Si bien el Presidente Santos ha manifestado públicamente su compromiso con los derechos humanos y su respeto a la independencia del poder judicial, las agresiones contra los defensores de derechos humanos no sólo han continuado, sino que en el transcurso de los últimos dos años han aumentado. En 2011 se reportaron 239 agresiones contra quienes defienden los derechos humanos, de las cuales 49 fueron asesinatos.
A la luz de los más recientes cambios legales e institucionales como son la aprobación de la Ley de víctimas y reparación de tierras, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, y la creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior. El informe analiza los factores de riesgo, los rasgos concretos y las consecuencias de la intensificación de la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia.
Los asesinatos, la estigmatización por parte de funcionarios y actores privados, las amenazas y los hostigamientos continuaos y generalizados, y las abundantes judicializaciones infundadas constituyen las principales agresiones registradas. Además, el uso ilegal de los servicios de inteligencia del Estado parece continuar pese el desmantelamiento del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de los procesos que se están llevando a cabo en contra de sus antiguos funcionarios y en contra del ex Presidente Uribe por su presunta responsabilidad en las escuchas telefónicas ilegales realizadas por este organismo bajo sus dos mandatos.
“En semejante panorama, la situación es particularmente grave respecto los líderes de comunidades desplazadas en el contexto de los procesos de restitución de tierras y retorno”, explicó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. “Durante el proceso de tramitación e implementación de la reciente Ley de Víctimas han venido aumentando las agresiones en contra de los desplazados y, particularmente, entre aquellos quienes lideran la defensa de sus derechos, lo cual acarrea el agravamiento de su situación de vulnerabilidad y el crecimiento del temor”.” “En este contexto, la ausencia de un marco de protección integral adecuado a los riesgos que conlleva la ejecución de la restitución de tierras pone en entredicho la efectividad de la política de restitución de tierras en vigor”, dijo por su parte Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
La situación de vulnerabilidad de defensores es todavía más apremiante teniendo en cuenta que buena parte de los ataques de los cuales son víctimas son perpetrados por estructuras paramilitares cuya existencia es negada por parte del Gobierno, quien las denomina “bandas criminales” (BaCrim), alegando que los grupos paramilitares han sido desmantelados.
Asimismo, permanecen en la impunidad la casi totalidad de los ataques contra defensores, debido a la renuencia de las autoridades a investigar adecuadamente esas violaciones. Tal situación se ve reforzada por el impulso de reformas legales como la que atañe la justicia penal militar o la presencia de Unidades de la Fiscalía en instalaciones militares.
El Observatorio urge a las autoridades colombianas a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los defensores de derechos humanos, en particular los líderes de comunidades desplazadas, contra todo tipo de agresiones, poner fin al hostigamiento y a la estigmatización en su contra, y a la impunidad de los responsables de tales violaciones.
El informe es producto de la participación del Observatorio en la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la defensa de los derechos humanos en Colombia, convocada por la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia.
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