Esta herramienta que obligaría al Estado colombiano a implementar un sistema de visitas regulares a los centros carcelarios y penitenciarios, por parte de entes independientes y complementarios a nivel internacional y nacional, contribuiría en la prevención de hechos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a los cuales son sometidos los internos en las cárceles del país.
La decisión gubernamental la hizo conocer Hernán Jaime Ulloa Venegas, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien dio así respuesta a una solicitud realizada al vicepresidente Angelino Garzón [[El pasado jueves 2 de diciembre, la Coalición Colombiana contra la Tortura, entregó al Vicepresidente Angelino Garzón, más de tres mil firmas recolectadas en Bogotá, en el marco de la campaña “Firme contra la tortura, porque en Colombia la tortura sí existe” que se desarrollo en el último año, por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, por parte del Estado colombiano, como medida para prevenir la comisión de este crimen.]]
por la Coalición Colombiana contra la Tortura [[La Coalición Colombiana contra la Tortura está conformada por las siguientes organizaciones, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES, Asociación MINGA, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación AVRE, Corporación REINICIAR, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Organización Mundial contra la Tortura, Corporación Vínculos, Corporación Centro de Atención Psicosocial, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”]] en diciembre del año pasado , respaldada por más de tres mil firmas, en la que se pedía al Estado colombiano la ratificación de este instrumento.
A juicio de Ulloa, dicha ratificación no es necesaria, por cuanto “existen diferentes mecanismos internos, tales como comités y directivas, en las entidades del gobierno del orden nacional y regional, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de hechos de tortura”.
Esta decisión, contraviene la Recomendación que hiciese el Comité contra la Tortura el 19 de noviembre de 2009, al examinar la situación de este crimen en Colombia.
Para la Coalición es claro que los mecanismos nacionales mencionados no han sido efectivos. No basta con la ratificación de la Convención contra la Tortura, que se realizó en 1987, es necesario también ratificar el Protocolo, lo cual además de ser un factor disuasivo para evitar la ocurrencia de este tipo de hechos, permitiría que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas actuara preventivamente.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, para que reconsidere su posición frente a la solicitud de ratificación del Protocolo, teniendo en cuenta los últimos hechos que se han presentado en centros carcelarios y penitenciarios, tomando como ejemplo el de la Penitenciaría de Alta y Mediana de Seguridad “La Tramacúa”, en la ciudad de Valledupar.
La tortura en Colombia
A pesar de que el delito de tortura se encuentra tipificado penalmente en Colombia desde hace casi tres décadas, a la fecha son muy escasos los resultados en materia de investigación, juzgamiento y sanción por parte de las autoridades judiciales frente a la sistematicidad y generalización de este delito.
Las víctimas son invisibilizadas y generalmente el crimen de tortura es registrado como lesiones personales o queda oculto en otros delitos como asesinatos o desapariciones forzadas, lo que impide que se tomen medidas para prevenirlo y sancionarlo y se brinde una atención integral a las víctimas, que permita su rehabilitación y recuperación integral.
En Colombia, se ha podido establecer que la tortura es cometida, como medio de persecución política, en el marco de detenciones, con el propósito de obtener una confesión o información, como método de sometimiento de la población carcelaria, como mecanismo de discriminación, como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades, como instrumento de represión de la protesta social, como parte de la instrucción de miembros de la fuerza pública y como método de sometimiento contra las personas secuestradas.
La Coalición Colombiana contra la Tortura, dará a conocer el próximo 21 de julio, un informe sobre este tema, que será presentado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En éste se presentarán cifras, datos y casos emblemáticos, que dan cuenta de la realidad de este crimen de lesa humanidad en el país.
