En cambio, esta guerra sin resultados positivos en la reducción del mercado de las drogas tuvo,
y tiene, altos costos económicos y miles de víctimas inocentes: muertos y personas
desaparecidas; encarcelamientos masivos e inhumanos para los eslabones más débiles del
tráfico; familias campesinas tratadas como delincuentes; usuarios de drogas criminalizados.
Es tiempo que la agenda de política de drogas de los gobiernos cambie su sentido y centren el
esfuerzo en respuestas alternativas, innovadoras y concertadas que permitan un abordaje
integral de los problemas asociados a las drogas. Son propuestas audaces que requieren
decisión política. Proponemos:
1.-Separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad. Las personas
que usan drogas no deben ser penalizadas por su consumo, ni sospechosas de formar parte de
la cadena de tráfico. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal
permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe
hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y
los sistemas de justicia.
2.-Penar en forma proporcional los delitos vinculados a las drogas. Las
cárceles están superpobladas de personas de bajos recursos sin antecedentes en otro tipo de
delitos, vendedores al menudeo, microtraficantes fronterizos o campesinos cultivadores de
plantas con fines ilícitos. Las penas por drogas deben ser proporcionales al tipo de delito y
deben evaluarse alternativas al encarcelamiento para las situaciones ligadas a mayor
vulnerabilidad social.
3.- Regular el mercado de cannabis, despenalizar la tenencia y el cultivo
para consumo personal. Perseguir a los usuarios y al mercado de cannabis ha resultado
ser inefectivo, costoso y contraproducente. El extendido uso de la planta y su enorme
disponibilidad, aunado a la facilidad para ser producida en casi cualquier latitud y condición
hacen necesarios cambios en su regulación que garanticen una fiscalización estricta del Estado
sobre su producción, disponibilidad y consumo fuera del mercado abierto; de forma tal que
además se fortalezca el esfuerzo de la autoridad en aquellas actividades que, como la violencia
y el narcotráfico, son mucho más lesivas para el tejido social. Las enseñanzas derivadas de la
experiencia de un mercado regulado de cannabis permitirían diseñar, en el futuro y en forma
prudente y pragmática, formas de regulación de la producción y acceso a otras sustancias
psicoactivas más riesgosas, a fin de arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que
hoy tienen de esos mercados, con todos sus graves efectos en violencia, corrupción y la propia
salud de los usuarios.
4.-Incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud
pública. La atención de las distintas situaciones de consumo problemático de drogas
requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con
pobreza extrema. Debe ponerse especial atención en las disposiciones para la reducción de
riesgos y daños.
5.- Incorporar un enfoque integral en el desarrollo alternativo, frente a
cultivos de uso ilícito. Los campesinos y pequeños productores viven en contextos de
pobreza, exclusión social y abandono estatal. Este escenario incide dramáticamente en sus
opciones de involucrarse en mercados ilegales de drogas. Un enfoque integral debe partir de
esos escenarios locales y regionales, introducir medidas para el desarrollo rural integral,
modificar las estructuras concentradas de tenencia de la tierra, dar acceso a créditos y
mercados para los productos alternativos, y gobernanza democrática.
6.-Reconocer los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la
hoja de coca. Distintos países de América Latina cuentan con el masticado y con otros usos
cotidianos de la hoja de coca como una práctica ancestral de sus poblaciones. El
reconocimiento de estos usos, y el impulso a los mercados de productos integrales de la hoja
de coca, deben ser respetados, protegidos e impulsados por todos los países involucrados. Los
potenciales usos terapéuticos deberían de ser investigados.
7.-Reducir el despliegue represivo y poner énfasis en la persecución del
crimen organizado. El modelo de persecución al crimen organizado que debe llevarse
adelante no significa incremento de la violencia, porque su énfasis debería ser el desarrollo de
acciones de inteligencia y castigo, basadas en herramientas propias de la persecución al
crimen organizado, dirigidas a perseguir conductas dolosas de tipo financiero, lavado de dinero,
corrupción de las fuerzas represivas y la convivencia del crimen con distintos sectores de los
Estados y los gobiernos locales. Ese modelo de abordaje no requiere alto poder bélico sobre
las poblaciones ni incrementa la violencia.
Lograr el consenso para estas reformas requiere generar un debate hemisférico que tenga en
cuenta las lecciones aprendidas del pasado y las llamadas “consecuencias no deseadas” de
la guerra contra las drogas. Este debate proponemos lo lidere un Grupo de Expertos de la
región, en condiciones de elaborar los lineamientos para una política de drogas alternativa,
centrada en la paz y la justicia.
Llevamos veinte años de recursos dilapidados en respuestas bélicas que sólo han servido para
multiplicar la espiral de violencia, la corrupción y la criminalidad en nuestros países. Llegó la
hora de probar con respuestas que promuevan la paz, el desarrollo, la atención de la salud y el
respeto de los derechos humanos. Un camino en el que América Latina tiene grandes lecciones
aprendidas y nuestros pueblos mucho aún por ganar.
Acción Andina- Colombia;
Acción Andina- Bolivia;
Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos”, Perú;
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C, México;
DeJusticia- Colombia;
Intercambios A.C., Argentina;
Transnational Institute, Países Bajos;
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Estados Unidos.
