Por la defensa del derecho fundamental a la salud y a la seguridad social

Son incontables en estos 19 años de aplicación de la ley 100, las violaciones al ejercicio del derecho a la salud, la perdida de la autonomía de los profesionales de la salud, la inestabilidad en el empleo de los trabajadores y funcionarios, la intermediación laboral, los malos salarios, las víctimas de los trámites excesivos para acceder a la atención en salud, de los paseos de la muerte, de la negación de medicamentos, procedimientos e insumos, de la inequidad entre los planes de beneficio, como la demora y negación de atenciones; para lo cual el pueblo ha tenido que hacer uso de la tutela como mecanismo legal para acceder a la atención, lo que implica perdida de oportunidad y continuidad de los tratamientos ordenados por el personal de salud; mientras observamos el enriquecimiento de las Empresas Promotoras de Salud , Pensiones y Riesgos (EPS-FP-ARP).

El sistema general de seguridad social en riesgos profesionales definido en la ley 100 entrega la vida y la salud de los trabajadores a las Administradoras de riesgos profesionales, entidades con ánimo de lucro, destinadas a negar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, como medio para aumentar sus ganancias.

En pensiones, el sistema general de seguridad social, estimula la apropiación de la cotización del trabajador por los fondos privados de pensiones que se lucran del gran volumen de dinero que recaudan, pero que no le garantizan al trabajador y su familia una pensión digna de vejez, invalidez o sobreviviente. Este modelo fue diseñado para acabar con el régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, patrimonio de los trabajadores colombianos, el cual se encuentra en proceso de liquidación.

Por todo lo anterior y en ejercicio de la soberanía del pueblo reconocida en el artículo 3° de la Constitución Política Colombiana y respaldado por las firmas anexas exigimos:

La derogatoria de la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y la ley 1438 de 2011.

La ratificación del Derecho humano fundamental a la salud y la seguridad social en la Constitución y la ley, acogiendo los múltiples llamados de la Corte Constitucional.

La entrada en vigencia de un sistema de salud y seguridad social, público, sin intermediarios, universal, equitativo, igualitario e integral, administrado y financiado por el Estado y Vigilado por el pueblo su constituyente primario.

Este manifiesto compromete al pueblo colombiano y exige al gobierno nacional que atienda este llamado y genere los procedimientos, políticas y mecanismos legales para lograr esta aspiración, de ocurrir lo contrario el pueblo y sus organizaciones por sus propios medios de movilización lo demandará.

Acompañan a este manifiesto las firmas de 78.310 Ciudadanos y Ciudadanas jóvenes mayores de 14 años y adultos de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Antioquia.

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