De acuerdo a denuncias recibidas recientemente:

Al sur occidente de Colombia, en el Departamento de Nariño, municipio de Tumaco, corregimiento de Llorente, veredas El Playón y Cañaveral; un grupo de Militares del Estado Colombiano de la Brigada Móvil No.19, adscrita operacionalmente a la III División del Ejercito del Estado Colombiano, que continúan aterrorizando a los pobladores, sus líderes naturales y sus organizaciones, recientemente detuvieron arbitrariamente y torturaron a un grupo de campesinos afro descendientes además de señalar y amenazar a las familias afro descendientes asentadas en la zona.

 

 

 

Aunque el Estado Colombiano en cabeza del Presidente de la República, continua tratando de presentar casos de Terrorismo de Estado como acciones aisladas de individuos. El Terrorismo de Estado en Colombia es y continúa siendo un instrumento de la política del Gobierno Uribista, en desarrollo de su campaña integral de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento sobre las expresiones del pueblo colombiano.

Por lo tanto, responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, al Gobernador del Departamento de Nariño, señor Antonio Navarro Wolff, a las Fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de los ciudadanos asentados en el Municipio de Tumaco.

HECHOS

Al sur occidente de Colombia, Departamento de Nariño, Municipio de Tumaco, Corregimiento Llorente.

El Miércoles 7 de Abril de 2010 en las Veredas El Playón y Cañaveral, en una zona con presencia de cerca de 300 unidades de la Brigada Móvil No. 19, cerca de las 5:40 de la tarde, en momentos en que los ciudadanos colombianos Jesús Cerón, José Carlos Osama Y Adinael Burbano, (quienes transitaban en dirección al hogar del señor Ceron por el camino veredal, luego de terminar su jornada laboral), son detenidos arbitrariamente por un grupo de aproximadamente treinta (30) Militares, quienes se encontraban realizando un retén móvil del Ejercito.

El grupo de Militares, en su acción intimidatoria y hostil, agarraron bruscamente a los campesinos, luego los tiraron al suelo, les hicieron poner las manos encima de la cabeza, los golpearon, les dieron patadas en sus cuerpos y posteriormente dispararon ráfagas de fusil a sus costados.

Cerca de las 11:00 de la noche, un grupo de comuneros de la región, se reunió y ante la gravedad de los hechos se dirigió al lugar en donde pudo constatar:

1. El estado de indefensión y el grave estado de salud de los campesinos relacionados, a causa de la acción de los Militares.

2. El grupo de Militares no tenía distintivos de identificación.

3. El grupo de militares tenían escondidos en el monte (alejados del Camino) a los campesinos retenidos arbitrariamente.

Ante la reacción oportuna de la comunidad, el grupo de militares puso en libertad a los maltrechos Jesús Cerón, José Carlos Osama Y Adinael Burbano y finalmente expresaron que “iban a acabar con la comunidad porque son guerrilleros”.

Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Tumaco y en rechazo a las acciones y extralimitaciones de las Fuerzas Regulares del Estado Colombiano y ante el temor de las comunidades y los ciudadanos afectados

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano, y en particular al Mayor General Justo Eliseo Peña Sánchez comandante de la III División del Ejército de Colombia, por la vida e integridad física de los ciudadanos colombianos relacionados en los hechos de esta denuncia, asentados en la zona de operaciones de las unidades militares que dirige.

EXIGIMOS

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

– El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al Estado Colombiano

– El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

– Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los campesinos y sus organizaciones en el Departamento de Nariño por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado.

– Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad personal, de los Ciudadanos, los integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento de Nariño.

– Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales en los hechos descritos en esta denuncia.

A la Gobernación de Nariño

– Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los campesinos y sus organizaciones en el Departamento de Nariño por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado.

– Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad personal, de los Ciudadanos, los integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento de Nariño.

– Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales en los hechos descritos en esta denuncia.

A la Defensoría del Pueblo

– Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad personal, de los Ciudadanos, los integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento de Nariño.

– Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales en los hechos descritos en esta denuncia.

SOLICITAMOS

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

– En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones Populares a mantenerse atentos y alerta la critica situación de derechos humanos que están afrontando el departamento de Nariño.