El CCAJAR que nació hace 31 años justamente para buscar en las instancias de la justicia colombiana, primero, el castigo a crímenes de lesa humanidad cometidos con la anuencia o la participación directa de agentes estatales, y que ante la impunidad reinante ha debido acudir a instancias internacionales, se ha destacado a lo largo de su historia por la seriedad, honestidad y responsabilidad con que ha tramitado los casos. Es hoy el centro de la agresión que orquesta el gobierno y sus cavernarios en la criminalización y sanción de la protesta y denuncia social.
LOS HECHOS.
Frente a la masacre de Mapiripán–confesada por el jefe paramilitar Carlos Castaño, en reivindicación como “parte de guerra”- ante la incapacidad del Estado siquiera en reconocerla y menos aún investigarla y castigarla, el CCAJAR asumió la acción judicial ante la Corte Interamericana de DD.HH. en representación de unas cuantas familias que se declararon víctimas ante las instancias judiciales colombianas e internacionales. La masacre no es un artificio, la masacre existe: otros jefes paramilitares,el Juez de Mapiripán y autoridades de la zona reconocieron la existencia de decenas de asesinados, descuartizados y tirados al ríoasí como el éxodo que la operación de terror provocó,en evidente complicidad con autoridades militares de alto rango en apoyo omisivo o activo a los escuadrones paramilitares. La justicia internacional, como es obvio, conminó al Estado colombiano a investigar, individualizar y esclarecer los hechos, lo que hasta ahora no ha sucedido. Aparecen ahora testimonios de supuestas víctimas que indican no haberlo sido (a pesar de haber declarado ante notarios y jueces colombianos y directamente ante la CIDH) y con ese supuesto se pretende hacer todo un montaje contra los abogados de las víctimas, que deben partir, de acuerdo a los términos constitucionales, del precepto de la buena fe.
LA TRAMA:
Esta andanada y urdimbre no es más que la intentona de deslegitimar a los defensores de DD.HH., ante la imposibilidad de los más oscuros sectores de acallarlos, asesinarlos o implicarlos en delitos, y ahora se pretende desbarrar lo único que tienen: su honra y credibilidad. A la orquestada campaña desde las instancias del Gobierno, el Estado con su Fiscalía, se suman voces como las de personajes acusados por el CAJAR de delitos, los que ahora desde su posición de directores u opinadores de medios toman partido en su favor buscando deslegitimar las acciones del CAJAR. Pero como esta campaña con absoluta seguridad se encaminará también contra las demás organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes suscribimos esta denuncia por las burdas acusaciones y en respaldo a la actividad del CAJAR, llamamos a todas las organizaciones sociales de Colombia y el exterior a respaldar al CAJAR y a exigir del Estado el cese de la hostilidad y la sanción ejemplar a los autores de las múltiples masacres, crímenes selectivos, falsos positivos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y toda suerte de crímenes de lesas humanidad que se han intensificado en el país en los últimos treinta años con responsabilidad, complicidad o anuencia de agentes estatales.
LA OSCURA PRETENSIÓN:
Hoy el Estado colombiano y sus sectores auspiciadores del oscurantismo y del status quo preparan mediáticamente a la sociedad nacional e internacional para que digiera sus pretensiones de elevada impunidad consolidadas en admitir y aprobar
• El restablecimiento pleno del fuero penal militar,
• La absolución en segunda instancia del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en el caso Palacio de Justicia “El héroe nacional del actual Comandante de las FFMM”,
• La absolución por la Corte Suprema de la sentencia contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, además vinculado formalmente por la Fiscalía a la masacre de San Carlos de Guaroa;
• Encubrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las crudezas del caso Santo Domingo ante cuya instancia se inicia su conocimiento.
• Absolver a los Agentes del Estado implicados en los casos de falsos positivos cuyas investigaciones empiezan a afectar a altos mandos militares, constituidas en asesinatos de jóvenes inocentes por sus efectivos como resultado de la siniestra circular #029-2005 del Ministro de Defensa.
• Absolver de investigaciones y juicios a los autores intelectuales de las “chuzadas del DAS”que toman forma en el círculo presidencial de Uribe Vélez, como María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, defendidos públicamente por el Presidente Juan Manuel Santos.
RESPALDO.
Suscribimos este mensaje de Solidaridad con el CCAJAR y sus Abogados, como respaldo a un trabajo del que confiamos y como muestra de voluntad para acompañarlos hasta alcanzar la verdad oculta en este embate del establecimiento contra los que de él disentimos.
Comité Permanente por la Defensa de los DDHH Santander
Comisión Nacional de Desplazados
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Santander
Centro de Cultura José Antonio Galán
