Montajes en internet ponen en riesgo la vida de integrantes de organizaciones universitarias y juveniles en Medellín

Viernes 5 de febrero de 2010, por Fun Comisiones

Universitarios | Colombia | Criminalización de movimientos sociales |

HECHOS:

El día 18 y 19 de enero, fueron creadas unas cuentas en la página Facebook utilizando montajes y colocando en riesgo la integridad física de:
- Edwin Mauricio Villamil Garzón, integrante de la Federación Universitaria Nacional-Comisiones, integrante del Comité Ejecutivo Municipal del Polo Democrático Alternativo en Medellín y miembro de la dirección nacional de la FUN-Comisiones.
- Juan Camilo Puerta Velázquez, militante de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO) e integrante del Comité Ejecutivo Municipal del Polo Democrático Alternativo en Medellín.
- Gina Alzarate Soto, militante de la JUCO y familiar asociada de ASFADDES.
- Ana Castañeda, estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín.
- Rodrigo Andrés Alvarez Galíndez, miembro del Comité Ejecutivo Central de la JUCO y de la dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo.
En las cuentas que abrieron a nombre de estas personas, se están realizando montajes con imágenes de Manuel Marulanda, fotos personales y mensajes alusivos señalándolos como miembros de las FARC y el PC3.1

CONTEXTO:

La Federación Universitaria Nacional – Comisiones – MODEP y la Juventud Comunista Colombiana en Antioquia están siendo criminalizadas en el proceso que ha adelantado la Fiscal 74 bajo el radicado 686. Este proceso hace referencia a la existencia de un informe de inteligencia elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones y Fiscalía en coordinación con la IV Brigada del Ejército Nacional, en el cual se relaciona a organizaciones políticas, sindicatos, defensoras de derechos humanos, estudiantiles y culturales como supuestos integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC de las FARC- EP).
En este informe se reseñan personas a las cuales se les elabora un perfil, dentro del cual se anotan las actividades amplias que desarrollan organizaciones sociales, populares, estudiantiles y de derechos humanos con el movimiento insurgente, evidenciándose la intención de los militares de incriminar a sus integrantes, señalando las participaciones en marchas, acciones reivindicativas y asesorías judiciales entre otras, como acciones o actos “fachada” realizadas por los miembros que hacen parte de esos grupos insurgentes. Estas informaciones se basan en testimonios descalificados en otros procesos penales, pero que son usados recurrentemente e informantes animados por la obtención de beneficios jurídicos y económicos.
Es de recalcar que en ningún caso este tipo de informes de inteligencia constituyen una prueba suficiente para dar inicio a procesos judiciales, esto ha sido reiterado por la Corte Constitucional.
En el mes de marzo de 2009 comparecieron voluntariamente ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada un grupo de más o menos quince estudiantes de la Universidad de Antioquia, allí se enteraron que existía una investigación contra cuatro de esas personas, de las cuales tres hacen parte del MOVICE. A la fecha estas personas han sido vinculadas a una investigación formal, y una de ellas, Winston Gallego Pamplona, integrante de la Fundación Sumapaz, se encuentra detenido desde el 10 de junio de 2009.
Desde el momento en el que se conoce el proceso, las organizaciones hicieron manifiesta su disposición para comparecer ante la Fiscal 74 y buscaron habilitar espacios de interlocución con dicha funcionaria, la ONU y la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de Medellín; en estos espacios fue reiterativo el llamado de las organizaciones de que el caso saliera de la guarnición militar, ya que en ella no existe ningún tipo de independencia y por el contrario se había otorgado funciones de policía judicial a los militares dejándoles direccionar el proceso. Se resalta que en la reunión convocada por las organizaciones señaladas en el proceso, con representantes de la ONU el día 28 de mayo de 2009 en la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ! en Medellín y en la que estuvo presente la Fiscal 74, esta dejó constancia en el proceso de que: “Se había reunido con miembros del Partido Comunista Clandestino de las FARC – PC3”; este tipo de señalamiento no solo estigmatizan a los miembros de las organizaciones sino que pone en entredicho el papel de la ONU.

PETICIONES:

- Garantizar el ejercicio del derecho a la organización y a la actividad política, sin que esto sea causante de persecución.

- Garantizar una investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, que permita el enjuiciamiento y sanción de los responsables.

- Solicitamos a los organismos de control del Estado que se active el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social.

- Responsabilizamos al Gobierno Nacional de la protección a la vida, integridad física y psicológica de los integrantes de la FUN- Comisiones – MODEP y JUCO en Antioquia.

- Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, al Cuerpo Diplomático y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano el respeto y la protección de los y las integrantes de organizaciones juveniles y universitarias.

- Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento público.

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