El malestar que ronda el magisterio colombiano no es injustificado. La paciencia de más de 300 mil educadores públicos de todo el país está llegando a su límite debido a las bajas remuneraciones, los obstáculos para ascender en el escalafón docente, la sobrecarga de trabajo, el ineficiente sistema de salud y el bajo reconocimiento social de su profesión. La poca voluntad del Estado para dar respuesta a los problemas que padecen día a día los maestros está empeorando las condiciones de vida de los encargados de formar a los colombianos del futuro.

 

Algo anda mal en el sistema educativo colombiano. Los resultados del país en evaluaciones internacionales de calidad de la educación no son los mejores. En las últimas pruebas PISA, realizadas en el 2013, Colombia ocupó el puesto 62 entre 65 países. En un módulo especial que medía la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de la vida cotidiana, los alumnos colombianos ocuparon el último puesto entre 44 países.

Si bien es cierto que los países que presentan la evaluación en su mayoría son miembros de la OCDE, y por ende con condiciones mucho más favorables que las colombianas, lo revelador de estas pruebas es que el desempeño del país viene en caída. En la evaluación del 2009 Colombia fue 52 entre 65 países, lo que representa una pérdida de 10 puestos en solo cinco años.

Pero este no es el único síntoma. El magisterio, representado por FECODE, la semana pasada realizó un paro nacional de 3 días con el objetivo de presionar al Gobierno y denunciar la histórica desatención de los problemas de los educadores públicos. Una lectura de sus condiciones laborales revela el porqué de su malestar y la mala calidad de la educación del país.

Profesionales con la peor remuneración

Los salarios de los maestros de la educación pública preescolar, básica y media de Colombia han sido históricamente bajos en relación con la importancia de su labor. Representantes sindicales del gremio aseguran que son los trabajadores profesionales del Estado con peor remuneración.

Existen dos estatutos reglamentarios de la profesión docente; el 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002, cada uno con un escalafón propio que define el salario mensual de acuerdo con la formación académica del educador y su antigüedad en el servicio. Para quienes están por el estatuto 2277 los salarios en este 2014 varían entre $616.000, correspondientes a maestros del nivel de bachiller, y $2´711.939, para los mejor preparados académicamente y con más años de servicio. En el estatuto 1278 de 2002 los salarios oscilan entre $1´201.819 y $5´334.216.

Aparentemente el decreto 1278 contempla mejores ingresos para los maestros. Sin embargo, una lectura de las condiciones exigidas por el Ministerio de Educación en materia de evaluación, revela que más que un escalafón docente se trata de una carrera de obstáculos que burla las expectativas que tienen los maestros de mejorar su calidad de vida, al punto de que los más antiguos han preferido continuar con el estatuto antiguo, el 2277 de 1979.

Considerando los múltiples niveles que contempla el escalafón docente, tenemos que el maestro promedio en Colombia no devenga más de $1´500.000 mensuales, salario que, según datos de la Fundación Compartir, es 18% inferior al que perciben profesionales de medicina, ingeniería, derecho y economía. Esta realidad ubica al maestro promedio colombiano en un nivel socioeconómico medio-bajo, equivalente al estrato 3, que solo le permite cubrir necesidades básicas e impide un desarrollo personal y familiar adecuado.

Aníbal López, maestro de español de la Institución Educativa San Francisco, en el oriente antioqueño, dice que debido a los bajos ingresos los docentes de la educación pública tienen que privarse de muchas cosas. “No nos alcanza el dinero, tenemos que hacer préstamos para que los hijos estudien, embargarnos porque el salario nuestro nunca ha sido digno. No ganamos lo que realmente merecemos”.

Esta situación ha obligado a los maestros a buscar otras formas de generación de ingresos, de allí la figura del “profesor taxista” que ha ganado espacio al interior de los colegios urbanos. Este tipo de maestros tienen que dictar clase en diferentes lugares para poder reunir un ingreso decente. Y en las zonas rurales los maestros no encuentran otra opción que invertir sus recursos en actividades comerciales.

Carlos Julio Díaz, asesor de la Escuela Nacional Sindical, ex presidente de la CUT Antioquia, y el mismo educador, explica que los maestros han ganado fama de “malas pagas” porque es de dominio público que su salario no es suficiente para solventar las deudas que contraen. Estas preocupaciones por el día a día repercuten indudablemente en su desempeño laboral.

