En materia de Derechos Humanos, el gobierno de Uribe pasará a la historia como uno de los más criminales, debido a los “falsos positivos” producto de la “seguridad democrática”. Falsos positivos que se materializaron en miles de ejecuciones extrajudiciales producidas por el Ejército Nacional, y persistencia de todos los factores de inseguridad, como el paramilitarismo, las guerrillas, el narcotráfico, la criminalidad social urbana y rural, y otros nuevos como las llamadas “águilas Negras” o bandas criminales (Bacrim en el lenguaje oficial), las bases militares norteamericanas, y la internacionalización del conflicto con acciones militares y encubiertas en el exterior.
De no haber sido por la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley 1354 de 2009 que permitía convocar a un referendo para que Álvaro Uribe Vélez pudiera aspirar a un tercer mandato, el estribillo de la “seguridad democrática” habría sido la consigna del régimen para conseguir su segunda reelección.
Dicho concepto como divisa fue la bandera que le permitió a Uribe ganar las presidenciales en el 2002 y 2006, y seguir ganando las encuestas hasta la decisión de la Corte Constitucional. Más aun, esta consigna ha persistido a través de interpuestas personas, ya que era el lema de ANDRES FELIPE ARIAS, el “clon mejorado” de URIBE en la consulta conservadora; y lo es también de los uribistas del Partido de la “U”, de Cambio Radical y del partido conservador. Peor aún, también lo es de Rafael Pardo, candidato del Partido Liberal, de Mockus, del Partido Verde, de Fajardo Ciudadana y de Petro, del Polo, que la defienden, ¡con mejoras!
El régimen saliente pretende que la política de “seguridad democrática” sea una política de Estado, para lo cual anuncio la presentación de un proyecto de ley de Seguridad y Defensa, es decir, que transcienda su gobierno y se convierta en una política permanente, más allá del gobierno que lo suceda. Este designio del “uribísmo sin Uribe” amenaza con transcender al “nuevo” gobierno que se posesione el próximo 7 de agosto.
La política de “seguridad democrática” es el nuevo rostro de la vieja doctrina de la “seguridad nacional”, impulsada a lo largo y ancho de América Latina desde la “Escuela de las Américas” [1], por los gobiernos intervencionistas de los EE.UU., y cuyo fruto fue los golpes militares, las guerras contrainsurgentes, el asesinato político, la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento, como política de Estado.
En Colombia no hubo golpe de Estado militar, pero la doctrina de la “Seguridad Nacional” se implementó como política de Estado desde 1965, [2] a través del Decreto Legislativo 3398 del 24 de diciembre de 1965 , en “desarrollo de compromisos internacionales”. Con fundamento en ella no solo se reorganizó la política de “seguridad nacional”, sino también reorganizo su estructura, cambiando el nombre de Ministerio de Guerra, por el de Ministerio de Defensa, creando la Defensa Civil, para atender no solo calamidades naturales sino también problemas de orden público, sentando las bases legales para armar grupos contrainsurgentes de carácter civil, al quedar autorizado la entrega de armamento de guerra a estos grupos a través del artículo 33 del mencionado decreto, y la movilización militar obligatoria de cualquier ciudadano.
CAMINO A LA PRESIDENCIA
A finales de la década del 90 del siglo pasado, lo FARC habían logrado asentar fuertes golpes militares al Ejercito al copar bases militares de 200 y 300 hombres, como la base de comunicaciones del Ejercito en el cerro de Patascoy el 21 de diciembre de 1997, con saldo de 10 soldados muertos y 18 secuestrados; el de la base antinarcóticos de Miraflores en el Guaviare el 3 de agosto de 1998, con saldo de 9 soldados muertos y 22 desaparecidos; la base de Las Delicias en el Amazonas, con saldo de 28 soldados muertos y 60 militares secuestrados.
Durante la administración PASTRANA ARANGO se había dado un proceso de negociación con las FARC, en desarrollo del cual se desmilitarizo 5 municipios del sur del país con un área de 42 mil kilómetros cuadrados. Álvaro Uribe Vélez, quien había sido gobernador de Antioquia, se lanzó como disidente liberal a la presidencia con la bandera de terminar la zona de distensión, deslegitimar y combatir a las FARC sin tregua negándoles su carácter político, caracterizándola “narcoterroristas”, como con el propósito de terminar los secuestros, restablecer la seguridad en las carreteras y acabar con las guerrillas militarmente. En plena campaña promulgó un “manifiesto democrático” en que prometió, como primer punto, una “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares”.
