El Plan Colombia es un acuerdo bilateral, suscrito entre Estados Unidos y Colombia, mediante el cual el gobierno colombiano convino participar en la llamada política norteamericana de erradicación de toda forma de producción, tráfico y consumo de drogas, a cambio de la cual el gobierno estadounidense comprometió recursos superiores a los US 10.000.000.000 (diez mil millones de dólares), destinados, oficialmente, a la disminución de los cultivos de coca por lo menos en un 50%.
El Plan Colombia es un acuerdo bilateral, suscrito entre Estados Unidos y Colombia, mediante el cual el gobierno colombiano convino participar en la llamada política norteamericana de erradicación de toda forma de producción, tráfico y consumo de drogas, a cambio de la cual el gobierno estadounidense comprometió recursos superiores a los US 10.000.000.000 (diez mil millones de dólares), destinados, oficialmente, a la disminución de los cultivos de coca por lo menos en un 50%.
Así, fueron acordadas entre los dos países una serie de actividades orientadas a la erradicación, entre ellas: la “necesaria” presencia de autoridades norteamericanas en nuestro territorio, que no es otra cosa que una forma de justificar la presencia de tropas militares estadounidenses en el país. Al respecto, el Plan Colombia incluye una cláusula en la que de no erradicarse el 50% de los cultivos identificados al momento del inicio de ejecución del Plan, Estados Unidos queda facultado para la invasión militar directa.
Cinco son las estrategias del Plan Colombia:
1. Estrategia institucional: Lograr el rediseño y la modernización de las instituciones colombianas, de acuerdo a los parámetros estadounidenses, para que ellas se asemejen a las norteamericanas, en claro desconocimiento de nuestra soberanía nacional y del libre ejercicio de nuestra autodeterminación.
2. Estrategia fiscal: Reducir el Estado, los subsidios por él asumidos y la prestación de servicios, aunado a un incremento de los impuestos a cargo de la población colombiana.
3. Estrategia económica: Orientada a la imposición de marcos jurídicos y económicos que hagan atractiva la inversión extranjera y logren una mayor participación en la globalización, tras la exportación de productos nacionales y la desindustrialización del país. Lo importante es garantizar que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a las prioridades nacionales estadounidenses.
4. Estrategia antinarcóticos: Bajo el lema de cero tolerancia a las drogas, Estados Unidos impone una estrategia de represión aparentemente de dos vías, esto es tanto en el territorio norteamericano como en los países que ofrecen las drogas, en este caso Colombia. En desarrollo de esta estrategia fueron declaradas como necesarias dos circunstancias: el ingreso de tropas estadounidenses en el territorio colombiano y las fumigaciones en todas las zonas en que se identifiquen cultivos “ilícitos”.
5. Estrategia contrainsurgente: Sustentada, en los discursos oficiales y de acuerdo a las afirmaciones del gobierno estadounidense, en que los mayores productores de droga son a su juicio los grupos insurgentes, imponiendo así la intervención norteamericana en el conflicto armado interno colombiano, como una condición para el desembolso de los recursos económicos.
Pero sólo dos de esas estrategias son las que orientan el empleo de los recursos del Plan Colombia: las denominadas antinarcóticos y contrainsurgente, que justifican la invasión de nuestro territorio de militares estadounidenses y mercenarios extranjeros, y la agudización del conflicto armado colombiano.
Balance sobre los resultados del Plan Colombia:
Estados Unidos, bajo una primera aplicación del Plan Colombia, comprendida entre 1999 y 2006, desembolsó US 7.500.000.000 (siete mil quinientos millones de dólares), destinados principalmente a la provisión de armas, municiones, entrenamiento militar, vehículos y herramientas de inteligencia (entre los que se destacan radares, satélites, helicópteros, aviones y fuerzas de alto poder), recursos éstos que fueron empleados por el gobierno nacional para el fortalecimiento de batallones, particularmente del tipo móvil, el aumento de la fuerza pública, que hoy asciende a 270.000 soldados del Ejército colombiano y 150.000 efectivos de la Policía Nacional, y la ejecución de actividades militares contrainsurgentes, en las que concurre el apoyo de grupos paramilitares, incluso de aquellos miembros que participaron en los “procesos de desmovilización”.
Además de los recursos económicos entregados por Estados Unidos, este país también impuso la circulación por el territorio nacional de tropa extranjera, integrada por 800 miembros de la fuerza militar estadounidense y 600 contratistas, dedicados al mercenarismo, quienes dirigen, controlan, coordinan y participan en las operaciones militares, al mismo tiempo que entrenan al personal colombiano. Como producto de esas actividades se han conocido múltiples violaciones a los derechos humanos en nuestro territorio, perpetradas por militares colombianos y norteamericanos, mercenarios y paramilitares que actúan en el marco del Plan Colombia.
En desarrollo de una segunda etapa o fase de ejecución del Plan Colombia, comprendida entre los años 2007 y 2013, Estados Unidos entregó US 3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de de dólares), los cuales están destinados exclusivamente a la “consolidación social del territorio”, también denominada “plan cívico militar” en el que se involucran directamente con las actividades del Plan además de las fuerzas militares, los sectores políticos y las empresas que explotan capitales nacionales y transnacionales; lo cual, sumado a la presencia militar de Estados Unidos y a la participación de paramilitares, asegura un control total sobre la población.
Aclaramos que con la militarización se consolidó una política de guerra y con ella, la negativa de negociación con la oposición armada y la búsqueda de una solución política al conflicto.
El Plan Colombia, impuesto como consecuencia de la aguda intervención política de Norteamérica en nuestros asuntos, autoriza el control militar estadounidense el cual les permite la dominación sobre este territorio latinoamericano y asegura los intereses de la industria armamentista.