“No se puede esperar que los estudiantes en Colombia tengan competencias si quienes los están formando no leen un libro porque están preocupados por los problemas de la vida diaria, por el arrendamiento, los servicios, la cuota del banco. Esas preocupaciones no te dejan pensar, te desconcentran”, asegura Díaz.

Escalafón sin peldaños

Una alternativa que encuentran los maestros para mejorar su nivel de ingresos, son los estudios de posgrado. En teoría, éstos les permiten ascender en el escalafón docente y capacitarse en beneficio de la calidad que requiere el sistema educativo. Sin embargo, quienes albergan tales esperanzas encuentran una serie de obstáculos que, en la mayoría de los casos, los hacen desistir de sus propósitos capacitación.

El educador Aníbal López cuenta que ha tenido que aplazar su posgrado porque lo que gana lo tiene comprometido en la educación de su hija y en costear las necesidades del día a día. Considera que el Estado no ha sido un apoyo, porque no existen becas o estímulos suficientes para culminar su ciclo académico. Los gastos para un docente como él, que reside en un municipio apartado de un centro urbano, se incrementan por el coste de transporte y la manutención.

Bertha Rentería, maestra de la Institución Educativa Punta de Piedra, de Turbo, es una de las pocas docentes que tienen estudios de posgrado, pero el dinero que invirtió en ellos no provino del Ministerio de Educación o de alguna otra entidad del Estado, salió de sus ahorros y los créditos que contrajo.
Ahora bien, tener un posgrado no es garantía suficiente para ascender en el escalafón. El decreto 1278 de 2002 contempla otras medidas que dificultan el acceso a los mejores salarios que ofrece el nuevo estatuto docente. El primer obstáculo es la evaluación por competencias que aplica el Ministerio de Educación para determinar si un maestro merece ascender en el escalafón docente según los resultados que obtenga.

Así explica Fernando Ospina, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, la metodología de la evaluación por competencias:

“Se evalúa bajo el método Rash, en el que las preguntas más acertadas por los maestros son las que menos porcentaje de valor tienen. Es un cercenamiento del derecho con otra connotación: el puntaje que se le asigna es del 80%, mientras que en todas las pruebas en Colombia y en el mundo es con el 60%. No es garantista el ascenso porque es frene y frene. Hay unos pocos que ascienden. En promedio, entre el 18 y el 20% pasa la prueba. Es la única profesión en Colombia que tiene eso”.

Como si fuera poco, en su artículo 36 el decreto enuncia que aún después de superar las evaluaciones de la universidad para obtener el título, y las del Ministerio de Educación, el candidato a ascender debe esperar la disponibilidad presupuestal para que se haga efectivo el incremento salarial.

Edgar Ramírez, docente de la Universidad Nacional sede Medellín, y doctor en Educación y Sociedad, lo explica así: “Es problemático encontrar maestros con especializaciones y maestrías que están del orden de $2.5, cuando en otras profesiones las condiciones económicas son muy distintas. Total, cuando hay maestros por vocación que hacen estos ciclos de largo plazo, no hay una especie de compensación o retribución desde lo económico y desde la valoración social que se debe hacer de ellos”.

¿Evaluación o castigo?

Además de la evaluación de competencias para los ascensos en el escalafón, el decreto 1278 contempla otras dos evaluaciones que ponen en entredicho la estabilidad que antes caracterizaba al magisterio.

La primera evaluación es la del periodo de prueba, que se les hace a los maestros que llevan menos de un año de servicio pero que ya superaron el concurso de ingreso a la carrera docente. El artículo 31 señala que los maestros que no ganen la prueba con el 60%, “serán retirados del servicio”. Esta evaluación también se aplica a los directivos académicos, y el castigo en caso de perderla es regresar a la actividad docente, como si se tratara de una ocupación secundaria o residual.

La segunda evaluación se denominada “de desempeño”. Se realiza cada año y es vitalicia. Sobre ella Luis Fernando Ospina, presidente de ADIDA, dice: “Esta evaluación se toma como una manera de ejercer autoridad por parte del gobierno. Más que para mejorar, se toma como que de eso depende su continuidad, entonces se presta para chantajes en el acto educativo diario. Al maestro se le exige un montón de papelería y está más preocupado en mostrar resultados al rector que en desarrollar procesos de aprendizaje y mejoramiento de enseñanza”.

