En la misma y por expresa delegación de la comunidad, nuestra Corporación representa a 7 familias campesinas, 6 de ellas para las cuales se solicita la restitución/formalización bajo el procedimiento de la ley 1448 y 1 familia más, para la cual se le solicita al INCODER que adelante y finalice el proceso de adjudicación reglado en la ley agraria.
Dentro de las pretensiones, aparte de solicitar que se ordene al INCODER la titulación de los predios que fueran despojados materialmente por alias “Jorge 40” bajo la ayuda y silencio cómplice de la institucionalidad y la Fuerza Pública en julio 1997; se solicita que se dejen sin efectos los títulos mineros que han sido otorgados por el gobierno nacional, y que se ubican sobre los predios solicitados en restitución.
Si bien nos asisten reservas respecto a varios aspectos de fondo de la ley 1448 o ley de víctimas, y vemos con reserva el triunfalismo que se expresa con ocasión a esta norma, nuestra labor de acompañamiento y representación jurídica de estas comunidades busca la exigencia y efectiva realización de sus derechos a la Justicia y la Reparación como campesinos, desplazados forzosamente y despojados materialmente, mediante la implementación de todo el marco legal y constitucional existente.
Hoy como hace 30 años las solicitudes al Gobierno Nacional son las mismas, garantizar el acceso a la tierra de los campesinos/as, respetar sus decisiones productivas de economía campesina y fundamentalmente que puedan permanecer en el territorio con tranquilidad y sin la amenaza del poder armado, político, agroindustrial y ganadero de la región que quiere imponer su modelo agrario de hacienda. Las amenazas son reales y no se han hecho esperar, esperamos que las autoridades no sean inferiores como cuando ocurrieron los asesinatos de líderes de restitución de tierras, entre ellos Rogelio Martínez Mercado en San Onofre (Sucre).
Corporación Jurídica Yira Castro
