El 7 de mayo de 2014, desde las horas de la mañana, al rededor 400 Campesinos que participan del Paro nacional agrario étnico y popular concentrados en el sitio conocido como “La Lejía” por la vía que conduce de Pamplona a Saravena, en el departamento de Norte de Santander, intentaron iniciar su marcha pacífica en ejercicio del derecho constitucional a la movilización social, sin embargo, su paso fue impedido ya que miembros del ESMAD, Policía y Ejército Nacional, atravesaron dos tanquetas sobre la vía, rodeando, intimidando y agrediendo a los manifestantes disparándoles bolas de cristal conocidas popularmente como canicas.

 

La interlocución con el gobierno y la actitud pacífica de las comunidades movilizadas, no han sido suficientes para que se respete los derechos humanos de los manifestantes.

Hechos:

1. El 7 de mayo de 2014, desde las horas de la mañana, al rededor 400 Campesinos que participan del Paro nacional agrario étnico y popular concentrados en el sitio conocido como “La Lejía” por la vía que conduce de Pamplona a Saravena, en el departamento de Norte de Santander, intentaron iniciar su marcha pacífica en ejercicio del derecho constitucional a la movilización social, sin embargo, su paso fue impedido ya que miembros del ESMAD, Policía y Ejército Nacional, atravesaron dos tanquetas sobre la vía, rodeando, intimidando y agrediendo a los manifestantes disparándoles bolas de cristal conocidas popularmente como canicas.

Recordamos que los campesinos en mención han venido soportando la agresión del Estado desde que salieron de sus lugares de origen, el 27 de abril de 2014, detenciones, agresiones físicas y psicológicas, estigmatización, bloqueo de alimentos, torturas, entre otros, han sido las violaciones de derechos humanos sufridos por los labriegos.

El día de ayer 6 de mayo, llegaron a un acuerdo con el Teniente-Coronel CORREA de la Policía de Norte de Santander, para que la fuerza pública permitiera la movilización pacífica y el ejercicio del derecho a la protesta social de los Campesinos en el paro. Sin embargo, este acuerdo ha sido violentado por el mismo Teniente Coronel CORREA, quien les exige a los Campesinos un permiso dado por el Alcalde de Pamplona, señor Carlos Bustos, para la movilización.

2. El 7 de mayo de 2014, en la ciudad de Tunja-Boyacá, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC desarrollaban una plantón en solidaridad al paro nacional agrario, étnico y popular cuando fueron agredidos, detenidos y conducidos a la URI en Tunja, por miembros de la policía nacional con fines de ser judicializados por los presuntos delitos de Agresión contra servidor público y Obstrucción de vía pública. Las víctimas son los jóvenes Camilo Alejandro Triana, Emerson Rincón, Edgar Mauricio Medina y el menor de edad Alder Rivera, este último fue entregado a sus familiares.

Exigimos:

Al Estado colombiano respetar y garantizar los derechos de las comunidades movilizadas y abrir los escenarios para la interlocución y análisis del Pliego Único, además cumplir los compromisos con ellos pactados; A los órganos de justicia y control, investigar los casos aquí denunciados con el ánimo de castigar ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos que vulneran gravemente los derechos fundamentales, se sigan presentando.

Se garantice la vida, integridad y libertad de las personas movilizadas, parando con la estigmatización, persecución y empadronamientos contra los campesinos en la actividad social.

Se garantice el debido proceso a las personas judicializadas en el marco de la movilización y se les deje en libertad inmediata.

Se investigue penal y disciplinariamente los hechos aquí denunciados.

Responsabilizamos:

Al Estado colombiano y sus instituciones por las violaciones a los derechos humanos presentados contra las comunidades movilizadas y sus dirigentes.

Llamamos:

A la comunidad internacional, a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a estar atenta durante y después de la jornada y en general a hacer seguimiento a la grave crisis social y humanitaria que vive el país, exigiendo al ministerio publico intervenir de manera efectiva ante estas flagrantes violaciones.

COORDINADORA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION COMUNITARIA –COSPACC
COORPORACIÓN CHOAPO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
Comité Ejecutivo Regional