Para cumplir estos objetivos proponía aumentar los presupuestos militares con impuestos al patrimonio ( de guerra), aumentar el número de las unidades militares y el pie de fuerza del ejército y la policía, la profundización de la intervención internacional de los EE.UU. en el conflicto colombiano a través del Plan Colombia, la negociación y desmovilización de los paramilitares como delincuentes políticos; estrategia contrainsurgente que denominaría de la “seguridad democrática”, en la cual se combinaría la doble condición de “mano dura, corazón grande”, slogan bajo el cual hizo su campaña presidencial victoriosa, derrotando a su ex copartidario Horacio Serpa y los candidatos del Polo Luis Eduardo Garzón, y conservador Nohemí Sanín, con el apoyo de numerosos políticos quienes habían ealizado pactos con el paramilitarismo para “refundar una nueva Colombia”.
LA SEGURIDAD DEMOCRATICA EN ACCION.
Una vez posesionado Álvaro Uribe Vélez se puso en práctica los postulados de la política de “seguridad democrática” en sus diversos componentes
La Política de Seguridad Democrática busca en apariencia “proteger los derechos de los ciudadanos y los valores e instituciones democráticos, y fomentar la solidaridad y la cooperación civil en la defensa de la democracia” atacando al “narco-terrorismo el secuestro, la extorsión y el homicidio, como la mayor amenaza contra la paz que fortalezca la confianza inversionista y la inversión extranjera, como objetivos claros de su programa de gobierno [3].
La “seguridad democrática” es fundamentalmente una política contrainsurgente basada en el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública para lograr el control del territorio nacional y las fronteras, creando incentivos para que los integrantes de los grupos al margen de ley que se desmovilicen. Por otra parte el gobierno comenzó también a darle forma a un esquema intensivo para que los civiles participen de la guerra, desde una red de informantes y civiles armados, que le permiten estar al tanto de los movimientos de los grupos guerrilleros y los nuevos paramilitares llamados “águilas negras” o “bandas criminales” (bacrim), que ponen en peligro su programa neoliberal de desarrollo rural capitalista, confianza inversionista y la inversión extranjera.
Pese a lo anterior, el gobierno de Uribe sostiene que en Colombia no hay un conflicto armado, sino que los problemas y la violencia es producto del narcoterrorismo, desestimando negociaciones de paz con las guerrillas y el intercambio de prisioneros planteado por las FARC de militares retenidos en combate por guerrilleros presos, e involucrando cada vez mas a la población en la guerra, legitimando el homicidio como política de seguridad [4].
PRESUPUESTO Y AUMENTO DE PIE DE FUERZA
La “seguridad democrática”, ha demandado la mayor inversión parte de los recursos públicos, después del pago de la deuda externa. En el rubro de seguridad se invertirá en el año 2010 el 14,2% del presupuesto General de la Nación (21,12 billones de pesos equivalente a 11.057 millones de dólares), mientras que Educación ocupará el 13,9%. del Presupuesto General de la Nación (20,58 billones, unos 10.774 millones de dólares).
Con este rubro se financia la fuerza pública de la Nación (Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional y la Policía), incluyendo soldados campesinos y rubros especiales para inteligencia militar e informantes, año tras año en aumento permanente.
Según el Ministerio de defensa, entre el 2002 y el 2008 se incorporaron 123.550 efectivos nuevos en 25 brigadas. Desde diciembre de ese año hasta diciembre del 2008 las Fuerzas Militares incorporaron 82.099 hombres que conformaron 9 brigadas territoriales y 16 móviles con 54 batallones de contraguerrilla, 11 agrupaciones de Fuerzas Especiales y 24 batallones de otras especialidades. Actualmente la Fuerza Pública cuenta con 431.253 hombres y mujeres: 285.382 en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y 145.871 en la Policía. Un incremento del 40% [5].
Según Mindefensa [6] , esta cifra es por ahora el ’techo’ en lo que se refiere a las fuerzas militares. No solo porque así lo preveían los planes iniciales de la “Seguridad Democrática” como suficientes para neutralizar el peligro interno de las guerrillas, sino por razones presupuestales, pues los gastos de logística y los salariales requieren la destinación de recursos billonarios que quedaron asegurados a mediano plazo con el impuesto al patrimonio.
