La violencia sexual es una de las agresiones de género reconocidas internacionalmente como más degradante. Las sobrevivientes padecen un gran sufrimiento emocional, daños psicológicos, lesiones físicas, enfermedades y ostracismo social.
Las agresiones sexuales no sólo las cometen familiares o conocidos, sino que también son perpetradas por agentes del Estado cuya función debería ser proteger a las mujeres. Tanto en situaciones de conflicto como en tiempos de paz, cuando las agresiones sexuales son cometidas por agentes del Estado, se incrementan la impunidad y los obstáculos de las víctimas para obtener justicia.
Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar las agresiones sexuales contra las mujeres, incluidas las cometidas por sus propios agentes, así como de garantizar el derecho de las víctimas a obtener justicia, asistencia y reparación.
