El 21 de febrero de 2000, aproximadamente a las 9:30 p.m., cuatro hombres pertenecientes a grupos paramilitares que operaban en la región del Urabá antioqueño , ingresaron a la vivienda donde habitaba la señora María Consuelo Ibarguen con su grupo familiar integrado por sus 4 menores hijas, su madre Elaine Rengifo Moreno y el compañero de esta última, Sérbulo Romana Ramos, y procedieron a atacarla con arma blanca causándole la muerte de manera inmediata. Su madre logró huir por el patio de la cocina con dirección a la Policía Regional de Investigación Judicial (SIJIN). Como consecuencia de este grave hecho, la familia se vio forzada a desplazarse de la zona.
Los antecedentes determinantes de este crimen, se remontan a los primeros años de la década de los 90´s, en los que la señora Ibarguen, y su madre colaboraron en la campaña electoral del Partido Político “Esperanza, Paz y Libertad”, integrado por los miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) reinsertados a la vida civil, sin embargo cuando los representantes de dicho partido, les exigieron su participación en acciones ilegales, ellas se rehusaron a prestar su colaboración. A partir de ese momento iniciaron los actos de represalia en su contra, consistentes en amenazas en contra de su vida e integridad personal.
En este contexto, en el año de 1995, Elaine Rengifo Moreno y su hija María del Consuelo Ibarguen, rindieron declaración ante miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía de Medellín en un proceso en el que se encontraban sindicados ex-miembros del EPL que tras su reinserción a la vida civil crearon los llamados comandos populares y se plegaron a las filas de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Dada la delicada situación de seguridad de Elaine Rengifo y su hija, las declaraciones fueron rendidas bajo reserva de identidad y los funcionarios de la Fiscalía les aseguraron que se implementarían medidas adecuadas de protección. No obstante, la reserva procesal en mención fue trasgredida y la identidad de las declarantes fue revelada, hecho que determinó el homicidio a titulo de represalia.
Si bien las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y ex-miembros del desmovilizado Ejército Popular de Liberación, serían directamente responsables por el asesinato de María del Consuelo Ibarguen Rengifo, el Estado es responsable bajo la Convención Americana por haber incumplido su obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de la vida e integridad personal de Elaine Rengifo Moreno y María del Consuelo Ibarguen Rengifo en su calidad de testigos. La responsabilidad internacional del Estado surge de la violación por parte de la Fiscalía General de la Nación del beneficio procesal de reserva de identidad que amparaba a la señora Rengifo y a su hija tras haber declarado sobre los crímenes perpetrados por miembros del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad, por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y miembros de la Fuerza Pública. El Estado colombiano es responsable por no haber adoptado medidas efectivas para investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial a fin de impedir que éste crimen quede en impunidad.
5.2 Trámite del Caso ante el SIDH:
Procedimiento surtido ante la CIDH
El 18 de Junio de 2003, el Colectivo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana, por los hechos relatados en líneas anteriores. El 13 de octubre de 2004, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 55/04, estableciendo la procedencia preliminar del caso.
El 23 de Marzo de 2005, el CCAJAR presentó sus alegaciones sobre el fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 del reglamento de la CIDH, en donde fundamenta la violación del derecho a la vida y la denegación justicia que ha conducido a la consolidación de la impunidad, especialmente frente a los autores intelectuales del homicidio . Hasta el momento la Comisión Interamericana no ha emitido el informe sobre el fondo del asunto de conformidad con el Artículo 50 de su reglamento.