La “seguridad democrática” también contempla el fortalecimiento de los frentes urbanos de seguridad con el aumento de 5000 nuevos patrulleros, con lo cual se sobrepasa los 150 mil hombres en el 2010, desarrollando actividades de control en las calles, y buscando la ampliación del servicio policial a poblaciones en las que nunca ha contado con su presencia, liberando de estas funciones al ejército nacional que son destinadas a otras labores.
Ante la dificultad de aumentar el pie de fuerza, el Ministerio de Defensa implementó una nueva modalidad de servicio militar obligatorio a través de la incorporación de civiles como de soldados campesinos. En desarrollo de esta nueva fase de la “seguridad democrática”, se vincularon en una primera etapa, en marzo de 2003, más de 5000 mil soldados campesinos, y posteriormente en junio de 2003, 10.000 campesinos más. El programa pretende fortalecer la presencia militar en 420 municipios colombianos, decenas de los cuales no tenían presencia de las fuerzas militares ni de policía.
La idea es que los campesinos entre 18 y 24 años de edad presten su servicio militar obligatorio durante 18 meses en sus lugares de residencia, y luego son reemplazados por nuevos conscriptos. Los campesinos reciben entrenamiento militar durante 10 semanas en bases del ejército sobre rescate de secuestrados, manejo de explosivos, recuperación de pueblos atacados por las guerrillas, uso de armas, combate a las guerrillas y derechos humanos, entre otros temas. Esto hace parte del plan de choque contrainsurgente ampliando la cobertura militar a municipios sin presencia del ejército nacional. Esta política genera desarraigo en los campesinos, por lo que muchos no querrán volver a trabajar la tierra luego del servicio militar.
Las Organizaciones indígenas han criticado el programa y la vinculación de miembros de varias comunidades al mismo, ya que la Constitución les exime de prestar el servicio militar, violando la protección especial de la constitución y poniendo en peligro sus vidas.
Por otra parte, también se busca ampliar la “seguridad democrática” a través de la figura de la incorporación de estudiantes a la fuerza pública, como “informantes”, con un pago mensual de 100 mil pesos a título de bonificación’’ por la información que suministren. En desarrollo de esta variante de los frentes urbanos de seguridad, Uribe propuso en enero de este año (2010) reclutar inicialmente mil estudiantes en la ciudad de Medellín para combatir la criminalidad [7].
La modalidad de vincular campesinos y estudiantes a la “seguridad democrática” como informantes o soldados campesinos viola el principio de distinción o diferenciación existente entre combatientes y no combatientes, establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), poniendo en peligro la vida estos civiles vinculados a la guerra, ya que se convierten en objetivos militares.
“SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” VS PARAMILITARISMO.
La política seguida por la administración Uribe respecto al paramilitarismo se concretó en realizaciones de conversaciones de paz, para lo cual se creó una “zona de ubicación” de 368 kilómetros cuadrados en Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, que condujeron a un acuerdo de paz y desmovilización para cerca de 30 mil paramilitares. Para la solución jurídica de los crímenes cometidos por este “ejército”, se expidió la ley 975 de 2005, que contempla penas entre 5 a 8 años a los vinculados de delitos cometidos por su pertenencia a “grupos armados al margen de la ley”, a aproximadamente 3000 postulados (procesados), y 27 mil que serian amnistiados (no procesados).
El paramilitarismo que habría apoyado la candidatura de Uribe, realizó al menos cinco pactos con decenas de políticos, en su mayoría uribistas, en diversas regiones del país, como en Chivolo [8], el de Santa fe de Ralito , el de Casanare , el de Puerto Berrio , y el denunciado entre los congresistas Rubén Darío Quintero y Oscar Suárez Mira con el ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, del cual se dice que buscaban beneficios electorales por parte de las autodefensas [9].
Según los datos oficiales, se desmovilizaron cerca de 30 mil narcoparamilitares desmovilizados. Sin embargo, el registro de armas entregas reporta tan sólo unas 13 mil armas (13000), lo que le valió decir a la otrora Delegado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, que por cada dos desmovilizados se entrega una arma, y ello en pésimas condiciones. Así, podríamos señalar sobre el particular, que ni los narcoparamilitares dan cuentas ni el gobierno las pide. Se debe resaltar que los anteriores frentes paramilitares no fueron desmovilizados en su totalidad, que no lo hicieron, entre otros, los del CASANARE y el de los LLANOS El Acuerdo Casanare fue suscrito entre cinco candidatos a alcaldías municipa [10].
