Rechazamos asesinato de líder del Pueblo Awá

El Pueblo Awá es uno de los 35 pueblos indígenas que la Corte Constitucional colombiana ha declarado como en riesgo de extinción física y cultural a través del Auto 004 de 2009 y 174 de 2011, y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a ello, este pueblo sigue siendo sistemáticamente blanco de múltiples violaciones de derechos humanos en medio del conflicto armado y la presencia de actores armados y económicos que agudizan la situación de las comunidades indígenas que se niegan a desplazarse de sus territorios

Durante el año 2012, cuatro comuneros, entre autoridades tradicionales, lideresas y líderes del pueblo Awá han sido asesinados sin que las instituciones del Estado brindaran las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar sus derechos fundamentales y la permanencia en su territorio.

Recientemente el Pueblo Awá, representado por el gobernador Juan Álvaro Nastacuas Pai, interpuso una acción de tutela en busca de respuestas inmediatas a la grave situación que atraviesa su comunidad por los derrames de petróleo en el río Inda dado el paso del el oleoducto transandino sobre su principal fuente de agua. No obstante a la grave situación de desabastecimiento de agua potable y contaminación del medio ambiente, que genera la presencia del oleoducto de ECOPETROL, la Sala penal del Tribunal de Pasto decidió negar las pretensiones de las comunidades de Inda Guacaray e Inda Sabaleta, profundizando la negligencia y el abandono histórico del Estado frente al inminente desplazamiento forzado y extinción física y cultural en el que se expone a una comunidad que en medio del conflicto armado, los cultivos ilícitos y las fumigaciones se le priva de su derecho fundamental al agua.

La Corporación AVRE y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo manifiestan su censura ética frente a estos hechos, expresan sus profundas condolencias a la familia de Álvaro Nastacuas y a su comunidad y esperan que estos hechos no queden en la impunidad.

Bogotá DC, 3 de diciembre de 2013

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