Este dramático testimonio relata los momentos previos al terror que vivió la población de Santo Domingo (Arauca) el 13 de diciembre de 1998. Desde tempranas horas de la mañana, los sobrevuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y el avión skymaster al servicio de la Occidental Petroleum Company, anunciaron la continuidad de los combates que se desarrollaban con la guerrilla FARC desde el día anterior, en cercanías del pequeño poblado.
Con temor, los pobladores se ubicaron en la carretera con camisetas y trapos blancos para que quienes piloteaban las aeronaves se dieran cuenta que eran población civil. Ello no evitó la masacre.
Aproximadamente a las 10:02 a.m., desde la aeronave UH-1H, matrícula 4407, piloteada por el Teniente Cesar Romero Pradilla, el copiloto Johan Jiménez Valencia y el técnico Héctor Mario Hernández sin distinguir entre combatientes y población civil, se lanzó sobre Santo Domingo un artefacto explosivo tipo clúster (AN-M1A2), compuesto por seis bombas de fragmentación de 20 libras cada una.
Los “papelitos” que alcanzó a ver la población desde tierra, correspondían a las seis bombas que se desprendieron del artefacto clúster. El lanzamiento del dispositivo, prohibido por el derecho humanitario- causó la muerte a 17 personas y dejó heridas a 27 más, entre los que se encontraban 15 niños y niñas, causando adicionalmente daños en viviendas, locales y la única vía de la población.
Al bombardeo, siguió la zozobra y el terror. En pocas horas, el poblado se convirtió en un pueblo fantasma, toda la población huyó, intentando salvaguardar sus vidas y auxiliar a los heridos. Aún así, los ametrallamientos continuaron. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, “cuando estábamos sacando los muertos y los heridos, el helicóptero siguió ametrallando y nos siguió como dos kilómetros por la carretera arriba cuando iba toda la población saliendo del caserío”
Hace unas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió la demanda de las víctimas, en la que se alega que a pesar de las decisiones judiciales y disciplinarias que reconocen la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Aérea, la impunidad continúa cobijando la masacre de Santo Domingo. Si bien existen dos condenas por los hechos, las mismas no se han cumplido. El Estado Colombiano, no ha tenido la voluntad de investigar a fondo la responsabilidad por línea de mando de altos mandos militares, como tampoco, la participación y complicidad de empresas privadas y agentes de seguridad privados, en la comisión de la masacre.
Hoy la Fiscalía continúa retrocediendo. Si bien en septiembre del presente año, la Fiscalía cerró investigación contra otros dos oficiales Sergio Andrés Garzón y Germán David Lamilla, como presuntos responsables de los hechos, en una decisión a todas luces inapropiada la Fiscal General de la Nación y el Jefe de la UNDH y DIH, cambiaron la asignación del proceso penal y lo entregaron al Fiscal 22 de Derechos Humanos y DIH, quien el pasado 2 de noviembre decretó la nulidad del cierre de la investigación y propició la libertad por vencimiento de términos a favor de los investigados.
El Congreso de la República hace lo propio. Continúan los debates de una reforma a la justicia que en contravía de la jurisprudencia nacional e internacional pretende, que hechos como la Masacre de Santo Domingo sean investigados por la jurisdicción penal militar. Y mientras tanto, en medios de comunicación se advierten mensajes que niegan la ocurrencia de la masacre; que pretenden hacerle creer a la sociedad colombiana que contra toda evidencia procesal, las víctimas perecieron por un explosivo de la guerrilla; que desconocen las decisiones judiciales y cuestionan la competencia de la justicia ordinaria para investigar violaciones a derechos humanos. ¿Hasta cuándo la impunidad?
Cuando el tiempo pasa y el dolor de la ausencia oprime los corazones de aquellos que lo perdieron todo, solo quedan sentimientos de resistencia de quienes en busca de una Justicia imparcial e independiente se niegan a olvidar. Por esto, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Asociación para la Promoción Social Alternativa “Minga”; Humanidad Vigente Corporación Jurídica y la Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra” hacen un homenaje a las víctimas y familiares de la “Masacre de Santo Domingo”, para que las manos opresoras de quienes desean negar la historia de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás violaciones a los derechos humanos en Colombia, recuerden que ningún ardid, logrará que olvidemos los hechos y sobre todo jamás olvidaremos quienes son los responsables.
Seguiremos trabajando en la búsqueda de la Verdad y la Justicia como derechos fundamentales de una sociedad democrática.
Bogotá D.C, y Saravena, 13 de diciembre de 2011