La evaluación se realiza con los criterios del rector, los padres de familia, los estudiantes, e incluso, los colegas. La sanción que establece el decreto 1278 para los profesores que pierdan la prueba durante dos años consecutivos, es el retiro del servicio y la exclusión del escalafón docente.

El profesor Edgar Ramírez explica que las evaluaciones siempre serán motivo de controversias, pero es importante reconocer la intencionalidad de las pruebas. “Hay una línea dura o draconiana que cree que, bajo una matematización del conocimiento, aquellos que saquen las mejores notas son los mejores profesores; y hay otra línea de concertación, en la que se buscan niveles de responsabilidad y compromiso, en donde se diseñen unos sistemas más para mejorar, cualificar y avanzar que en la perspectiva de la sanción”, concluye Ramírez.

Desprotegidos

Las presiones que padecen los educadores públicos por las múltiples evaluaciones a las que son sometidos y la sobrecarga de funciones, producto del hacinamiento escolar, están afectando si salud física y mental. El aula de un colegio oficial promedio en Colombia tiene 40 estudiantes y algunos maestros dictan clases en varios cursos.

Bertha Rentería señala que en estos momentos hay sobrecarga de trabajo porque el Ministerio de Educación está pidiendo demasiadas cosas. “Aparte de hacer bien el trabajo, los maestros tienen la presión de algunos rectores, coordinadores, colegas y todo eso hace que la gente ande más estresada. Si usted tiene un buen sueldo, posibilidades de salir a vacacionar con su familia, va a tener más forma de estar relajado y tranquilo”.

El presidente de ADIDA, Fernando Ospina, manifiesta que en los últimos meses tuvo acceso a un estudio del Centro Nacional de Consultoría, según el cual 130 mil maestros padecen enfermedades metabólicas como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Pero no solo los trastornos físicos los aquejan: 30 mil docentes tienen problemas de salud mental y han desarrollado cuadros de psicosis o neurosis, así como adicciones al alcohol y/o las drogas.

Esta situación convierte a los maestros en un grupo poblacional vulnerable que demanda un sistema de salud que dé respuestas efectivas a sus problemas físicos y psicológicos. Por ello cuentan con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que funciona como régimen especial porque difiere del que rige para resto de la población colombiana.

Según el Ministerio de Educación Nacional, las ventajas de este Fondo es que no exige copagos para acceder a atención médica, y no hay límites en la atención de enfermedades y en el suministro de medicamentos. Pero la realidad es mucho menos optimista. El operador encargado de la prestación del servicio no es nacional sino que es diferente para cada región. La región 4, correspondiente a Antioquia, Córdoba y Chocó, es administrada por la Fundación Médico Preventiva. Los maestros de esta región afirman que el servicio que reciben es incluso peor que el que ofrece el sistema general de salud, porque la Fundación Médico Preventiva ni siquiera es EPS sino que es una IPS.

La falta de idoneidad en la prestación de servicios de salud por parte de las entidades establecidas, genera múltiples inconvenientes para los maestros y sus familias, toda vez que no cuentan con todos los niveles de atención y con frecuencia deben acudir a médicos particulares. Esto, sin mencionar que el régimen especial del magisterio también sufre de los mismos achaques del régimen general, como el “paseo de la muerte” y los retrasos en las asignaciones de citas y tratamientos de enfermedades.

Pero si por el lado de los maestros activos llueve, por el lado de los pensionados no escampa. Éstos están afectados en doble vía. Por un lado padecen el mismo régimen de salud de los maestros activos, con el agravante de que no tiene un direccionamiento favorable a personas de tercera edad. Y por otro lado, el sistema de prestaciones sociales los obliga a pagar el 100% del dinero que aportaban cuando estaban en servicio activo, pero les quita el acceso a las cajas de compensación familiar.

Luis Hernando Ricaurte, secretario de la Comisión de Salud de ADIDA, cree que un jubilado requiere una buena oferta cultural, por lo que es necesaria la vinculación a las cajas de compensación familiar. Esta situación también les impide seguir recibiendo subsidios por hijos con dependencia económica, olvidando que muchos jubilados aún están pagando sus estudios.

Fue precisamente la mala atención en salud, los bajos salarios y las evaluaciones de competencias lo que llevó a cientos de maestros a las calles de Colombia a manifestar su descontento y a buscar apoyo de la sociedad; y a recordarnos que es uno de los gremios más relevantes e importantes del país, pero a la vez de los más vulnerables.

Publicado 20 de mayo 2014