Ante las constantes quejas de los internos de este centro de reclusión, la Procuraduría Regional de Boyacá, con la colaboración de la Secretaría de Salud del mismo departamento realizó una inspección y seguimiento a las instalaciones denominadas de “Máxima Seguridad” y de “Mediana Seguridad”. En las dos visitas se realizaron entrevistas con funcionarios del penal y con algunos internos.

 

 

Graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, fueron detectadas por la Procuraduría General de la Nación luego de realizar una visita a los Establecimientos de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita.

Ante las constantes quejas de los internos de este centro de reclusión, la Procuraduría Regional de Boyacá, con la colaboración de la Secretaría de Salud del mismo departamento realizó una inspección y seguimiento a las instalaciones denominadas de “Máxima Seguridad” y de “Mediana Seguridad”. En las dos visitas se realizaron entrevistas con funcionarios del penal y con algunos internos.

Las situaciones más graves están relacionadas con la sanidad. En el caso del Establecimiento de Mediana Seguridad la Secretaría de Salud pudo establecer que el agua suministrada a los internos no es apta para el consumo humano.

En el área de máxima seguridad se evidenció la falta de servicio continuo de agua, por lo que se autorizan canecas y otros recipientes para almacenar este líquido, los cuales se encuentran expuestos a riesgos de contaminación.

Los pabellones presentan serios problemas de aseo tanto en el interior de las celdas como en los patios; algunas de las instalaciones sanitarias no están en funcionamiento, en otras se evidencia el desaseo general, entre otras razones, porque el flujo de agua no es permanente.

La falta de insumos que permitan la limpieza de las instalaciones, la proliferación de insectos y roedores y la ausencia de buenas prácticas de higiene y aseo, en la zona donde se efectúa el proceso de manejo de alimentos, son algunos de los hallazgos del Ministerio Público.

De otra parte, y ante la reiterada vulneración del derecho a la salud en la cárcel de máxima seguridad, el Ministerio Público recomendó a la Dirección General del INPEC y al Director del EPCAMSCO implementar los mecanismos necesarios para ofrecer la medicina especializada a los internos que lo requieren y garantizar medios diagnósticos necesarios para el tratamiento de los pacientes.

Otro de los aspectos objeto de revisión por parte del Órgano de Control tiene que ver con las investigaciones internas así como de las investigaciones disciplinarias adelantadas en contra de los funcionarios. La Procuraduría no vaciló en calificar como crítico el estado de la oficina de Control interno disciplinario que funciona para los establecimientos Penitenciarios de Alta y Mediana Seguridad.

Esta situación generó un llamado de la Procuraduría para que se diseñe un mecanismo urgente que garantice la descongestión y asegure el debido proceso. Es necesario además que la Dirección General del INPEC y la dirección del EPCAMSCO establezcan las razones que han generado los retrasos en los citados trámites y además, se capaciten a todas las personas involucradas en dichos procesos.

También se observaron serios inconvenientes en la organización de las hojas de vida, moras en el trámite de las solicitudes de libertad condicional, libertad por pena cumplida, redención y traslados, entre otros.

La visita también permitió concluir que “las tutelas instauradas por vulneración del derechos a la salud, vida y falladas en contra del INPEC no se han cumplido teniendo en cuenta que el complejo penitenciario no tiene su propio presupuesto, el servicio médico lo atiende una EPS, con base en el contrato firmado entre el INPEC Nivel central y la EPS”.

Por lo anterior, es necesario asignar más personal para agilizar los trámites correspondientes a las solicitudes de los internos, buscar los mecanismos necesarios para mantener actualizadas las hojas de vida con los documentos y solicitudes realizadas por ellos, por los juzgados así como las respuestas dadas por algunas dependencias del establecimiento carcelario o por otras instituciones.

De igual manera, el Ministerio Público invitó a las autoridades carcelarias para que apliquen de manera pronta y oportuna los correctivos necesarios y que organismos como la Defensoría del Pueblo, las autoridades administrativas y la Procuraduría aunemos esfuerzos para salvaguardar los derechos de estos seres humanos privados de la libertad.