Movimiento Ríos Vivos es un colectivo de derechos humanos compuesto por asociaciones y familias de las sub-regiones del Occidente Norte y Bajo-Cauca antioqueño, afectadas por la explotación minera a gran escala y principalmente la megacentral hidroeléctrica Hidroituango, así como otras obras de infraestructura que destruyen ecosistemas ligados a los ríos en Colombia.

Colombia encabeza el listado mundial de personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas. Front Line Defenders identificó en su informe anual del 2019 que el 35% de todos los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurrieron en Colombia. Durante los últimos cinco años, Colombia ha sido consecutivamente el 07país donde Front Line Defenders ha registrado el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos a nivel mundial. Desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 hasta septiembre de 2020, Front Line Defenders ha documentado cientos de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Estos ataques tienen lugar en un contexto en el que los funcionarios del gobierno deslegitiman de manera rutinaria el trabajo de los defensores de derechos humanos y cuestionan públicamente su motivación. La impunidad de estos asesinatos es desenfrenada. Las personas defensoras de la tierra y el ambiente trabajan a la sombra de una violencia intensa y, a menudo, se ven atrapados en medio de disputas prolongadas entre actores armados ilegales, narcotraficantes, terratenientes y actividades extractivas.

Según estudios de impacto especializados, las obras de gran escala, como lo son los proyectos hidroeléctricos, han resultado en múltiples violaciones a los derechos humanos como, amenazas, asesinatos, hostigamiento judicial y desplazamiento. Además, dichos proyectos han causado daños irreversibles a los ecosistemas locales, así como la destrucción de economías locales y regionales -centradas en la agricultura y la pesca-. Hidroituango, a orillas del río Cauca, el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia de Colombia, implementado por Sociedad Hidroeléctrica Ituango SA y Empresas Públicas de Medellín EMP, es el ejemplo más reciente de la lucha incansable de los defensores y defensoras de derechos humanos y las comunidades por conservar los ecosistemas y su vida social y económica.

En abril de 2018, cerca de la finalización de la construcción de la presa, dos de los túneles de desviación del río se bloquearon prematuramente con cemento. Esto provocó la inundación de bosque seco tropical de más de 4 mil hectáreas y dejó a más de 59,000 personas sin hogar y seguridad alimentaria, afectando el derecho a la vida digna de los habitantes de los municipios de Buriticá, Liborina, Caucasia, Tarazá, Toledo, Briceño, ltuango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Peque, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guarandá, Achi, San Jacinto y Magangué Frente. A pesar de que, el 26 de agosto de 2019, la Fiscalía acusó al ex gerente de la empresa Hidroituango y al ex gerente de EPM-Ituango -empresa administradora del proyecto- del delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, la audiencia de acusación se ha aplazado en varias ocasiones y el caso se ha transferido del fiscal a fiscal.

Tras 11 años de resistencia activa en contra del proyecto de la represa hidroeléctrica de Ituango, seis integrantes del Movimiento Ríos Vivos y otros más de treinta lideres y lideresas y familiares, han sido asesinados en la zona afectada. Estos asesinatos siguen en la impunidad, y reflejan la trágica tendencia en Colombia de un aumento de las violaciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente aquellos/as que se atreven a defender la tierra y el ambiente en territorios de aguda violencia.

