En la sesión de este domingo que se prolongó por más de ocho horas, aprobaron construir “una nación de nacionalidades, pueblos, etnias y comunidades rurales y urbanas”. Así mismo, defender los territorios mediante un ordenamiento territorial popular. “Los pueblos seguiremos luchando por la liberación de la madre tierra como estrategia primordial de defensa del territorio”, enfatizaron.
En medio de una extensa jornada que contó con la presencia del representante Iván Cepeda y la ex congresista Piedad Córdoba, se acordó ejercer soberanía popular sobre los territorios mediante la construcción de gobernabilidad propia y autónoma. Impulsando para ello ejercicios de autoridad que permitan la creación de sistemas de educación, salud, protección del medio ambiente, marcos jurídicos, legislativos y económicos propios.
“Las propias comunidades y sectores populares ordenaremos nuestros territorios conforme a nuestros planes de vida, planes de manejo y su cosmovisión”, anunciaron los asistentes.
“Defendemos los territorios autónomos que ancestral y tradicionalmente hemos ocupado los pueblos. Reivindicamos y reafirmamos los títulos coloniales de los pueblos indígenas, así como los títulos colectivos, y las demás formas de gestión colectiva de la tierra que las comunidades hemos adelantado”, agregaron.
Abogaron por una verdadera reforma agraria soberana y popular, impulsada y construida por los pueblos, que garantice el control, la tenencia y el uso de la tierra y el territorio para las comunidades campesinas, indígenas, afros, mujeres y demás sectores urbanos y populares.
Hicieron un llamado para unir los procesos organizativos de afros, indígenas, campesinos, mujeres, respetando la diversidad pero buscando la convergencia. “Conforme al reconocimiento de las luchas de todos los sectores populares, rechazamos todo tipo de estrategia que fomente la división de las comunidades y sus organizaciones. Por el contrario, debemos consolidar y fortalecer todos los esfuerzos encaminados a la defensa del territorio de manera conjunta”, concluyeron.
Solución negociada al conflicto armado interno
Anunciaron la exigibilidad y defensa del derecho a la paz a partir de la solución política al conflicto armado interno. “Los movimientos sociales debemos ser sujetos activos en la superación del conflicto. Apostamos por la construcción de una agenda de debate nacional y diálogos regionales tanto con el gobierno como con los grupos insurgentes”.
Entre los temas propuestos para estos diálogos regionales por la paz figura: respeto por la autonomía de los pueblos; respeto para el cuerpo de las mujeres para que no sean botín de guerra; la necesidad inmediata de los desminados humanitarios; el cese del reclutamiento forzado de niños y niñas; la suspensión inmediata de ametrallamientos y bombardeos indiscriminados; desmilitarización de los territorios urbanos y rurales; proyectos económicos y sociales autónomos para la paz acordes a lograr el buen vivir de la diversidad de los pueblos; establecer la objeción por conciencia como una práctica política en temas como el servicio militar y obligaciones fiscales, que financien el presupuesto de guerra.
“Mandataron” que se gesten procesos de educación para la paz; uso de medios de comunicación para la defensa de la vida y del territorio; revisión de las políticas de cooperación internacional; programas de sustitución de cultivos de uso ilícito que actualmente financian la guerra; construcción y consolidación de hermanamientos y alianzas con comunidades sociales de base internacionales.
Protección y distribución equitativa de los bienes naturales
Sin lugar a discusiones y en medio de un gran consenso, las comunidades rurales y urbanas que sesionan en la Univalle, acordaron legislar para que los proyectos minero-energéticos “se subordinen a la producción de alimentos, al cuidado de las fuentes hídricas y al buen vivir”.
“Los pueblos decidirán autónoma y libremente detener e impedir un proyecto minero-energético que atente contra el agua, el alimento y las territorialidades”, expresaron las y los congresistas.
“Los pueblos ejerceremos soberanía popular sobre los territorios, suelos y subsuelos colombianos mientras el estado actual no lo garantice”, enfatizaron.
Indicaron que los planes de vida en armonía con los territorios, son la verdadera transformación política, cultural, económica y social que el campo y el país necesita. Destacaron la importancia de una distribución equitativa de los bienes de la naturaleza y ejercer la soberanía popular sobre la propiedad, uso y goce del territorio en equilibrio con la naturaleza y la diversidad cultural.
“Mandatamos ejercer una soberanía y democratización energética en Colombia, construyendo un modelo energético que retome el uso de diversos conocimientos y tecnologías limpias para la producción, uso, distribución y consumo”, puntualizaron.
“No aprobaremos proyectos hidroeléctricos que privaticen y concentren el agua y conlleven el despojo de los territorios”, agregaron.
Anunciaron legislar para la defensa de derechos de los pequeños mineros y la minera ancestral; la restauración ambiental y social de parte de las empresas nacionales e internacionales que han invadido los territorios y tienen una deuda histórica en compensaciones para los pueblos afectados.
Ejercer la autoridad ambiental
“Mandatamos la derogación de los planes departamentales de aguas implementados en diferentes territorios y prohibimos la expansión de las fronteras agrícolas y urbanas en los territorios donde se encuentren afluentes hídricos”. Con esta frase los congresistas y las congresistas convocaron a todas las comunidades a administrar los sistemas hídricos.
“Consideramos el agua como un derecho fundamental de carácter colectivo, inalienable, innegociable, patrimonio comunitario de bien común para la vida y no una mercancía ni un servicio”, puntualizaron.
“Mandatamos la protección y soberanía sobre las aguas marinas y dulces de la Amazonía, Orinoquia, el Pacífico y el Atlántico afectadas por la explotación del petróleo, la tala ilegal de maderas, la extracción minera, la construcción de hidrovías, el otorgamiento de permisos y concesiones a empresas transnacionales pesqueras que contaminan los sistemas de algas, corales, peces y demás especies acuáticas, grandes productoras de oxigeno que permiten la continuidad del ciclo hidrológico integral”, agregaron.
Consultas previas con la comunidad en general
En medio de una diversidad de opiniones y voces, los legisladores populares aprobaron impulsar consultas previas, libres e informadas no sólo con comunidades indígenas o negras, sino también con la comunidad en general, cuando se trate de megaproyectos que afectan la soberanía alimentaria.
