Una practica socorrida por parte de los dirigentes del establecimiento y los influyentes medios de comunicación en el país es presentar un enfoque sesgado del contenido del conflicto actual y proyectar un modelo de negociación para la paz a partir de las consecuencias de la confrontación interna…
Una practica socorrida por parte de los dirigentes del establecimiento y los influyentes medios de comunicación en el país es presentar un enfoque sesgado del contenido del conflicto actual y proyectar un modelo de negociación para la paz a partir de las consecuencias de la confrontación interna, es decir, sugiriendo que el problema se reduciría a la existencia de la guerrilla y por lo tanto que la solución estaría ligada a su sola desaparición; algunos incluso hablan de “acabar la guerra” pero evadiendo la solución de sus causas. Sistemáticamente se ocultan los hechos históricos que dieron origen al conflicto, el desarrollo y tratamiento del mismo a lo largo de los últimos cuarenta años y la experiencia de los diversos intentos de una solución al mismo.
Para comprender la confrontación colombiana se requiere de un análisis integral, de sus causas y consecuencias, el papel que ha desempeñado la violencia institucional y los factores conexos como el paramilitarismo; el tipo de régimen político que se ha establecido en el país, los niveles de acumulación de la tierra y la riqueza en unas pocas manos; la situación de miseria en que se encuentra sumida la inmensa mayoría de la población; la férrea dependencia de la economía, la política y las decisiones militares de los dictados de la administración norteamericana, etc.
Cómo ha abordado el tratamiento del conflicto el gobierno del presidente Uribe y cuales han sido los resultados en este primer mandato?; Se producirá un viraje en la política militar y en la concepción oficial para lograr la paz?
PERO, CUAL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO?
Desde finales de los años 40 y durante la década de los 50 franjas enteras de la población rural se vieron obligadas a organizarse en autodefensas campesinas para defenderse de la persistente violencia originada desde la propia estructura del Estado dominada por el Partido Conservador. Es conocida la irrupción de las guerrillas liberales del llano como recurso para enfrentar la violencia oficial. Los estudiosos del tema calculan que en este periodo hubo más de 300 mil muertos, centenares de heridos y miles de desplazados, que fueron despojados de sus tierras. Las guerrillas liberales aceptaron una oferta de paz del General Rojas y se desmovilizaron en 1953, tiempo después los principales jefes reinsertados, como Guadalupe Salcedo y sus compañeros, fueron asesinados uno a uno.
Después de muchos intentos fallidos para que fueran escuchados por el gobierno, el movimiento agrario de autodefensa se transforma en guerrilla más o menos en 1964, luego del ataque del gobierno de Guillermo León Valencia a Marquetalia. Este hecho de la historia Colombiana cumple algo más de 40 años, y de ellos, por lo menos durante treinta y cinco ha predominado la tesis de que a la guerrilla hay que liquidarla militarmente. De hecho cada nuevo presidente llega estrenando una estrategia militar. Más recientemente conocimos el ataque militar del gobierno de Cesar Gaviria a Casa Verde, los Planes destructor I y II de Ernesto Samper; el “Plan Colombia” de Pastrana, y luego la “Política de seguridad democrática” y la II fase del Plan Colombia, conocida como “Plan Patriota” que viene ejecutando el presidente Álvaro Uribe.
El rasgo distintivo de la historia nacional, en sus propios orígenes, es la violencia ejercida desde el poder, tendiente a acallar cualquier signo de oposición al sistema o siquiera de inconformidad popular. A lo largo de 185 años, liberales y el conservadores, se han rotado el poder manteniendo una hegemonía, que ha impedido el ejercicio político a las fuerzas de la oposición y las alternativas políticas distintas. Tras el socorrido slogan de que somos “la democracia mas antigua de América Latina” en realidad se esconde una persistente negación de las libertades democráticas en el país y la creciente marginalidad política de importantes sectores de la sociedad. Históricamente el autoritarismo y la militarización ha sido la constante de todos los gobiernos bipartidistas quienes y cuando la constitución le estorba a sus intereses la modifican a su antojo.
