Con la presencia de la Relatora Especial de la ONU Margaret Sekaggya, la embajadora de Colombia ante la Casa Blanca, Carolina Barco, el presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Reinaldo Villalba Vargas, Gabriel González, ex coordinador en Bucaramanga del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia y el congresista James McGovern, se llevó a cabo con éxito la audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.
Durante la audiencia, que tenía como propósito examinar la crítica situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, Margaret Sekaggya, relatora especial de Naciones Unidas, insto al gobierno colombiano para que cese de estigmatizar a los defensores de derechos humanos e investigue las denuncias que estos realizan.
Así mismo, solicito la relatora, la desclasificación de los archivos de inteligencia recopilados sobre los defensores, tal y como lo había mencionado, en su visita al país, entre el 7 y el 18 de septiembre pasado.
Por su parte, el congresista James McGovern, quien presidió la audiencia, indicó, sobre estos archivos, que a causa de ellos, Washington ha pensado dos veces otorgar visado a defensores reconocidos, pero al mismo tiempo estigmatizados por su trabajo. Lo que a su juicio ha sido muy perjudicial para ambas partes.
McGovern igualmente recalcó que la ratificación del TLC dependía de la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia.
De la misma manera se expreso Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien en una breve intervención recordó la responsabilidad del Estado colombiano, frente a las interceptaciones y seguimientos ilegales por parte del Das, la principal agencia de seguridad del país que depende directamente de la presidencia de la República.
Igualmente evidenció la manera en que funcionarios públicos han venido acusando a las organizaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas cuando éstas son cometidas por agentes del Estado, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, en una clara alusión al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien el pasado mes de marzo dijo que “Las Fuerzas Armadas de Colombia, en ese proceso de ser eficaces y transparentes, corrigen gustosas cualquier falla, no aceptan ‘falsos positivos’ y tampoco se van a dejar acomplejar por falsas acusaciones”