A pesar de los compromisos asumidos el 12 de octubre – día de la audiencia – ninguno de los funcionarios de ambos ministerios se hicieron presentes en la audiencia pública a pesar de que teníamos conocimiento de que se encontraban para ese día en el municipio de Tibú.
El Pueblo Indígena Bari realizamos el día 12 de octubre de 2006 una audiencia publica para exigirle al gobierno colombiano una explicación y solución por las violaciones a los derechos humanos que se nos están causando a causa de la ejecución del proyecto petrolero Pozo Álamo I en nuestro territorio ancestral – tradicional de Socbacayra y para solicitar el respeto de nuestros derechos como indígenas ante la amenaza de fumigaciones y proyectos de explotación de petróleo, carbón, de infraestructura vial y de transporte de gas sobre nuestro territorio.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia fueron invitados a la Audiencia Publica con derecho de petición del día 23 de agosto de 2006. El día 12 de septiembre estuvimos en Bogota realizando la invitación personal al Funcionario Juan Fernando Monsalve de la Dirección de Etnias y la directora de licencias del ministerio de ambiente quien confirmó su asistencia en compañía de tres funcionarios más. Ese mismo día recibimos oficio de la secretaria privada del presidente de la republica respondiendo a la invitación que le hacíamos afirmando que este había delegado encargarse del asunto al Ministro del Interior. Posteriormente el día 27 de septiembre miembros de nuestra comunidad se reunieron con la Directora de Etnias del Ministerio Doctora Josefina Araujo, confirmándole que un funcionario de ese despacho asistiría a la audiencia; días después recibimos comunicación escrita confirmando la asistencia del funcionario Edgar Medina.
A solicitud de las Fuerzas Militares y con anterioridad a la audiencia publica miembros de ASOCBARI sostuvieron varias reuniones con altos mandos militares de la segunda división del Ejercito Nacional que hace presencia en el municipio de Tibú, mandos de la policía nacional, SIJIN, CTI y el Jefe de Seguridad de ECOPETROL, con el objetivo de garantizar la seguridad del evento. En el recorrido que se realizó en horas de la mañana y el audiencia que se celebro en el colegio Domingo Sabio; hubo presencia de miembros del Ejercito Nacional, Policía nacional, defensa Civil, SIJIN, DIJIN entre otras, de manera uniformada y actuando encubierto, sin que se nos hubiera manifestado ninguna situación anormal o de inseguridad que pusiera en riesgo la seguridad nuestra o de las organizaciones y autoridades que estaban presentes. Es más tanto las autoridades civiles como militares que nos acompañaron en la audiencia coincidieron en afirmar y expresar sus felicitaciones porque el recorrido por las calles de Tibú se llevo a cabo en orden y de manera pacifica.
A pesar de los compromisos asumidos el 12 de octubre – día de la audiencia – ninguno de los funcionarios de ambos ministerios se hicieron presentes en la audiencia pública a pesar de que teníamos conocimiento de que se encontraban para ese día en el municipio de Tibú.
El día 13 de octubre fue publicado en el periódico el Espectador un artículo en donde se afirmaba que la Viceministro del Interior Doctora María Isabel Nieto “(…) llamó a la AP para advertir que informes de inteligencia militar indicaban que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban acompañando a los bari. Dijo que “los funcionarios de gobierno y Ecopetrol que estuvieron presentes en la marcha tuvieron que regresar inmediatamente a Cúcuta”(…)”. En el mismo artículo se registra una opinión de Jhon Ardila, reseñándolo como activista que ayuda a organizarse a los Bari. Además en la misma nota periodística se afirma que los funcionarios decidieron cancelar la asistencia a la audiencia debido a que la marcha se encontraba infiltrada por guerrilleros. Muy a pesar de ello el periodista de la AP afirma en su articulo que “la marcha pacífica y sin indicios de grupos armados ilegales.”, además la audiencia se realizó en total normalidad con la presencia de mas de 800 miembros de nuestras comunidades Bari, 6 organizaciones internaciones como lo son Consejeria en Proyectos PCS, Consejo Noruego para los Refugiados, Brigadas Internacionales de Paz, Observatorio Internacional de Paz, la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos en Colombia – Suboficina Bucaramanga, CIVIS, ACNUR y mas de 20 organizaciones nacionales de derechos humanos, representantes de la iglesia católica – diócesis de Tibú y autoridades publicas como la Procuraduría, la Defensoria delegada para asuntos étnicos, la administración municipal entre muchas otras.
Ante ello afirmamos:
Que el recorrido por las calles de Tibú y la Audiencia Publica fue un acto pacifico de iniciativa propia de nuestra cultura y en ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y participación.
Que las declaraciones de la viceministra del interior son falsas y carecen de fundamentos; pues de haber existido algún informe sobre supuestas infiltraciones de guerrilleros, los mandos militares nos lo hubieran informado debido a la comunicación directa que sosteníamos con ellos.
Que estas declaraciones obedecen a simples y mentirosas excusas por no asistir a la audiencia publica a la cual estaban invitados y que habían confirmado su asistencia.
Que con este nuevo hecho se reafirma la falta de compromiso de parte del gobierno colombiano en la defensa de nuestros derechos humanos como pueblos indígenas.
Que las declaraciones de la viceministra del interior ponen en riesgo a los miembros de nuestras comunidades en la defensa de nuestro territorio y a las organizaciones que nos acompañaron en la audiencia publica.
Reiteramos nuestra autonomía, neutralidad e independencia frente a cualquier actor armado legal o ilegal del conflicto que vive Colombia.
Rectificamos y aclaramos que el señor Jhon Ardila es el coordinador del Área Educativa de la Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, organización que desde el año 2004 nos asesora y acompaña jurídica y educativamente en la defensa de nuestro territorio.
Que iniciaremos las denuncias y procesos disciplinarios y penales correspondientes por las declaraciones dadas por la viceministra del interior
Solicitamos:
Que se nos explique las verdaderas razones por las cuales funcionarios de ese ministerio no asistieron a la Audiencia publica a la cual estaban invitados y había realizado confirmación de personal y por escrito en múltiples ocasiones.
Que la Viceministra del Interior presente ante nuestras autoridades tradicionales los supuestos informes de inteligencia militar y las pruebas que los fundamentan. Y que se realice la aclaración y rectificación publica de los hechos ante los medios de comunicación.
Tibú, 20 de octubre de 2006.
Mas informes (097) 55663532 Tibú y (097) 6455528 B/ga.
Firma: ASOCBARI
Se suscriben a las solicitudes de este comunicado: Consejeria en Proyectos – PCS, Observatorio Internacional de Paz – IPO, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, CENSAT Agua Viva, Centro de Cooperación al Indígena -CECOIN, Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado y Lesa Humanidad, Fundación Participación Comunitaria PARCOMUN – Norte de Santander, Fundación de Estudios e Investigaciones Sociales de Norte de Santander, Centro de Cultura Popular José Antonio Galán – Santander, Corporación Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional – CEDHUL, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Santander, ANDAS – Santander, Corporación Buen Ambiente – Norte de Santander.