Así, los términos en los que está planteado el Plan Colombia revelan que existe una evidente intención de Estados Unidos de lograr un control territorial y militar, y una intervención total en nuestro país, bajo la bandera de una política antinarcóticos, cuyo fracaso se prueba en los siguientes datos:
– En 1999, cuando empezó la aplicación del Plan Colombia, como hoy lo conocemos, existían: 163.289 hectáreas cultivadas con coca, de las cuales se proponía la erradicación del 50%, objeto éste que impulsaba la militarización del territorio nacional.
– En 2007, al iniciar la segunda fase del Plan Colombia, se encontraron 157.200 hectáreas de coca en el país.
– En 1999, se identificó que las plantaciones / hectáreas de coca se ubicaban en sólo 12 de los 32 departamentos que integran el país.
– En 2007, se calculó que los cultivos de coca se extienden en 23 departamentos.
– En 2008: La Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, manifestó que para el 24 de junio de 2008, los cultivos de coca en Colombia habían aumentado en un 27% al balance existente para el año 2007, esto es en 42.444 hectáreas más, para un total de 199.644 hectáreas cultivadas con coca.
El anterior balance, realizado, por un lado, a partir de las hectáreas existentes al momento en que se adoptó el Plan Colombia (esto es 163.289) y de las existentes en el año 2007 (es decir, 157.200), permite concluir que el “esfuerzo” desplegado por las autoridades nacionales y estadounidenses en ese periodo de tiempo, solo representó la efectiva erradicación de 6.000 hectáreas; y por otro lado, a partir de la comparación de las hectáreas existentes en 1999, y las que permanecen a la fecha, esto es en el año 2008, arroja una conclusión mucho más contundente: el número de hectáreas hoy existentes supera al identificado en 1999, con el inicio de la ejecución del Plan Colombia. En breve: el Plan Colombia no ha cumplido el cometido oficial por el cual fue creado.
Ahora, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que integra obviamente los periodos antes señalados, se logró consolidar la siguiente información:
– Han sido fumigadas 800.000 hectáreas, entre las que se hayan cultivos de pancoger, destinados a su extinción, y cuyos daños difícilmente son reparados por el Estado.
– En los dos últimos años de su mandato fueron erradicadas, según los registros oficiales proporcionados por Acción Social, 109.000 hectáreas; número éste que no representa una verdadera y/o efectiva erradicación, de acuerdo a las consideraciones antes señaladas.
– Los responsables de la erradicación de cultivos “ilícitos” son aproximadamente 3.300 erradicadores, organizados en 109 grupos móviles que operan en 20 de los 32 departamentos del país. Esos grupos de “erradicadores” están integrados en su mayoría por paramilitares que participaron en los procesos de desmovilización, quienes, en el marco de ejecución de las actividades del Plan Colombia, infunden terror a la población.
Todo lo anterior revela la ineficacia de los métodos empleados en la erradicación forzosa de cultivos de coca, a lo cual se suman los impactos negativos de esta política en los derechos humanos, particularmente de personas y comunidades radicadas en las zonas en las que se ejecutan las estrategias del Plan, que han afectado los derechos a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano, al acceso a la justicia y a no ser forzado a desplazarse por el territorio. Ello sin resaltar que con el aumento de la militarización del país, han aumentado proporcionalmente las violaciones a los derechos humanos.
Al respecto es preciso llamar la atención en que USA ha creado mecanismos de invisibilización de la impunidad de crímenes perpetrados en el marco de aplicación del Plan Colombia: i los “Procedimientos de Condicionalidad”, asociados con la situación de derechos humanos en Colombia, no son, como parece plantearlo el gobierno estadounidense, condiciones efectivas al suministro de recursos, pues pese a que la embajada periódicamente examina la vigencia y protección de derechos humanos, y pese a que periódicamente el resultado es lamentable, especialmente en circunstancias vinculadas con la ejecución de los ejes y estrategias del Plan Colombia, los dineros continúan proporcionándose; y ii, los derechos de inmunidad de los que son beneficiarios los miembros de la misión del Plan, impiden que los norteamericanos responsables de perpetrar esas violaciones sean judicializados en las instancias colombianas.
Así, el Plan Colombia se revela como un instrumento de política exterior y control geopolítico, impulsado por los Estados Unidos de América, mediante el cual se intenta remoldear el panorama colombiano y el orden político nacional, a través del aumento de la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en la región andina, y como parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema de dominación capitalista en nuestro continente y de la hegemonía su máximo exponente: USA.
Lo descrito en este documento fue avalado en Colombia por un gobierno que actúa a espaldas del pueblo; que entrega nuestro territorio a la fuerza del imperio, para que éste ejerza un control total sobre la población que integramos; que participa en la fumigación indiscriminada de cultivos, en la marginación de los sectores populares, en el desplazamiento forzado masivo de colombianos, en la eliminación de la base social y en la violación generalizada de derechos humanos; que rinde nuestro derecho a autodeterminarnos y a disfrutar de nuestros recursos ante el poder del capital; que compromete nuestra soberanía bajo el discurso de la colaboración y nos somete a las condiciones de una colonia norteamericana.
La idea central de Plan Colombia es que la dependencia económica a Estados Unidos persista, en orden a garantizarle a ese Estado la intervención en Colombia como una plataforma de control regional y una oportunidad para reafirmar su primacía en los asuntos hemisféricos, pues nuestro territorio se convertiría en puerta de ingreso a otros Estados latinoamericanos, cuyo control también interesa a la potencia norteamericana.
Nuestra esperanza: autodeterminarnos, recuperar nuestra soberanía y nuestra dignidad.