Esta fue una de las principales solicitudes realizadas, el día de hoy en Ginebra, Suiza, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por más de 1200 organizaciones sociales, al Estado colombiano, luego de la adopción del informe sobre Colombia y el desarrollo del Examen Periódico Universal que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre.

 

 

Esta fue una de las principales solicitudes realizadas, el día de hoy en Ginebra, Suiza, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por más de 1200 organizaciones sociales, al Estado colombiano, luego de la adopción del informe sobre Colombia y el desarrollo del Examen Periódico Universal que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre.

Igualmente hicieron un llamado al gobierno para que reconsidere su posición y entre otros puntos, cese de involucrar niños a niños en el conflicto armado, reconozca el derecho a la objeción de conciencia, desmantele efectivamente los grupos paramilitares, ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, acepte la competencia del futuro Comité sobre desapariciones forzadas para recibir comunicaciones individuales y la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra.

Las organizaciones también le solicitaron all gobierno que se comprometa a no obstaculizar más la adopción de una ley de víctimas, a favor de todas las víctimas del conflicto armado.

Finalmente, instaron que se establezca un mecanismo de seguimiento para supervisar de cerca el estado de cumplimiento de las recomendaciones que, de ser implementadas, contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.

Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas10° período de sesiones, 2-27 de marzo de 2009
Tema 6: Examen Periódico Universal – Adopción del informe sobre Colombia

Señor Presidente:

En nombre de 1.200 organizaciones colombianas[[Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (199 organizaciones), la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
(140), la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (110 organizaciones), la Asamblea Permanente de la
Sociedad Civil por la Paz (754 organizaciones), la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Coalición contra la
vinculación de niños y niñas en el conflicto armado (COALICO), el Observatorio sobre Discriminación Racial y el Centro
de Cooperación al Indígena (CECOIN). ]], la Comisión Colombiana de Juristas y la
Organización Mundial Contra la Tortura agradecen las intervenciones de los 43 Estados en el debate
del Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia el 10 de diciembre y el informe que el Consejo
está por adoptar. Quisiéramos dedicar nuestra intervención al líder indígena Edwin Legarda, asesinado
por el Ejército seis días después del examen, cuando su esposa Aida Quilcué volvía de la sesión del
Consejo donde denunció la grave situación de los pueblos indígenas.

El debate mostró claramente que en Colombia persiste una situación de violaciones graves y
sistemáticas sobre las cuales este Consejo no puede guardar silencio durante los próximos cuatro años.
Además de las responsabilidades que caben a los grupos guerrilleros por graves infracciones al
derecho humanitario y violaciones a derechos fundamentales de la población, las numerosas
recomendaciones formuladas evidencian el incumplimiento del Estado colombiano con sus
obligaciones en materia de derechos humanos y con los compromisos adquiridos reiteradamente ante
Naciones Unidas desde 1996.

En efecto, las intervenciones señalaron reiteradamente que se siguen cometiendo ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas y
desplazamiento forzado, violaciones que afectan particularmente y de manera diferencial a los grupos
más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las mujeres y los
niños. Asimismo, se resaltó en el debate que no se han desmantelado las estructuras militares,
económicas y sociales de los paramilitares, cuya impunidad es alta por sus persistentes nexos con
agentes estatales; que el poder ejecutivo se entromete indebidamente en la rama judicial, porque ésta investiga dichos nexos; que no se han garantizado los derechos de las víctimas, dadas las múltiples
falencias en la aplicación de la llamada ley de “justicia y paz”; que se incrementa el hostigamiento en
contra de defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas, y periodistas por la
estigmatización pública por parte de los más altos funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente de
la República; que la continua agresión contra los pueblos indígenas acelera el proceso de su
desaparición cultural y física; que no ha disminuido la brecha de inequidad, por lo cual no se ha
garantizado los derechos a la salud, educación, alimentación y a una vivienda adecuada de muchos
sectores de la población.

Esperamos que, a pesar de la actitud desafiante del Gobierno al concluir el debate -acusando a los
Estados de tener “una valoración de los derechos humanos sin objetividad y con información
equivocada”-, la aceptación de la mayoría de las recomendaciones y los 67 compromisos voluntarios
adquiridos se traduzcan de una vez por todas en medidas serias para su efectiva implementación.

En cuanto a las recomendaciones rechazadas, hacemos un llamado al Gobierno a que reconsidere su
posición y en particular suprima todo sistema de recompensas como incentivo para cometer
ejecuciones extrajudiciales, cese de involucrar a niños en el conflicto armado, reconozca el derecho a la
objeción de conciencia, desmantele efectivamente los grupos paramilitares, ratifique el Protocolo
Facultativo a la Convención contra la Tortura, acepte la competencia del futuro Comité sobre
desapariciones forzadas para recibir comunicaciones individuales y la competencia de la Corte Penal
Internacional para juzgar crímenes de guerra[[Recomendaciones contenidas en los párrafos 19(d), 19(e), 22(b), 23(b), 23(d), 23(e), 35(c), 37(a), 37(c), 40(e), 60(a) del
documento A/HRC/10/82.
3 Se realizaron 9 audiencias donde víctimas de todas las regiones de Colombia presentaron sus demandas y análisis del
proyecto de ley.
]]. Asimismo, hacemos un llamado especial a que el
Gobierno se comprometa a no obstaculizar más la adopción de una ley de víctimas a favor de todas las
víctimas del conflicto armado, según las propuestas realizadas por más de 4.000 víctimas en todo el
país3 y los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.

En conclusión, tres años después de la adopción de la última decisión sobre Colombia en la Comisión
de Derechos Humanos, el debate del EPU ha demostrado que la situación no ha mejorado y sigue
siendo muy grave. Por lo tanto, urge que el Consejo establezca un mecanismo de seguimiento para
supervisar de cerca el estado de cumplimiento de las recomendaciones que, de ser implementadas,
contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en
Colombia.

Gracias, Señor Presidente.

Ginebra, 20 de marzo de 2009

 

 

Notas