Preocupados y consternados por los últimos acontecimientos relacionados con los primeros bombardeos al Parque Nacional Natural “La Macarena”, nosotros miembros de la comunidad ambientalista exigimos la suspensión inmediata de estas operaciones decididas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como respuesta a la fallida estrategia militar de garantizar seguridad a los erradicadores manuales de hoja de coca.

No nos queda la menor duda que el derecho a la vida de los 11 mil colonos e indígenas Guayaberos que habitan el Parque, debe primar sobre cualquier consideración de tipo militar. Estamos seguros que ni las 4.700 hectáreas de coca oficialmente detectadas, ni la marginalidad social, ni el conflicto armado se acabarán con la caída de las bombas sobre el ecosistema y los pobladores. Ambos fenómenos responden a causas políticas, sociales y económicas profundas que sólo encontrarán solución con reformas estructurales largamente reclamadas por las organizaciones sociales de la región. Por esta razón señalamos nuestro desacuerdo con las respuestas violentas al conflicto ambiental, social y armado presente en el PNN La Macarena, y afirmamos nuestra opción por la solución pacífica y política del conflicto. Ello incluye la concertación con el campesinado para promover opciones económicas sostenibles que disminuyan progresivamente el peso de la producción cocalera.

Como defensores de los derechos de la naturaleza, de ninguna manera aceptamos el atentado al patrimonio ecológico que los aviones K-Fir, Tucabo y OV10 causan a ese patrimonio ambiental, preservado por décadas con el esfuerzo de distintas personas, organizaciones e instituciones. Son acciones militares agresivas que violan el Tratado de Diversidad Biológica suscrito por Colombia en la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro en 1992, y Acuerdos y Protocolos Internacionales que protegen a la población civil.

Según el Comandante de las Fuerzas militares General Carlos Alberto Ospina “No se trata de un ataque indiscriminado. Los bombardeos no causarán un daño diferente al de neutralizar algunos puntos”, sin embargo los bombardeos “localizados” generan impactos irreversibles que se suman al efecto ya causado por la actividad cocalera. Aunque pareciera que estos bombardeos se llevan a cabo con el ánimo de garantizar la seguridad de los erradicadores manuales de coca, resulta contradictorio con el objetivo inicial de la erradicación manual: la protección del ambiente.

Mientras el presidente de la República se encuentra adelantando gestiones para la Firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un tratado que afectará negativamente al pueblo colombiano, en nuestro país se materializan acciones indiscriminadas que al igual que el TLC obedecen a intereses ajenos a nuestra nación, poniendo en riesgo la vida, la biodiversidad, la soberanía, y en general el patrimonio natural.

Por las consideraciones anteriores hacemos un llamado a las personas, organizaciones, instituciones y a la sociedad en general, a que levantemos nuestra voz de protesta frente a tamaño despropósito, que bajo un falso lenguaje de protección ambiental, responde a intereses hegemónicos de los Estados Unidos, como también sucede con la firma del Tratado de Libre Comercio. Estamos seguros de tener la razón y la pasión para comprometernos con las políticas justas y acordes con la preservación de la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Sabemos que las organizaciones, los movimientos nacionales e internacionales y las personas que aman la democracia y la naturaleza nos acompañan en la defensa del Parque Nacional Natural de La Macarena, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1933.