Lo cierto es que, a pesar de lo que opine el presidente Uribe, en Colombia si existe un conflicto, que tiene profundas raíces políticas, económicas y sociales, y también históricas que, de acuerdo con los estudiosos del tema, tienen que ver “con el régimen de violencia, antidemocracia y su andamiaje militarista”.
“ACUERDOS DE PAZ” SIN PRESENCIA POPULAR
En la década de los 80, y especialmente a partir del gobierno de Belisario Betancur se intentaron varios procesos de negociación, que fueron frustrados por los innumerables obstáculos que interpusieron los sectores militares y de derecha, de los cuales es necesario extraer las respectivas lecciones, si de verdad queremos avanzar en un camino que nos permita llegar a soluciones efectivas de la problemática nacional.
Una primera cuestión es que fueron procesos limitados a la interlocución entre Gobierno y Guerrilla, en los cuales las formas organizativas de la población quedaron relegadas. Así sucedió en las negociaciones que dieron origen a “los acuerdos de la Uribe” entre el gobierno de Betancur y las FARC, o los intentos con el ELN, o en la negociación de Barco con el M.19 y otros movimientos armados. La ausencia de las representaciones populares determinó que estas no se sintieran reflejadas en los acuerdos logrados y menos que se vieran comprometidas en la defensa de los procesos de paz y de la materialización de los compromisos adquiridos por el gobierno.
En el proceso del Caguan, durante el gobierno de Pastrana, si bien se avanzó en la idea de la participación de diversos sectores sociales, se limitó el espacio a la zona de despeje; lo mismo sucedió en los contactos con el ELN en Maguncia o en el país, que se hicieron con selectisimas personalidades. Se perdió la oportunidad de haber estimulado todo un debate de alcances verdaderamente nacionales que alcanzara hasta los mas apartados rincones del país y le hubieran permitido a la gente apropiarse de estos procesos y ayudar a consolidarlos.
Estos vacíos explican el por que la gente no salió masivamente a las calles a defender la continuidad del proceso de diálogos en el Caguan o las negociaciones con el ELN. Una movilización nacional de grandes proporciones seguramente hubiera presionado a las partes a plantearse nuevos esfuerzos en aras de la paz.
EL PARAMILITARISMO EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
Los Colombianos ya son bastante concientes que el fenómeno paramilitar surgió asociado a las estrategias contrainsurgentes del Estado, a los planes de acumulación de tierras de los terratenientes y a las inversiones de las transnacionales en el país. Sin embargo durante toda esta etapa se han debatido los distintos niveles de responsabilidad de los grupos paramilitares pero ha pasado inadvertida la responsabilidad del Establecimiento (Presidentes de la Republica, Ministros de defensa, Comandantes de la Fuerza publica, Gobernadores, Gremios económicos, Fiscales, etc) en los horribles crímenes que se han cometido contra la población.
El presidente Uribe ideó un proceso de paz, con quienes nunca estuvo enfrentado, y promovió una “desmovilización paramilitar” con una ley de Justicia y Paz que afirma la impunidad, se asimila bastante a una especie de indulto y desconoce los derechos de las victimas. En Ralito se estableció un “modelo de negociación” sin una agenda relativa a cambios económicos, sociales y políticos para el país, la agenda se redujo a la llamada “desmovilización”, unas penas simbólicas y la no extradición. El Vicepresidente Santos ha dedicado bastantes energías a tratar de demostrar que los paramilitares “también son victimas” y que requieren de la consideración de la sociedad. Lo cierto es que será bastante difícil consolidar cualquier proceso de paz mientras no haya un retorno de los desplazados a sus terruños y se les devuelva alrededor de 5 millones de hectáreas de tierra cultivable y otros bienes que les fueron arrebatados violentamente por los paramilitares.
Los desplazados y demás afectados por toda esta barbarie de asesinatos, masacres y genocidio en el país han constituido el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado para darle continuidad a la lucha contra la impunidad, recuperar la memoria histórica y reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral por los enormes daños que se les causó.
A estas alturas la sociedad colombiana es conciente que el actual experimento oficial no a aportado mayor cosa a la paz y tiene bastantes dudas sobre el desenlace final del proceso con los paramilitares y la satisfacción de los derechos de las victimas. Mucha gente se pregunta si es posible resolver el fenómeno paramilitar al margen de un proceso de solución negociada con las partes realmente enfrentadas en este conflicto.
