El pasado 26 de mayo, la Fiscalía 26 especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y a petición de Soraya Gutiérrez A, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de la parte civil, reconoció como Crimen de Lesa Humanidad el homicidio del congresista Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994. La Fiscalía afirmó que esta categoría de crimen de lesa humanidad fue reconocida para este caso de acuerdo con los estándares internacionales y el ordenamiento jurídico nacional. Así mismo reconoció el carácter imprescriptible de la acción penal por estos hechos.

 

Señala la decisión de la Fiscalía que el plan de asesinatos ejecutados en contra del Movimiento Político Unión Patriótica, entre los que se encuentra el del Senador Manuel Cepeda, demarca una pluralidad de acciones ejecutadas de manera generalizada y como parte de planes sistemáticos orientados a exterminar a un grupo político plenamente identificado.

Prosigue la decisión señalando que el 9 de agosto de 1994 se cumplirían 20 años del crimen, y por tanto alcanzaría la prescripción, pero como el homicidio de Cepeda Vargas tiene la categoría de crimen de lesa humanidad, invocando los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, concluye que la acción penal por la conducta de homicidio en contra la humanidad de Manuel Cepeda Vargas es imprescriptible.

El magnicidio contra el senador Cepeda se enmarcó dentro del genocidio a la Unión Patriótica, UP, movimiento de convergencia y oposición política nacido en 1985 como fruto de las conversaciones de paz entre el Gobierno del Presidente Belisario Betancourt y la guerrilla de las Farc, y donde el Gobierno se comprometió a crear las condiciones y garantías necesarias para que este grupo guerrillero organizara un partido o movimiento político legal que expresara sus planteamientos.

Dicho proyecto sería una instancia que permitiría el paso gradual de los alzados en armas a la vida civil y su incorporación a la acción política legal. El movimiento nació con un carácter amplio y pluralista; su plataforma política fue respaldada por un gran espectro de sectores, entre los cuales se contaban liberales, conservadores, comunistas, creyentes de diversas vertientes religiosas y gentes sin partido.

La UP logró convertirse en una fuerza de primer orden en las elecciones de 1986 y en las de 1988 obteniendo varios cargos de elección popular y constituyéndose en una fuerza alternativa de la izquierda. Al tiempo empezaron a ser blanco de una política de exterminio que cegó la vía a miles de sus dirigentes: Dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales, decenas de diputados y alcaldes municipales, centenares de sindicalistas, militantes y dirigentes comunistas, dirigentes campesinos, y miles de personas integrantes de esta colectividad, sin contar los numerosos casos de desplazamientos y exilios forzados como el de la presidenta de la Unión Patriótica Aída Avella y el del senador Hernán Motta, por sólo mencionar dos de ellos. Así mismo, se perpetraron cerca de 30 atentados dinamiteros contra las sedes y oficinas del movimiento.

Por el crimen del senador Manuel Cepeda, los sargentos del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador fueron condenados en el año del 1999 a 43 años de prisión, como coautores del asesinato del senador Manuel Cepeda. Nueve años después, en diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda, pero la indemnización fue rechazada por Iván Cepeda Castro, hijo del senador. Luego, en 2009 Edilson Jiménez Ramírez, alias ‘El Ñato’, fue sindicado como supuesto autor del delito de homicidio agravado, por un fiscal de la Unidad Nacional de DH y DIH.

En 2010, el Estado colombiano fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el crimen de Manuel Cepeda. Este tribunal internacional concluyó que la condena contra los agentes del Ejército involucrados en estos hechos fue disminuida varias veces y ellos siguieron delinquiendo desde su sitito de reclusión, lo que “indica una insuficiencia del Estado para perseguir y sancionar adecuadamente graves violaciones a los derechos humanos”. La CIDH solicitó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y sancionar a todas las personas implicadas en este crimen, y el 9 de agosto del 2011 el entonces Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, presidió el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el crimen del senador Cepeda ordenado por la Corte Interamericana como parte del fallo.

En mayo del 2011, la Fiscalía decretó medida de aseguramiento como determinador del crimen del Senador Manuel Cepeda al consejero y ex funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, quien según el testimonio de varios paramilitares acogido a la ley de Justicia y Paz, jugó un papel determinante en el crimen del Senador Cepeda.

Jorge Iván Zapata Laverde, alias el Iguano, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, Raúl Emilio Hasbum y Fredy Rendón Herrera, han señalado a José Miguel Narváez Martínez como impulsor de las estructuras paramilitares y por la gran influencia que ejercía sobre muchas de las decisiones que tomaba Carlos Castaño, con relación a varios homicidios de personalidades de la vida nacional como Manuel Cepeda y Jaime Garzón.

El señor Narváez sigue recluido en una instalación militar. Además de irregular, la reclusión representa un peligro para las víctimas que han solicitado en repetidas ocasiones que sea trasladado a una cárcel ordinaria.

En abril del 2013 la Fiscalía 26 de la unidad de DH y DIH dictó medida de aseguramiento contra de Jesús Emiro Pereira Rivera, concuñado de Carlos Castaño, como cómplice del delito de Homicidio Agravado en la humanidad del senador Cepeda Vargas, y quién se sometió a sentencia anticipada.

El pasado 11 de mayo la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo penal contra el sargento Gil Zúñiga en respuesta a una solicitud de revisión interpuesta por el abogado Luis E. Rivas, que defendía la tesis de que la responsabilidad penal recayó en Carlos Castaño, ex comandante de las AUC y no en el oficial Zúñiga.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, sus hijos Iván y María Cepeda Castro, saludan esta decisión que se produce después de 20 años y como resultado de la incasable búsqueda de la verdad y la justicia.

Este reconocimiento constituye un importante avance para establecer la responsabilidad penal en toda la cadena de mando de este crimen, y abre el camino para el conjunto de las víctimas de la Unión Patriótica hacia la verdad, la justicia y la reparación, y sobre todo, las garantías para que estos hechos no se repitan y se haga efectivo el ejercicio de la oposición en Colombia.