Según estas organizaciones regionales, su vinculación a la movilización social tiene que ver con exigir “amplia participación de las comunidades en la negociación del conflicto armado”, el cual se ha evidenciado en esta región por medio de constantes enfrentamientos entre fuerzas insurgentes y estatales. Por otra parte, aseguran sus impulsores, el llamamiento conjunto es un hecho unidad de los procesos regionales, acorde con “los escenarios y acuerdos que se van construyendo nacionalmente, tales como la Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos”.
La región del Catatumbo es una de las más conflictivas del país, situación que se explica por su condición fronteriza así como también por la existencia de amplias reservas de carbón y petróleo que pretenden ser explotadas en los próximos años, a lo cual se oponen comunidades campesinas e indígenas.
Considerada estratégica, en la región se concentran todos los actores del conflicto armado: fuerzas insurgentes de las Farc, el Eln y algunos grupos del Epl, cerca de 6.000 efectivos militares adscritos a la Brigada 30 del Ejército Nacional, fuerzas policiales, fuerzas paramilitares que siguen actuando soportadas en el negocio del narcotráfico y fuerzas de seguridad privada; el alto nivel de militarización del territorio explica en gran medida su conflictividad.
Por otro lado, desde hace algunos años las organizaciones comunitarias han recurrido a varios medios para denunciar y visibilizar estos problemas, tales como las movilizaciones, foros y campamentos humanitarios, sin que hasta el momento hayan logrado avances en la solución de los mismos. Por ello, situaciones sociales que estarían en el fondo del conflicto presentan un difícil panorama: el estado de la salud y educación, por ejemplo, continúan siendo de los más precarios a nivel nacional, así lo explica Alejandro Mantilla, investigador social y asesor del Cisca: “La situación educativa es muy grave ya que los indicadores nos muestran que los municipios de la región están muy por debajo de los promedios nacionales, presentándose alta deserción escolar, analfabetismo y nulo acceso a la educación superior”.
Las movilizaciones hacia distintos municipios, que tendrán lugar durante los días 10, 11 y 12 de octubre denunciarán estas situaciones, esperando nuevamente respuestas de parte del gobierno nacional y regional, para alcanzar, según sus habitantes, “una vida digna en paz en nuestros territorios”.
