Delitos atroces como la tortura, violencia sexual y secuestro, todos ellos presentes en el
caso de Jineth, han sido objeto de impunidad en Colombia. Nuestra Campaña ha mostrado
que en el periodo de 2001/2009 en las zonas de conflicto armado se cometieron miles de
crímenes sexuales considerados por el Estatuto de Roma como de lesa humanidad: 94.565
mujeres fueron violadas, 26.353 fueron objeto de embarazo forzado, 7.754 sufrieron la
prostitución forzada, 27.058 fueron víctimas de aborto forzado y 19.422 de esterilización
forzada. Más del 80% de las mujeres no denunciaron, entre otras razones, según sus
propias palabras, porque no creían ni confiaban en la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal general Eduardo Montealegre, tiene
en sus manos la oportunidad de tomar una decisión contundente que comience a derribar
el muro de impunidad que cubre el crimen silencioso y generalizado de la violencia sexual
contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
Exhortamos, por tanto, al Fiscal General para que ratifique la calificación realizada por la
fiscal del caso ya que es la mayor y mejor garantía de no repetición.
Por último queremos manifestar nuestra profunda admiración por el coraje mostrado por
Jineth Bedoya y la fiscal Orozco en la búsqueda de verdad y justicia, a pesar de las difíciles
condiciones y obstáculos amenazantes que acompañan este camino de exigibilidad.
Mayor información:
Olga Amparo Sánchez: +57+ 3108712177 (cel)
