El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el senador Gustavo Petro presentarán hoy ante el Congreso de la República, el proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se eleva a rango constitucional los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y se establecen mecanismos para garantizar la no repetición del paramilitarismo en Colombia”.
El Acto Legislativo está concebido como un proyecto alternativo frente a algunos de los vacíos más protuberantes de la Ley 975/05, llamada de “justicia y paz”, que no prevé procedimientos claros para las garantías de no repetición de los crímenes cometidos. En la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que es un homenaje a la memoria de los millones de compatriotas que han sido víctimas de la violencia en Colombia, y una iniciativa que busca la no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Al enunciar sus dos objetivos centrales el texto señala: “Para contrarrestar los efectos de la legalización de la impunidad, existen dos estrategias de singular importancia: la constitucionalización de los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y genocidio, a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, y el diseño de mecanismos de no repetición y prevención de tales atrocidades, específicamente destinados al desmonte de las estructuras que las hicieron posible”.
Esta propuesta busca el desmonte definitivo de las estructuras paramilitares y poner punto final a la historia cíclica de estrategias en las que el Estado colombiano ha decidido armar civiles, crear cooperativas de seguridad, redes de informantes, y legalizar otras formas delegación de la fuerza pública que han dado origen a los ejércitos paramilitares. Al caracterizar el saldo de estas estrategias la propuesta de reforma constitucional afirma: “El daño causado a la sociedad colombiana por el empleo de las estrategias paramilitares es inmenso. La destrucción de hogares y comunidades, la usurpación de la tierra, el desarraigo y el empobrecimiento generados por la expulsión de poblaciones enteras a las ciudades, hacen parte de las consecuencias devastadoras que ha traído la ruptura de los lazos sociales por medio de esta acción criminal. Los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, y los consejos comunitarios afrodescendientes, han sido especialmente afectados por las masacres y el desplazamiento forzado. También las mujeres han sido víctimas de agresión contra sus cuerpos, y han tenido que soportar los peores efectos socioeconómicos del desarraigo. Mientras tanto, en los barrios marginales de las grandes ciudades son los jóvenes quienes han sido perseguidos por campañas llamadas de ‘limpieza social’, a la vez que los agresores recurren a bandas sicariales que fomentan el delito”.
El proyecto de Acto Legislativo contiene la creación de un nuevo artículo en la carta de derechos de la Constitución; el artículo 40A que consagraría los derechos de las víctimas: “Artículo 40A. Son derechos fundamentales de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en los términos de los estándares internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario”. También modifica el artículo 90 haciendo referencia explícita al derecho a la reparación integral en casos de crímenes sistemáticos. El propósito de estas reformas es que los derechos de las víctimas tengan carácter permanente, y puedan ser protegidos mediante recursos judiciales como la acción de tutela.
El proyecto incluye además la reforma de otros cinco artículos de la Constitución Política (los artículos 122, 216, 220, 221 y 223) en los que se hace alusión expresa a sanciones para los agentes estatales y miembros de la Fuerza Pública que tengan alianzas con estructuras paramilitares, prohibición de la delegación de la fuerza o las armas de guerra a los civiles, interdicción de leyes que autoricen la creación de cooperativas de seguridad, redes de informantes, y toda otra forma de paramilitarismo.
