Este proceso que falsamente se muestra como de “justicia transicional”, ha sido tacaño con la verdad, mezquino con la justicia y una burla en el tema de reparación. Esta ley además, dejó oculta la responsabilidad del Estado en la creación y consolidación del paramilitarismo, y por supuesto, también su responsabilidad en la sistemática y generalizada comisión de crímenes de lesa humanidad.
Como complemento de la ley de “justicia y paz” el actual gobierno aprobó la llamada ley de víctimas y de tierras, también mostrada como un elemento complementario de la supuesta “justicia transicional”, la que amenaza en convertirse en una nueva frustración para las millones de víctimas. En primer lugar, porque van a ser muy pocas las comunidades o familias que recuperen efectivamente sus territorios; en segundo lugar, también van a ser contados los casos en los que los desposeídos reciban otras tierras a cambio de las despojadas; en tercer lugar, porque la mayor parte de desplazados se va a conformar con recibir dinero a cambio de sus tierras. Al final, lo que se produciría, sin más ni más, es la legalización del despojo, pues las grandes extensiones de tierra quedarán en manos de los despojadores o de quiénes animaron y apoyaron el robo de las tierras más productivas y ricas en recursos mineros.
La falta de garantías para las víctimas que se atreven a reclamar la restitución de sus tierras es evidente. De hecho, las cifras más conservadoras indican que desde 2007 se han producido más de 60 asesinatos de reclamantes de tierra, sólo en el 2011 se produjeron 28 homicidios. El panorama es desolador: se promete una entrega de tierras sin que se aseguren las condiciones para la restitución, y lo que es peor, sin ofrecer siquiera las mínimas garantías para quienes levanten su voz para reclamar sus tierras.
No son buenos los augurios para las víctimas, los hechos hablan por sí solos y con gran contundencia. El 27 de abril del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la aplicación de la “ley de justicia y paz” ordenó el pago de 32 mil millones de pesos a las víctimas de Mampuján, por los hechos ocurridos en marzo del año 2000 en los que paramilitares con la anuencia y respaldo de la fuerza pública dieron muerte a 13 campesinos y provocaron el desplazamiento de alrededor de 1500. Los jefes paramilitares condenados apenas entregaron algo más de 500 millones de pesos al Fondo de Reparaciones. El gobierno nacional, con bombos y platillos anunció la reparación total de las víctimas de Mampuján.
Sin embargo, esta decisión judicial ha sido burlada por el Estado. Resulta que el Fondo de Reparación de Víctimas no cuenta con los recursos suficientes para cubrir esta orden de indemnización, y mucho menos para responder por las indemnizaciones futuras . Para colmo, el Ministerio de Hacienda se negó a destinar los recursos para completar el monto de la indemnización, por lo que el director del Departamento de Prosperidad Social acudió al Consejo de Estado para dirimir este conflicto de responsabilidades.
El fallo de este Alto Tribunal fue implacable e injusto: Mientras no exista una condena en firme contra el Estado, el Ministerio de hacienda no tiene la obligación de asumir el valor total de la reparación. En otras palabras, el Consejo de Estado, desconoció la responsabilidad del Estado en relación al paramilitarismo que dominó en los Montes de María, muy a pesar de las sentencias reveladoras en los casos de la parapolítica. Peor aún, desconoció que dentro de la investigación por los hechos existen pruebas que indican la responsabilidad de integrantes del batallón Malagana, cercano a Mampuján. Además, por supuesto, de haber desconocido abiertamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La malhadada providencia del Consejo de Estado, resolvió que la el monto de la indemnización sólo sería el establecido para las reparaciones administrativas, es decir, en la práctica se reduce a sólo 14.500 millones de pesos, lo que significaría que cada persona recibiría en promedio alrededor de 10 millones de pesos, si acaso.
Esta desafortunada decisión, estaría trazando la fórmula para indemnizar a las víctimas, pasando por encima de decisiones judiciales como la emitida por la Corte Suprema de Justicia. Conforme al Consejo de Estado, para obligar al Estado a indemnizar será necesario que éste sea judicialmente condenado, de lo contrario, las víctimas sólo podrán recibir las irrisorias sumas establecidas para las reparaciones administrativas. Dada la alta impunidad que caracteriza a la justicia colombiana, muy pocas víctimas van a poder exigir al Estado el pago total de las indemnizaciones. Con la ley de víctimas el panorama no es mejor, pues allí se establecen montos de indemnización que los jueces no pueden desconocer, o sea, una ley determina los montos, independientemente de la afectación que reciban las víctimas o los daños que determine un juez.
En conclusión: Las víctimas no hallaron suficiente verdad en los procesos de “justicia y paz”, los perpetradores de los crímenes gozan de la total impunidad, y otros, se aprestan a salir de las cárceles a disfrutar de sus riquezas malhabidas. Para remate, la tan propagandizada reparación no se ve venir, al contrario, se ve ir, sin haber llegado. No es este panorama el preámbulo nefasto de lo que ocurrirá con la aplaudida “ley de víctimas y restitución de tierras?
La pregunta es: Si el caso de Mampuján era presentado por el gobierno como un PLAN PILOTO, y llegamos a estos extremos de mentiras y engaños, qué puede esperarse en el próximo futuro en materia de reparación?. Reiteramos, qué puede esperarse de la sonora ley llamada “ley de víctimas y restitución de tierras?. Amanecerá y veremos!. Ojalá esta vez, estemos equivocados.
