Muchas de estas violaciones se originan en los factores que han desatado los ataques y persecución a los líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en los años recientes y que se hayan vinculados directamente a las estructuras criminales, mafiosas y de criminalidad institucional que se fortalecieron bajo el anterior Gobierno, y frente a los cuales el nuevo gobierno dice tener voluntad de combatir y de desmontar sus estructuras y apoyos, aunque aún no se conocen cuáles serán sus estrategias. Pero otros ataques configuran algunas nuevas tendencias y modalidades preocupantes, que de no ser conjuradas con eficacia, implicarán riesgos adicionales para las actividades de defensa de los derechos humanos en los años venideros.
El 7 de agosto dee 2010 se dio comienzo al nuevo gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. El inicio de este nuevo Gobierno ha estado marcado por cambios importantes en la agenda nacional de los derechos humanos. La presencia de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial de este Gobierno y el tono comedido y respetuoso que en general los dignatarios del nuevo Gobierno han utilizado en sus relaciones con las organizaciones sindicales, afrocolombianas y otras expresiones del movimiento social, incluidos los defensores de derechos humanos, han despertado expectativas sobre la ocurrencia de cambios reales en la situación que afrontan los líderes sociales y los defensores/as de derechos humanos.
Los anuncios de “desarmar la palabra” han sido bien acogidos por la sociedad colombiana y la comunidad internacional, sobre todo después de los 8 años de brutales persecuciones, asesinatos, campañas de desprestigio y acoso por parte del anterior Gobierno y sus agencias de inteligencia, y especialmente por parte del Departamento Administrativo de Seguridad-Das (agencia presidencial de inteligencia), entidad que de acuerdo a la propia Fiscalía General de la Nación, fue el lugar donde se configuró una verdadera “empresa criminal”, en la que sus directores se hayan comprometidos en graves crímenes que están siendo investigados por la justicia y que comprometen gravemente su responsabilidad penal y disciplinaria. No obstante, aún la justicia sigue sin individualizar la identidad del autor, determinador y beneficiario de estos execrables crímenes, que afectaron no solamente a los defensores/as de derechos humanos, sino también a periodistas, líderes de oposición que los denunciaban y a los magistrados que loos investigaban.
La voluntad de imponer cambios significativos con relación al tema de la restitución de tierras despojadas en los años violentamente anteriores, y de reparar a las víctimas de la violencia, -incluidas las víctimas de crímenes de Estado-, plasmadas en iniciativas legislativas presentadas al nuevo Congreso, han despertado la ilusión en amplios sectores del país de que ahora pueda ponerse fin al espantoso ciclo de violencia que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos y que culminó en la toma y captura del Estado por parte de la alianza de sectores maliciosos, paramilitares y latifundistas con la fuerza s políticas que llevaron al poder al presidente Álvaro Uribe en los 8 años anteriores.
No obstante estos anuncios bien recibidos, los hechos siguen demostrando que la crisis humanitaria en el país sigue vigente y que los crímenes contra los derechos humanos siguen perpetrándose sin solución de continuidad contra los líderes sociales, defensores//as de derechos humanos, miembros de las organizaciones sociales, de mujeres, indígenas, afrocolombianos y de líderes de la población desplazada y reclamantes de tierras.
Muchas de estas violaciones se originan en los factores que han desatado los ataques y persecución a los líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en los años recientes y que se hayan vinculados directamente a las estructuras criminales, mafiosas y de criminalidad institucional que se fortalecieron bajo el anterior Gobierno, y frente a los cuales el nuevo gobierno dice tener voluntad de combatir y de desmontar sus estructuras y apoyos, aunque aún no se conocen cuáles serán sus estrategias. Pero otros ataques configuran algunas nuevas tendencias y modalidades preocupantes, que de no ser conjuradas con eficacia, implicarán riesgos adicionales para las actividades de defensa de los derechos humanos en los años venideros.
Aunque solo han transcurrido poco más de 770 días bajo el nuevo gobierno, el registro de ataques continuados y reiterados, a pesar de no incluir muchos de los mismos, permiten ya configurar tendencias y modalidades de ataques contra defensores/as de derechos humanos y líderes sociales