El Perú carece de políticas públicas dirigidas a velar por los derechos humanos de las comunidades andinas y amazónicas, denunció Soraya Gutiérrez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). A través de CNR, la abogada colombiana comentó algunas de las conclusiones del informe titulado “Bagua: Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe”, referido a los enfrentamientos del 5 de junio en Amazonas
Gutiérrez indicó que este caso pone de manifiesto cómo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidas contra los pueblos, en el marco de un conflicto social, las investigaciones se dirigen contra los líderes indígenas.
Agregó que la judicialización de las protestas sociales configura un mecanismo de represión común en América Latina, donde “comunidades que vienen haciendo uso de su derecho a la movilización, a la denuncia, están siendo sometidas a procesos” bajo los cargos de rebelión y sedición.
En el caso de los incidentes de Curva del Diablo, refirió que las pesquisas de la FIDH comprobaron que son la consecuencia de la problemática que enfrentan las comunidades de la selva desde hace varios años y que tuvo su punto más álgido con la emisión de los decretos legislativos para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Es por ello que la FIDH recomienda que se establezcan los mecanismos de consulta, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Hay que buscar combatir las causas estructurales que generan estos conflictos y no terminar como se hace hoy, a través de la judicialización”, apuntó.
De otro lado, señaló que el informe de la FIDH considera que, para evitar que estos hechos se repitan, el presidente Alan García debe rectificarse de las continuas acusaciones formuladas en contra de los dirigentes nativos, pues fomentan el racismo, la discriminación y la persecución judicial.
Finalmente, estimó que el gobierno de Estados Unidos debe pronunciarse respecto a que la eventual derogatoria de los decretos legislativos que originaron las protestas no afectarán la implementación del acuerdo comercial con nuestro país.
“Sería un mensaje político muy importante. El gobierno de Barack Obama ha dicho que es respetuoso de los derechos humanos (…) sería un mensaje muy importante para el país y las comunidades indígenas”, puntualizó.