Se puede decir que la política de “seguridad democrática” si les cumplió a mas de 27 mil paramilitares que no procesó, ni siquiera por paramilitarismo. Respecto a cerca de 3 mil postulados, vinculados a procesos por homicidio, secuestro, desaparición forzada y otros delitos graves, no hay a la fecha una sola sentencia condenatoria por los 60 mil y mas crímenes y millones de desplazados de que son responszables, pese haber pasado ya 5 años de la ley de justicia y paz [11].
Catorce de los jefes paramilitares fueron extraditados, argumentando que no habían colaborado reconociendo sus crímenes, y que seguían delinquiendo en prisión. La decisión de extraditarlos ha impedido que la Corte Suprema recoja sus declaraciones en los procesos de la parapolítica y por decenas de masacres, que incluso podrían afectar al propio presidente. Con ello la “seguridad democrática” impidió que la justicia se acercara a la verdad de lo sucedido.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”
Bajo la política de la “seguridad democrática” se ha diversificado las graves violaciones de los humanos aunque el régimen pretenda siempre que son casos aislados, o que sus responsables son las guerrillas o las llamadas “Bacrin”, que serian ajenas al Estado.
Las estructuras paramilitares han cometido durante su existencia un promedio de 60.000 crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Los ajusticiamientos extrajudiciales –llamados falsos positivos- aumentaron durante la “seguridad democrática” triplicándose en el gobierno de URIBE [12].
Hoy se investigan mas de 2000 homicidios extrajudiciales [13] causados por el cobro de recompensas por cada homicidio reportado como baja en combates, pago creado por la resolución la 029 de 2005 expedida por el entonces Ministro de Defensa Camilo Ospina, (hoy candidato de Uribe a Fiscal General de la Nación), y plenamente desarrollada y aplicada por el Ministro JUAN MANUEL SANTOS, candidato a la presidencia por el uribísmo.
Hoy se hallan abiertos en la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones extrajudiciales, que por ahora dejan un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Por esos casos, hay 137 condenas contra militares y 396 tienen órdenes de captura.
Esta práctica criminal no es un hecho aislado, ya que se extendió a todo el territorio nacional y durante varios años. Las investigaciones de la Procuraduría están concentradas en tres divisiones del Ejército: la Séptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdicción en 16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y en el centro. Durante los últimos siete años. La Procuraduría General de la Nación ha abierto 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados hacen parte de 35 brigadas (diez de ellas móviles); 481 son oficiales, entre ellos 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458, soldados. Además, miembros de otras instituciones empiezan a aparecer en los expedientes.
Por otra parte, durante los 8 años del gobierno de URIBE ha persistido la tragedia del desplazamiento forzado, sobrepasando hoy los 4 millones de personas, producto de las estrategias de guerra de “quitarle el agua al pez”, es decir, desplazar la población sospechosa de apoyar a las guerrillas, apoderándose además de las tierras abandonadas para grandes proyectos agroindustriales [14] y la ganadería, convirtiendo a Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazamientos forzados [15]
Otra violación de los derechos humanos que se ha manifestado de la manera mas grave, constituyen las “chuzadas” o interceptaciones telefónicas, seguimientos y amenazas a numerosas organizaciones de derechos humanos, personalidades de la oposición, e incluso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, realizadas desde el DAS bajo la dirección del director JORGE NOGUERA COTES, nombrado y defendido por el jefe de Estado. Noguera por colaboración con el paramilitarismo, el subdirector José Miguel Narváez, preso por el asesinato de Jaime Garzón.
El ex director de informática del DAS Rafael García, condenado a 27 años, señaló en entrevista para NOTICIAS UNO la estrecha relación de esa institución ha tenido con el paramilitarismo. El DAS depende directamente de la presidencia y por lo tanto está bajo control de Uribe, no sólo espió ilegalmente a miembros de la oposición, sino que elaboró listas negras conjuntamente con paramilitares, participó en conspiraciones contra el gobierno venezolano, colaboró en la infiltración de paramilitares en Venezuela, y probablemente estuvo involucrado en el asesinato del Fiscal Danilo Anderson, dijo García, quien igualmente señalo que el presidente estaba al tanto de lo que hacia el DAS, informado por NOGUERA; y que el Fiscal General de la Nación LUIS CAMILO OSORIO, también colaboraba con las autodefensas [16].
