Varias organizaciones sociales internacionales, que conforman la Misión del Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN), mediante comunicado público, manifestaron ayer su preocupación por la crítica situación que se está viviendo en Honduras, dos días antes de realizarse las elecciones.
Según integrantes de la Misión, “Las autoridades del régimen de facto, incluyendo el Ministerio Público están amenazando con acusar penalmente a las personas que promuevan el abstencionismo el domingo 29 de noviembre”. De tal manera, “el OISDHHN ha constatado campos pagados en los principales medios escritos advirtiendo sobre el riesgo para las personas que no voten el día de las elecciones.”
La Misión, que esta conformada por miembros del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, el Instituto de Derechos Humanos “José Simeón Cañas” de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, denunció así mismo, la presencia frecuente de militares en comunidades como Gualinga, Soloara, Monte Copado, Quizcamote, Opalaca, Tapuimán, Guasores, y Olanchito, luego que el 22 de octubre pasado, mediante un oficio, un batallón del Ejército habría solicitado a numerosas autoridades municipales los nombres y la ubicación de los miembros de la resistencia que “llevan intranquilidad a la comunidad”.
“Dichas personas refieren que los militares transitan fuertemente armados, detienen a integrantes de la Resistencia sin motivo alguno, a quienes, en ocasiones, también han agredido físicamente.”
Igualmente, manifiestan su intranquilidad por el hostigamiento contra periodistas y la interferencia de las transmisiones de los medios de comunicación críticos a las actuaciones del gobierno de facto, tales como Radio Globo, Cholusat Sur y Canal 36, entre otros.
Finalmente informan de su preocupación sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia contra varios jueces independientes. “La magistrada de Apelaciones, Tirsa Flores, recibió el 25 de noviembre una comunicación sobre la apertura de un proceso disciplinario en su contra por hechos relacionados con su posición crítica del golpe de Estado”. Lo que se suma a los procesos abiertos contra Osmán Fajardo, Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios. Estas causas pretenden enviar un mensaje a la judicatura, para que se mantenga sumisa ante una Corte Suprema plenamente vinculada con el gobierno de facto.
De tal manera hacen un llamado al Tribunal Supremo Electoral, órgano que ahora dirige las fuerzas de seguridad y el Ejército, para cesar todo tipo de persecución política y −en particular− cualquier acto de hostigamiento, intimidación, amenaza y atropello contra las personas que ejercen su derecho a la libre expresión.
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