Movimiento Ríos Vivos es un colectivo de derechos humanos compuesto por asociaciones y familias de las sub-regiones del Occidente Norte y Bajo-Cauca antioqueño, afectadas por la explotación minera a gran escala y principalmente la megacentral hidroeléctrica Hidroituango, así como otras obras de infraestructura que destruyen ecosistemas ligados a los ríos en Colombia. Isabel Cristina Zuleta oriunda de Ituango, co-fundadora y vocera del Movimiento Ríos Antioquia, ha dispuesto su vida para dignificar la vida de ‘los cañoneros’, quienes hacen su historia al lado del río Cauca, visibilizando las secuelas del megaproyecto Hidroituango. Desde el año 2012, Zuleta junto a todos los integrantes del movimiento, han hecho reiteradas peticiones de medidas de protección en favor de las víctimas de Hidroituango. Sin embargo, a la fecha, ni los gobiernos nacionales, departamentales ó locales, han cumplido las resoluciones, actos administrativos e incluso las dos decisiones judiciales a favor del Movimiento Ríos Vivos y las víctimas.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es el órgano del Estado que tiene el deber de velar por la seguridad de los líderes y lideresas sociales. La entidad protectora presenta grandes limitaciones en su ejecución. A pesar de proveer esquemas de protección tanto individual como colectiva, desde sus inicios, la Unidad de Protección Nacional ha tenido un enfoque más reactivo individual que colectivo preventivo. Esto sumado a los escándalos de corrupción que ha tenido -presunta venta de información de personas amenazadas, huelgas y desfalcos presupuestarios- socava gravemente la eficacia del organismo de protección. Movimiento Ríos Vivos ha sufrido las consecuencias de estas limitaciones. El 27 de julio de 2018, Ríos Vivos solicitó medidas de protección colectiva e individual para los líderes y lideresas del Movimiento. A pesar de que el 2 de octubre de 2019, el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) calificó el riesgo como extraordinario y el 19 de julio de 2019 la Unidad Nacional de Protección ordenó la activación de un esquema de protección colectiva, a la fecha solo dos de los integrantes de Ríos Vivos cuentan con medidas de seguridad individuales y la mayoría de las medidas colectivas no se han implementado.

El 25 de septiembre de 2020, Front Line Defenders envió una carta a las autoridades colombianas y otras partes interesadas expresando su preocupación por la reducción de medidas de seguridad a líderes y lideresas sociales, acción poco congruente con la prioridad que dice el gobierno le da a la UNP. Por ejemplo, a pesar de las numerosas amenazas y campañas de desprestigio en contra de la defensora Isabel Cristina Zuleta, la UNP decidió reducir sus medidas de seguridad retirando el apoyo de un vehículo blindado. La defensora de derechos humanos enfrenta un riesgo inminente como resultado del trabajo que realiza en territorios donde hay gran presencia de grupos armados ilegales.

Después de más de dos años de la catástrofe humanitaria y ambiental de Hidroituango, el Movimiento Ríos Vivos en representación de las comunidades afectadas ha ganado dos fallos ante juzgados penales y civiles en Bogotá. El juzgado 75 penal con funciones de control de garantías de Bogotá otorgó medidas cautelares a las víctimas de Hidroituango y el juzgado 45 civil del circuito de Bogotá ordenó el restablecimiento de derechos fundamentales y reparación del daño. Sin embargo hasta la fecha, ni la empresa contratante Sociedad Hidroeléctrica Ituango SA, ni la empresa gestora del proyecto Empresas Públicas de Medellín, ni el Gobierno de Colombia, el Gobierno de Antioquia o los alcaldes de la zona afectada, han cumplido con estas decisiones judiciales o han adelantado acciones en materia de protección y seguridad para los integrantes del Movimiento Ríos Vivos.

Front Line Defenders destaca enfáticamente que las violaciones que enfrenta el Movimiento Ríos Vivos no corresponden a un caso aislado, sino a una amplia estrategia de persecución, amenazas, hostigamiento judicial y asesinatos selectivos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en Colombia.

Front Line Defenders le recuerda respetuosamente a las autoridades de Colombia que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, reconoce la legitimidad de las actividades de las y los defensores de derechos humanos, su derecho a la libertad de asociación y realizar sus actividades sin temor a represalias.

En este contexto, instamos a las autoridades colombianas que hagan efectivas cada una de las medidas administrativas y judiciales en favor de las víctimas de Hidroituango y en particular de las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos.

Así mismo instamos al gobierno Colombiano y su Unidad de Protección Nacional adoptar sin demora mecanismos efectivos de protección colectiva para garantizar la protección de la vida y la valiosa labor que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos ambientales, contra toda violencia, amenazas, represalias, discriminación, presión o cualquier otra acción arbitraria que resulte del legítimo ejercicio de los derechos mencionados en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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Adam Shapiro
Front Line Defenders
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