Nos dirigimos nuevamente a los organismos internacionales para dejar constancia que, pese al silencio del Gobierno colombiano frente la activación del paramilitarismo en la zona de Urabá, los campesinos(as) siguen siendo sometidos a la ley de las armas por parte de los paramilitares. Igualmente, damos cuenta de las continuas amenazas y abusos de poder por efectivos de la fuerza pública que desacatan los principios del derecho internacional humanitario y no diferencian en sus operativos entre población civil no combatiente y guerrilleros. En nuestras comunicaciones hemos insistido que precisamente, el gobierno colombiano utiliza la lucha contra la guerrilla y sus operativos de guerra como una estrategia de control social contra los campesinos y campesinas que nada tienen que ver con la subversión. A continuación detallamos las agresiones a las que cotidianamente están sometidas las comunidades que acompañamos.
Corte Penal Internacional
Exp. OTP-CR. 266/07
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso 12325
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
Narni, junio 09 de 2014
Asunto: Operativos cívico-paramilitares se incrementan en el Urabá. Militares detienen y ultrajan a miembros de la comunidad de Paz. Nuevos anuncios de aniquilamiento de la Comunidad. Más amenazas e intentos de asesinato a reclamantes de tierra de Jiguaminadó y Curvaradó.
Nos dirigimos nuevamente a los organismos internacionales para dejar constancia que, pese al silencio del Gobierno colombiano frente la activación del paramilitarismo en la zona de Urabá, los campesinos(as) siguen siendo sometidos a la ley de las armas por parte de los paramilitares. Igualmente, damos cuenta de las continuas amenazas y abusos de poder por efectivos de la fuerza pública que desacatan los principios del derecho internacional humanitario y no diferencian en sus operativos entre población civil no combatiente y guerrilleros. En nuestras comunicaciones hemos insistido que precisamente, el gobierno colombiano utiliza la lucha contra la guerrilla y sus operativos de guerra como una estrategia de control social contra los campesinos y campesinas que nada tienen que ver con la subversión. A continuación detallamos las agresiones a las que cotidianamente están sometidas las comunidades que acompañamos.
CASO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
El gobierno colombiano tiene conocimiento de lo que acontece en el Urabá antioqueño y sin embargo, los paramilitares continúan desarrollando su plan cívico militar de guerra en las veredas Rodoxali, Zabaleta y la Hoz del Corregimiento de San José con total impunidad. Allí, vienen construyendo carreteras, y viviendas obligando a la población a colaborar con el transporte de los materiales del casco urbano hasta las respectivas veredas, sin que las autoridades locales, regionales, departamentales y del orden nacional intervengan o pongan fin al actuar paramilitar. Asi mismo se constata el uso de las detonaciones por parte de los militares en el casco urbano de San José de Apartadó, sin el más mínimo respeto frente a la población campesina que allí reside. Concretamente:
Martes 6 de mayo de 2014; hacia las 9:45 horas y posteriormente a las 9:55 horas detonaron dos artefactos explosivos, el primero de ellos en el paraje de la antena, junto a una base militar instalada ilegalmente y el segundo artefacto en el casco urbano de San José de Apartado.
Miércoles 7 de mayo de 2014; un grupo de paramilitares encapuchados y portando armas largas transitaron por los alrededores del sitio los mandarinos, vereda en la cual fue asesinado un poblador.
Viernes 9 de mayo de 2014; en el sitio conocido como el barro en la vereda Mulatos perteneciente al corregimiento de San José, se presentó un enfrentamiento entre tropas militares con guerrilleros de las Farc.
Miércoles 14 de mayo de 2014; en la vereda Mulatos tropas militares retuvieron a un miembro de la Comunidad de Paz, a quien interrogaron sobre el paradero de la guerrilla, pues, según los militares, la comunidad tenia conocimientos de los movimientos de la guerrilla. Después de varios minutos y de insultos, lo dejaron en libertad.
Viernes 16 de mayo de 2014; tropas militares ingresaron abusivamente en un predio de la Comunidad de Paz en la vereda la Unión, concretamente en los cultivos de las familias de la comunidad. Haciendo gala del abuso de poder, prohibieron a los miembros de la Comunidad a transitar por el lugar, siendo la comunidad la dueña de la propiedad.
Sábado 17 de mayo de 2014; hacia las 9:30 horas se presentó un enfrentamiento entre tropas militares adscritas a la Brigada móvil 24 y las Farc en la vereda la Esperanza perteneciente al corregimiento de San José. Los militares habían llegado minutos antes a la vivienda del campesino TEODORO LÓPEZ, a la cual saquearon y se robaron animales de corral entro otros enseres como vivires de supervivencia de la familia, destruyendo la ropa de la familia. Para el combate los militares se atrincheraron allí, resultando la vivienda averiada por los proyectiles en el intercambio de disparos.