Esta práctica ha sido propiciada desde las mas altas instancias del Estado con el propósito de judicializar o desprestigiar ONGs y Magistrados considerados enemoigos del gobierno, lo que corresponde a la vieja y renovada doctrina maniquea de considerar quienes no estén con la “seguridad democrática” instrumentos de la subversión, como lo dijo el otrora Ministro de Defensa JUAN MANUEL SANTOS: “nos vamos a proponer judicializar la información de inteligencia que se obtenga sobre organizaciones ambiguas que pretendan obrar dentro de la ley pero que, en realidad, son fachadas o idiotas útiles de grupos terroristas” . [17]
LA SEGURIDAD EXTERIOR: UN NUEVO FRENTE DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA.
La política de “seguridad democrática” llevo el conflicto a las fronteras nacionales, e incluso a instancias internacionales. Los organismos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas han incursionado en Venezuela realizando secuestros, como el de el dirigente de las FARC GRANDA, o bombardeado territorio extranjero, como el bombardeo en Angostura, Ecuador, en el que mu muerto Raúl Reyes y 25 personas mas, causando una grave crisis diplomática latinoamericana, la cual no se ha superado pese a que URIBE pidió perdón y prometió no repetir este tipo de agresión contra países hermanos.
Debido a la extralimitación del conflicto a las fronteras y a la región, y el aumento de la inseguridad en las ciudades, el gobierno prevé reforzar la “seguridad democrática” invertiendo entre 2011 y 2014 unos 10.400 millones de pesos (más de 5.000 millones de dólares) en seguridad interna y capacidad disuasiva para enfrentar posibles amenazas externas.
El dinero para la ampliación de la Política de Seguridad Democrática en las fronteras, diseñada inicialmente para combatir a la guerrilla con visión interna, será recaudado a través del impuesto sobre el patrimonio que se cobra desde 2002 a las personas más pudientes para financiar gastos de seguridad del país. Parte de este dinero se destinará a inversión en movilidad, comunicaciones y presencia social en la frontera con sus vecinos donde existe presencia guerrillera.
En materia militar, la capacidad disuasiva del Ejército se fortalecerá con la compra de armamento como equipos de control y vigilancia por satélite y nuevos aviones que permitan enfrentar “posibles amenazas externas”.
Con ello no solo se escala el conflicto a nivel interno, sino extrapolado a las fronteras y países hermanos, pretendiendo hacer responsables a gobiernos de países vecinos y de otros Estados de la existencia del conflicto colombiano.
La estrategia intervencionista del gobierno de los EE.UU. se ha dado principalmente a través del llamado “Plan Colombia”, cuyos aportes superan los 1500 millones de dólares para la guerra contra las drogas y las guerrillas. En los últimos tres años la “cooperación” incorpora cuatro programas de “ayuda” que componen aproximadamente 75 por ciento de la ayuda militar y policiva que recibe Colombia de los Estados Unidos, y casi toda la ayuda económica y social.
Sumando estos cuatro programas nos da las siguientes cifras de ayuda:
2008: US$539,416 millones – ayuda militar/policiva US$305,004 millones
2009: US$540,409 millones – ayuda militar/policiva US$303,909 millones
2010: US$521.8 millones – ayuda militar/policiva US$268,055 millones
Mientras otros programas canalizarían aproximadamente otros US$135+ millones en ayuda militar/policiva, y alrededor de US$20+ millones en ayuda económica y social [18].
En líneas generales, el presupuesto asignado a Colombia para 2010 se mantiene. Estados Unidos entregará asistencia a Colombia por 521,8 millones de dólares, 20 millones de dólares menos de los destinados el año pasado.
A esta “cooperación” militar-policiva, se sumo en el 2009 el acuerdo militar secreto entre el Gobierno de Colombia y los Estados Unidos, por el cual se cede para su uso militar 7 bases militares en Colombia, a partir de las cuales, las Fuerzas Militares norteamericanas han convertido al país en un “Portaviones” de guerra, contra las guerrillas nacionales y los países latinoamericanos, sustituyendo la base de Malta expulsada del Ecuador por el gobierno de Correa y las limitaciones crecientes en otros países, Panamá con la nacionalización de la Zona del Canal.
El componente militar del “Plan Colombia” y las bases militares han causado un rechazo unánime en los países latinoamericanos, manifestado en las reuniones de UNISUR
CONCLUSIONES.