HACIA UN NUEVO ESQUEMA DE NEGOCIACION
Una característica en la historia de los acuerdos entre gobiernos y alzados en armas es el incumplimiento por parte de los sectores dominantes de la palabra empeñada. En el gobierno de Rojas Pinilla se asesinó a los principales líderes de la guerrilla liberal luego de que se pacto su desmovilización. Luego de los acuerdos de la Uribe los sectores mas ultraderechistas del establecimiento se empeñaron a fondo para exterminar a la Unión Patriótica y hacer fracasar un intento de paz. En el proceso de reincorporación del M.19 y de un sector del ELN que luego se convirtió en “Renovación Socialista” fueron asesinados muchos de sus emisarios, como un intento de hacer abortar los procesos.
Los sectores dominantes acostumbrados al uso sistemático de la violencia para mantener el poder y sus privilegios históricos, se resisten a aceptar la posibilidad de abrir las compuertas a la democratización y la equidad social, o siquiera a permitir que las mayorías de la sociedad, tradicionalmente excluidas de la participación política, puedan tener alguna forma de incidencia en la estructura del poder.
Sobre esa base han establecido un esquema de negociación desde los años 80 que se basa en el sometimiento de la contraparte a las condiciones que quieren imponer los voceros del Estado, así no hayan sido vencidos militarmente. Esa pretensión para que la contraparte llegue a la mesa en inferioridad de condiciones, acepte treguas unilaterales o concesiones políticas o militares que lo coloquen en desventaja, ha sido el gran obstáculo para avanzar en la posibilidad de acuerdos.
Pastrana, por Ejemplo, se comprometió en unas gestiones de acercamiento al diálogo y la negociación y por otra parte adelanto una “reingeniería militar” para fortalecer el pie de fuerza y acordó con el gobierno Norteamericano el “Plan Colombia”, hecho contradictorio con el anhelo de la paz, que buscaba ventajas militares y, de hecho, autorizaba a la contraparte también a armarse. Simultáneamente practicó una política en el campo económico y social totalmente contraria al objetivo de la salida política. Total: no solo la guerrilla desperdició una oportunidad de paz, sino que el propio establecimiento derrocho una oportunidad histórica para elaborar unas propuestas serias que permitieran la superación del conflicto. Al final perdió de nuevo el país.
Lo que aconsejan las experiencias pasadas es una tregua bilateral, con garantes internacionales; un proceso de negociación en pie de igualdad entre las partes enfrentadas, en el que se vincule activa y protagónicamente a los diversos sectores sociales o sus expresiones más organizadas, se les consulte y se tenga en cuenta sus propias propuestas para un acuerdo nacional que permita un país, soberano, democrático y equitativo. Cualquier proceso de paz implica un compromiso real del Estado a renunciar a las tentaciones de eliminar a sus contradictores en el posconflicto, como ocurrió con las guerrillas liberales del Llano o con los miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, el M.19 y otros sectores.
EL SEGUNDO PERIODO DE URIBE: UN VIRAJE HACIA LA PAZ?
Se ha abierto espacio la tesis de que este segundo periodo del presidente Uribe trae consigo una serie de cambios, sobre todo en el tema de la paz y lo social. Esa apreciación no tiene en cuenta el análisis del conjunto de hechos que componen la actual situación del país, sino que se entresacan solo los aspectos que hacen relación a estos dos temas.
Hay un viraje en la política del gobierno?
Venimos de una gestión de 4 años en que se aplico radicalmente una política de seguridad democrática basada en la solución militar del conflicto. Para ello se pasó a un segunda fase del Plan Colombia, llamada “Plan Patriota” cuyo objetivo era capturar a miembros del secretariado de las FARC y debilitar sustancialmente esta guerrilla para obligarla a negociar conforme a las condiciones del gobierno.
Esto no ocurrió, pero en cambio si se precipitó una honda crisis humanitaria en la región debido a la estigmatización y criminalización de la población civil que habita en la zona de operaciones del Plan Patriota (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y parte de Cauca y Nariño).