Martes 20 de mayo de 2014; en la vereda la Unión, tropas militares retuvieron a LUIS ARNOLDO DAVID, miembro de la Comunidad de Paz, lo obligaron a tenderse en el suelo, y sometido a ultrajes físicos y psicológicos, lo acusaron de ser un jefe guerrillero que operaba en el departamento de Córdoba.
Miércoles 21 de mayo de 2014; hacia las 11:30 en la vereda la Unión un grupo de miembros de la Comunidad de Paz acompañados de internacionales se acercaron al grupo militar ubicado en cultivos de la Comunidad, para exigirles que deberían retirarse de allí. Ante tal solicitud, los efectivos respondieron que estaban allí por órdenes de los superiores. Cuando se les pidió la identificación en línea de mando y Brigada a la que pertenecen, respondieron que pertenecían a la Brigada del Ejercito Nacional numero 11, pero otro uniformado alegó diciendo que eran de la Brigada XVII. Dicho comportamiento evidencia la negligencia y evasión de los efectivos para informar sobre su identificación.
Jueves 22 de mayo de 2014; tropas militares adscritas a la Brigada Móvil numero 24, irrumpieron arbitrariamente en las viviendas de la Comunidad de Paz en la vereda la Esperanza.
Sábado 24 de mayo de 2014; hacia las 21:00 horas se escucharon varios disparos en la Base militar de San José. Miembros de la comunidad creen que los disparos se utilizarón para amedrantar a la población civil, exactamente en vísperas de las elecciones presidenciales.
Viernes 30 de mayo de 2014, hacia las 01:20 horas, se registraron varios disparos con arma de largo alcance en inmediaciones del casco urbano de San José de Apartadó. Hace ya mucho tiempo que el caserío está sometido a una constante zozobra por tiroteos y explosiones continuas y muchos de sus pobladores están convencidos de que los disparos y los explosivos provienen de la fuerza pública allí acantonada, impulsada por el afán de justificar su presencia y su accionar violento en el lugar.
Sábado 31 de mayo 2014, paramilitares en la vereda Murmullo, del corregimiento de Batata, amenazaron a las familias de la Comunidad de Paz que habitan en las veredas Alto Joaquín, Las Claras, Naín o el Guineo y Puerto Nuevo, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba. Dicen de exterminar totalmente a la Comunidad de Paz, acusándola de ser colaboradora de la guerrilla.
Lunes 2 de junio de 2014, hacia las 9:25 horas, detonó un artefacto explosivo, y una hora más tarde, exactamente a las 10:35 horas, detonó otro artefacto en el casco urbano de San José de Apartadó.
Martes 3 de junio de 2014, hacia las 11: 00 y posteriormente a las 11:20 horas, cuando se realizaban jornadas estudiantiles en la escuela, detonaron dos artefactos explosivos, junto a los espacios e instalaciones de la escuela en el casco urbano de San José.
Miércoles 4 de junio de 2014, la fuerza pública con la instalación de una base en el sitio conocido como La Antena, en el corregimiento de San José, irrumpió en los espacios de trabajo y producción de alimentos de cuatro familias que habitan allí. Como verdaderos saqueadores, los militares han robado productos de las familias, han destruido potreros, cultivos de cacao, yuca, maíz y frijol, además han instalado artefactos explosivos en esos lugares, lo que ha impedido que las familias puedan salir a cultivar en el campo.
Caso CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ
Martes 20 de mayo de 2014, un grupo de hombres armados llegó, en busca de ENRIQUE CABEZAS, líder del movimiento de restitución de tierras, a una casa en la que éste se ocultaba en el poblado de Llano Rico, municipio de Ríosucio, departamento del Chocó. Unos minutos antes, ENRIQUE CABEZAS, a quien unos individuos no identificados habían estado siguiendo desde primeras horas de la tarde, fue amenazado de muerte telefónicamente. ENRIQUE CABEZAS logró escapar. Este activista ha estado recibiendo numerosas amenazas, ya que es uno de los que denuncian los vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en la zona, y denuncia el establecimiento de una base militar en tierras de propiedad colectiva reclamadas por las comunidades del Curvaradó. El Batallón Selva Nº 54, que forma parte de la Brigada XVII, tiene una base militar situada en Llano Rico.
Ese mismo día, RAFAEL TRUAQUERO, también reclamante de tierras, recibió una llamada telefónica con amenazas. En ella le dijeron que él y su familia, incluida su hermana, la lideresa comunitaria YOMAIRA MENDOZA, morirían si no facilitaba información sobre el paradero de ENRIQUE CABEZAS.
Jueves 22 de mayo de 2014. Después del atentado del que logró huir ENRIQUE CABEZAS el 20 de mayo, siguió recibiendo amenazas de muerte a través de sms, al igual que YOMAIRA MENDONZA. Ante las intimidaciones los líderes ENRIQUE y YOMAIRA se vieron obligados a desplazarse por segunda vez en menos de seis meses hacia Bogotá.
Estos hechos constatan la inoperancia de las autoridades y la incapacidad del aparato judicial de investigar con eficacia y celeridad estos hechos criminales y sus responsables, así como, la ausencia de medidas eficaces de la fuerza pública para desmontar las estructuras paramilitares y proteger a los afromestizos habitantes legítimos y legales del territorio colectivo.
Viernes 23 de mayo del 2014. Durante más de 30 minutos tres hombres, presuntos sicarios, vigilaban la sede de la Comisión de Justicia y Paz justo cuando los líderes de restitución de tierras comunales de Curvaradó, YOMAIRA MENDOZA Y ENRIQUE CABEZAS, estaban allí porque tuvieron que desplazarse desde Chocó hasta Bogotá, debido a las amenazas de muerte. Así mismo, en el mismo lugar había más de 109 delegados de las comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, reunidos para sesionar sobre su propuesta de Comisión de la Verdad, solicitando al gobierno nacional asiento en el Consejo Nacional de Paz. Los tres hombres fueron descubiertos por un grupo de escoltas asignados por la UNP a la Comisión de Justicia y Paz cuando observaban el seguimiento visual a las personas que ingresaban a la oficina de dicha organización. La Policía Nacional tras ser informada se presentó en el lugar después de dos horas.
La situación de ENRIQUE CABEZAS, YOMAIRA MENDOZA, RAFAEL TRUAQUERO y otros miembros y reclamantes de tierras de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó es de extrema gravedad puesto que permanentemente son blancos de agresiones e intimidaciones sin que hasta el momento desde las instancias judiciales se tomen medidas para investigar, detener y juzgar a los responsables de las mismas. Por ello, solicitamos a los Organismos internacionales que persuadan al actual gobierno colombiano para que se preocupe y persone a fin de brindar protección efectiva a quienes lo soliciten, de acuerdo con el contexto de los propios afectados.
Como acompañantes internacionales de estas comunidades, lo que más nos preocupa, es que las agresiones y la frecuencia de las mismas siguen los mismos esquemas. En lo que llevamos de este año, observamos que por parte de la Comunidad de Paz los hechos que más se repiten son las detenciones arbitrarias por parte de efectivos policiales y del ejército, señalamientos por parte de éstos hacia miembros de la comunidad como si fueran colaboradores de la guerrilla, detonaciones en zonas pobladas por civiles, ocupación ilegal por tropas de los espacios comunitarios y de trabajo de propiedad de la Comunidad y, presencia y actuar de los paramilitares ante la indiferencia de las fuerzas armadas y autoridades de Urabá.
En lo que respecta a las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, observamos que las intimidaciones, amenazas e intentos de asesinato a líderes reclamantes de tierra son permanentes; igualmente observamos los abusos de poder por parte de efectivos militares y la indiferencia de éstos ante los grupos paramilitares que operan en la zona. De la misma manera, confirmamos la falta de inoperancia por parte de las autoridades y justicia colombianas para investigar y detener a sujetos que con fines de lucro destierran y hacen un uso abusivo de los territorios colectivos de los afrocolombianos.
Pero, lo más preocupante es la total impunidad ante los criminales. En efecto, hemos constatado en las respuestas recibidas por los órganos de control, policía y Fiscalía que se abren expedientes de noticias críminis y los procesos no superan la fase preliminar, justificando el hecho de que las víctimas no colaboran con las investigaciones. En efecto es muy preocupante la constante incriminación a las comunidades por falta de colaboración con la justicia, hasta el punto de que la Procuraduría de San José de Apartadó nos ha solicitado números de móviles y ubicación de las víctimas, en vez de investigar a los presuntos responsables.
Por lo tanto solicitamos una presión más contundente por parte de los organismos internacionales para que el estado colombiano se adecue a la normativa internacional de respeto de los derechos humanos en coherencia con los tratados que el mismo Estado ha ratificado. En este sentido es urgente que las autoridades colombianas y sobre todo, el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos tenga como prioridad el desmantelamiento de la estrategia paramilitar tan profundamente arraigada en el sistema sociopolítico y económico colombiano, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos.
Esperamos entonces que los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, en el marco del Derecho Internacional, realicen las acciones permitidas para que el Gobierno colombiano ponga fin a la sistematicidad de violaciones a la dignidad humana en Colombia. Igualmente solicitamos al actual Gobierno para que se persone en el proceso de investigación, aclaración y judicialización de las violaciones que denuncian las comunidades rurales de Colombia.
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti
Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su Consejo Nacional:
Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).
Con copia a:
Presidencia de la República de Colombia, Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento de Policia Urabá, Comando de la Brigada XVII.