimiento económico, sin mejoría importante en la disminución de la pobreza y en la distribución del ingreso, o lo que es lo mismo: a las empresas y a sus dueños les va muy bien y al resto de la población le va muy mal.
Coinciden muchos analistas en que las cifras de 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes son el resultado de varios años de implementación de una política económica “pro empresarios”, que ha hecho más ricos a los ricos, que privilegia el capital y no beneficia a los pobres, que no genera distribución sino que promueve la concentración de los ingresos; una política social centrada en los subsidios que, ni resuelven la profunda desigualdad, ni liberan a nadie de la trampa de la pobreza.
Pocas son las voces que se escuchan señalando un hecho que a nuestro modo de ver es obvio: que el trasfondo de las cifras de pobreza se encuentra en el excluyente mercado de trabajo. Al hacer el análisis, muchos olvidan que Colombia tiene el más alto desempleo de América Latina, aún en épocas de crecimiento; con una creciente y ya estructural informalidad del empleo, una muy limitada cobertura de la seguridad social y unos bajísimos ingresos de los trabajadores.
Esta realidad produce un resultado trágico: tenemos 18 millones de trabajadores que en su inmensa mayoría, más de las dos terceras partes, son pobres. Si esto es así, ¿cuál es la promesa que la sociedad puede hacerle a los 20 millones de pobres? ¿Esperar un subsidio, trabajar y seguir en la pobreza? O se puede y debe imaginar otro futuro posible.
Las sociedades más igualitarias, desarrolladas y con mejor distribución de la riqueza del planeta, han podido lograr excelentes indicadores sociales gracias a tres ideas básicas: un equilibrio entre los derechos de las empresas y los derechos de los trabajadores, el cual se logra con un amplísimo desarrollo del diálogo social y la negociación colectiva (al punto que se puede establecer una correlación directa entre una mayor tasa de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva y una menor desigualdad social y económica); un papel activo del Estado como agente y regulador de la economía; y un alto compromiso con la responsabilidad social y el cumplimiento de la ley.
Nada más lejos de nuestra realidad. En los últimos siete años se ha agudizado el desequilibrio entre derechos de las empresas y derechos de los trabajadores, las cifras de exorbitantes ganancias y ventajas para los empresas, la disminución creciente de derechos y garantías para los trabajadores, la caída, o mejor, la casi eliminación de la negociación colectiva, y la inutilidad del diálogo social así lo muestran. El Estado en Colombia ha perdido importancia en la generación de actividad económica y la regulación que ejerce en la economía se hace cada vez más tenue. Las empresas y la ciudadanía en general buscan y logran eludir sus responsabilidades sociales y el cumplimiento de la ley.
Una sociedad que se dice organizada en un Estado Social y Democrático de Derecho, no puede ser indiferente a esta realidad. En la agenda de este país plagado de tragedias, la superación de la pobreza y la desigualdad tiene que estar en el centro del debate político. Para superar la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad es necesario un gran pacto social que redefina los objetivos del desarrollo económico, el papel del Estado y de las empresas, y que ponga el trabajo decente al centro de la política social.