En la instalación del parlamento, el 20 de julio, el Presidente omitió el tema de la paz y en cambio hizo una “declaratoria de guerra a la población” al formalizar una reforma tributaria que establece nuevos gravámenes a los asalariados, el IVA a todos los alimentos, el mantenimiento del impuesto del 4 por mil, la reducción de las transferencias a los municipios y otras medidas lesivas; al mismo tiempo anuncia un nuevo cobro del impuesto al patrimonio para financiar las operaciones militares; y presenta un paquete de proyectos, todos con un acentuado contenido antipopular. Al mismo tiempo se cierran nuevos hospitales del Sistema de salud y se despiden a sus trabajadores; Se anuncia la privatización de una parte de ECOPETROL, se plantea de nuevo la liquidación del Seguro Social, se pone en venta Bancafe; Y a pesar de las maniobras en los EE.UU para hacer mas gravoso el TLC, el gobierno insiste en su aprobación, etc.
A lo anterior se agrega un panorama que afirma aun mas el presidencialismo y el régimen de antidemocracia, toda vez que el Uribismo controla monolíticamente todo el sistema de justicia, la Corte constitucional, el Consejo Nacional de Televisión, la Junta del Banco de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, Registraduria, Procuraduría, Fiscalia, Defensoria del pueblo y afirma tener en su favor al 70 % del Congreso de la República, al cual viene manipulando a su antojo.
En su discurso del 7 de Agosto, el presidente Uribe le comunica al país que la disyuntiva entre la seguridad y la paz le genera indecisión para comprometerse en los acercamientos con la insurgencia, al mismo tiempo que pide “hechos de paz”. Queda en el ambiente cuales serán los hechos de paz del gobierno. Entre tanto se han anunciado gestiones para buscar contactos con las FARC en la perspectiva de un Acuerdo de Intercambio Humanitario y se especula por los medios sobre las personalidades que estarían cumpliendo con esa labor. Evidentemente se nota un cambio positivo en el lenguaje del gobierno, pero de hecho lo que complica la situación es la intensificación de las operaciones para capturar a los miembros del Secretariado, la indefinición del gobierno en relación con los dos municipios del Valle que han sido propuestos como área de Encuentro, las garantías para quienes participaran en el Encuentro, lo mismo que la extradición a EE.UU. de Simón Trinidad y Sonia.
Simultáneamente el proceso exploratorio con el ELN se encuentra paralizado y por ahora no se ven perspectivas de que pueda pasar a una fase de negociación.
Semejante panorama no señala un ambiente favorable a los acercamientos para un Acuerdo de Intercambio Humanitario y/o los diálogos para la búsqueda de la paz, lo cual genera un reto al movimiento de paz, a la Iglesia, al Parlamento y todos los estamentos y sectores interesados en explorar y aportar nuevas iniciativas.
HAY QUE PERSISTIR EN EL DIALOGO PARA LAS SOLUCIONES NEGOCIADAS
Como podemos ver hay una situación compleja, que al mismo tiempo reclama acciones en favor de la solución negociada y el Intercambio Humanitario.
Creemos que es posible un cambio político muy importante y creemos que ese cambio es la condición para encontrar un nuevo país. ¿A qué ligamos este nuevo país? Lo ligamos a una transformación fundamental de la vida nacional; pensamos que no es posible el mantenimiento indefinido de una situación como la que existe hoy en Colombia: violencia institucional, injusticia, desigualdad extrema, contradicciones de clase muy profundas.
Hay que tener en cuenta. que la mayoría de la clase dirigente colombiana ha reconocido que la solución del problema armado no es armada sino política.
Los sectores dirigentes del país de nuevo han ensayado sin éxito la solución militar, pero saben que sus propios negocios no pueden defenderse sino mediante un proceso de negociación. Quieren la salida política, pero no quieren renunciar a sus privilegios. Están dispuestos a hacer concesiones, pero ¿hasta dónde? Muchos tienen profundas reservas y, además, no todos están en la misma situación. Cada uno está en una posición diferente.
Ponencia para los documentos preparatorios del V Plenario de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz.