PROCURADURÍA DESTITUYE A MILITARES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS TRES SINDICALISTAS DE ARAUCA

El Viceprocurador General de la Nación, falló, el pasado 28 de agosto, el proceso disciplinario adelantado contra los militares que el 5 de agosto de 2004 retuvieron y ejecutaron extrajudicialmente a los dirigentes sociales y sindicales araucanos Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche Goyeneche Y Jorge Eduardo Prieto Chamucero.

 

 

El Viceprocurador General de la Nación, falló, el pasado 28 de agosto, el proceso disciplinario adelantado contra los militares que el 5 de agosto de 2004 retuvieron y ejecutaron extrajudicialmente a los dirigentes sociales y sindicales araucanos Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche Goyeneche Y Jorge Eduardo Prieto Chamucero.

La Procuraduría comprobó que militares adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 Gabriel Revéiz Pizarro del Ejército Nacional, con sede en Saravena, retuvieron, sometieron a indefensión y ejecutaron a los líderes sociales, preparando luego la escena de los hechos para simular que estos eran guerrilleros y habían muerto en combate.

Los militares hallados responsables son: el Coronel Luís Francisco Medina Corredor, El Mayor Luís Eduardo Castillo Arbeláez, El Mayor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, el Subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón, y los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández Y Walter Loaiza Culma.

La sanción impuesta para todos es la destitución del cargo y la inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 20 años.

El fallo disciplinario representa un paso importante para el esclarecimiento del crimen perpetrado contra los dirigentes sociales araucanos, hecho que en su momento el Vicepresidente de la República Francisco Santos, el Ministro de la Defensa y altos mandos militares, se empecinaron en encubrir al presentar a Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto como guerrilleros, y la cruel violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas como una acción legítima de las Fuerzas Armadas.

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