Aunque la “seguridad democrática” es básicamente un proyecto contrainsurgente, al finalizar los 8 años del gobierno de Uribe los distintos factores de violencia como las FARC, los paramilitares, el narcotráfico, persisten, según el gobierno, debilitados, pero lejos de ser exterminados. A estos factores se han agregado otros como las llamadas bandas emergentes, “águilas negras”, las bandas criminales o Bacrin; y nuevos factores de inestabilidad y conflicto, como las agresiones militares e inteligencia en los países limítrofes.
De conformidad con lo anterior, podemos decir que la “seguridad democrática”, la que muchos aplauden, no es mas que otro FALSO POSITIVO, que va a ser reelegida en JUAN MANUEL SANTOS, uno de sus principales gestores, poniendo en en peligro no solo la vida de los colombianos, sino su seguridad institucional y su débil democracia.
Notas
[1] Desde 2001 renombrada como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). De 1946 a 1984 operó en Panamá, y en ella se han preparado en guerra contrainsurgente más de 60.000 militares latinoamericanos, entre ellos 9886 oficiales colombianos. De allí salieron los golpistas y torturadores de América Latina.
[2] El decreto expedido por el gobierno de Guillermo León Valencia fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968, del gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
[3] Como denomina a las guerrillas el Gobierno pretendiendo estigmatizarlas y criminalizarlas.
[4] En intervención pública contra la “Oficina de Envigado”, Uribe ordenó a la Fuerza Pública no capturarlos sino liquidarlos: “acábenlos y póngalos a mi cuenta”
[6] “Pie de fuerza militar llegó a su techo” eltiempo.com / colombia / justicia
[7] http://www.elnuevoherald.com/2010/01/28/640215/uribe-propone-usar-estudiantes.html#ixzz0jo61DhZT
[8] El ’Pacto de Chivolo’ se habría realizado el 28 de septiembre del 2000 y a él habrían asistido 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas La reunión, realizada en el municipio del mismo nombre, del departamento de Magdalena, era la primera ’gran convención’ de ’ Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida’, movimiento político impulsado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’.
[9] En julio de 2001, los comandantes paramilitares Santander Lozada, Adolfo Paz, Jorge 40, y Diego Vecino, integrantes del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC), suscribieron con numerosos políticos el Pacto de Santa fe de Ralito, con el propósito de ’refundar la patria’. Lo firmaron entre otros, el Gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, el Gobernador de Córdoba José María López, Representante a la Cámara por Córdoba Reginaldo Montes, Miguel Alfonso de la Espriella, Representante a la Cámara por Córdoba, Eleonora Pineda, Concejal de Tierralta, entre una veintena de dirigentes políticos.
[10] les y el representante a la Cámara, óscar Wilchez, hoy detenido en La Picota, con el jefe paramilitar alias ‘Martín Llanos’. Las denuncias del presunto acuerdo entre los cinco alcaldes y el congresista con el jefe paramilitar fue hecha por alias ‘Salomón’ ex líder paramilitar del Casanare y en ella se habrían comprometido recursos de los municipios y del departamento a cambio de apoyos electorales
[11] Pacto electoral firmado entre políticos de Santander y el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, denominado Acuerdo de Puerto Berrío, con políticos del departamento de Santander, a cambio de apoyos electorales.
[12] http://www.elecodelospasos.net/article-entrevista-a-sandra-gamboa-abogada-de-derechos-humanos-bajo-uribe-casi-se-han-triplicado-los-asesinatos-de-civiles-por-fuerzas-estatales-46499734.html
[13] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/mas-de-dos-mil-colombianos-habian-sido-asesinados-en-falsos-positivos-segun-informe-de-la-fiscalia_6378648-1
[14] Palma africana y caña de azúcar para producir aceite y biocombustibles, plátano, y haciendas ganaderas.
[15] La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) considera que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno en Colombia desde mediados de los años ochenta supera los 4 millones de personas. Por otro lado, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Además, hacia finales de 2008 el Gobierno de Colombia ya había registrado más de 2 millones 800 mil desplazados internos en el país. Las causas principales de estos desplazamientos son el conflicto armado, la lucha por la tenencia de la tierra y la violencia política. http://cinoticias.com/2009/08/26/mas-de-4-millones-de-desplazados-en-colombia-desde-la-decada-de-1980/.
[16] http://laclase.info/internacionales/videos-ex-director-de-informatica-del-das-senala-vinculos-del-gobierno-colombiano-co
[17] palabras del ministro de defensa nacional, Juan Manuel Santos calderón, ante el cuerpo de generales y almirantes en retiro de las fuerzas militares Bogotá, 4 de febrero de 2009