En 1976 la Revista de las Fuerzas Armadas reproducía el siguiente texto: “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”; ese mismo año la Revista del Ejército publicaba el artículo El terrorismo como arma psicológica, en el que el mayor Raúl H. Mora Bohórquez afirmaba sin ambages que “hay que combatir al terrorista con sus mismas tácticas”. [1]
Algunas de esas “técnicas” y “tácticas” las recogía el citado manual de Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas de 1979 al pedir a los comandantes de las compañías de fusileros la utilización “de agentes clandestinos de civil que cumplan y simulen acciones de bandoleros” y otro tipo de actividades como “el boleteo (amenaza) al personal de lista gris (población no definida) o negra (población que apoya a la subversión) que no quiera colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región”. Recomendaciones similares destinadas a las unidades militares ya se habían producido tiempo atrás. En los sesenta, el director de la Escuela de Infantería, coronel Matallana Bermúdez, propuso la creación de unos grupos de contraguerrilla llamadas Batallones de Orden Público a los que aconsejaba “la eliminación de los bandoleros y de las personas llevando uniforme antes de que puedan rendirse o huir”. [2]

En la mentalidad de las Fuerzas Armadas Colombianas, fieles a los principios de la doctrina de Seguridad Nacional, no cabe la derrota frente al enemigo y cualquier intento de solución negociada al conflicto es visto como un avance da la guerrilla. El ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, dirigió una carta al Presidente de la República, Virgilio Barco, en 1988, en la que le pedía “unas fuerzas militares sin ataduras” y recriminaba que “quizás el mayor éxito obtenido por la subversión en Colombia, fue el de sentar al Gobierno en la mesa de conversaciones para realizar un diálogo sin límites de tiempo (…)”. [3]

El mismo planteamiento, desde tiempo atrás, sostenían los principales gremios de empresarios, industriales, ganaderos y terratenientes. En 1964, el poder militar y el ecónomico unen esfuerzos con un objetivo común: crear las autodefensas. Ese año, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC, organización que aglutina a los grandes latifundistas) pidió al Gobierno que autorizara la constitución de grupos de autodefensas para protegerse de los secuestros; por su parte, el representante del Ejército en la IV Conferencia de Ejércitos Americanos advirtió que “si un gobierno comunista se establece por desgracia, en cualquiera de nuestros territorios, se está afectando no sólo la soberanía nacional del país ocupado sino también la soberanía de los pueblos vecinos”. [4]Un año año más tarde se expidió el decreto 3398 para legitimar las autodefensas.

Además del interés común en mantener el control absoluto del país, ambas partes han implementado siempre iniciativas para estrechar lazos ideológicos y para que sus planteamientos se oigan como una sola voz: numerosos foros empresariales han tenido como invitados de honor a altos mandos militares y el Ejército se ha preocupado de difundir en el seno de las organizaciones empresariales la doctrina de la Seguridad Nacional a través de cursos y programas de orientación sobre las características de la defensa del país. De esta forma, la estrategia militar tuvo el respaldo de la clase dirigente y ésta fue adoptando el mismo lenguaje de quienes se encargaban de defender sus privilegios por la fuerza. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fabio Echeverry Correa, se refería en la década de los ochenta a los grupos insurgentes como la amenaza interna que asociados a “agencias subversivas internacionales pugnan por destruir el sistema democrático” y “quieren remplazar la clase dirigente mayor”.

Esta alianza se ha mantenido también en las épocas de crisis, como en 1983 cuando el Procurador General de la Nación [5]acusó a 59 miembros activos del Ejército de pertenecer al escuadrón paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), cuya aparición en la región del Magdalena Medio significó el recrudecimiento de la guerra sucia en el país. El entonces ministro de Defensa, general Landazábal, pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas que donaran un día de salario para financiar la defensa de los inculpados; la ANDI, junto a varios gremios, afirmó que “el MAS no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, Las Fuerzas Armadas saldrán airosas (…)”, y la Federación de Ganaderos invitó a su congreso al general Landazábal, quien, en tono desafiante, dijo: “No vamos a perder la guerra, no vamos a permitir por ningún motivo que el país vaya a cambiar su destino histórico y que vaya a relevar de su bandera las notas de nuestro escudo nacional por la hoz y el martillo”. Ardila Lule, uno de los empresarios más ricos del país, se solidarizó con las Fuerzas Armadas en declaraciones a la prensa: “Nos toca siquiera responder en parte a sus esfuerzos, estimularlos y respaldarlos, cerrar filas a su alrededor” (El Tiempo, 3-5-83).

La Federación de Ganaderos de Antioquia (Fadegan) también salió en defensa de los militares no en balde varios de los civiles acusados de paramilitarismo por la Procuraduría pertenecían a esa organización. Su presidente, Pedro Juan Moreno Villa, recriminó al Procurador por poner en peligro la vida de los militares y dijo que su informe era una “investigación unilateral”. [6]
Además, abogados vinculados a Fadegan defendieron a algunos de los inculpados; seis años después los mismos letrados tendrían como clientes a los miembros del MAS procesados por varias masacres cometidas en Urabá. Precisamente esta región del noroeste colombiano, fronteriza con Panamá, fue escenario de una de las represiones más violentas que se han dado en Colombia contra los trabajadores. La ANDI y Uniban -compañía exportadora de Augura, gremio de productores bananeros de Urabá- fueron unas de las principales promotoras del Primer Foro por la Paz en Colombia, que se realizó en Medellín el 1-9-87 en el que participaron varios militares; el brigadier general Sanmiguel Buenaventura, comandante de la X Brigada, afirmó en este encuentro que “en Urabá existen movimientos sindicales con brazo armado” y acusó al Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintagro) de estar directamente vinculado con el grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación; [7] decenas de miembros de Sintagro y Sintrabanano fueron asesinados meses después.

La simbiosis entre militares y empresarios también se dio frente a las conversaciones con las guerrillas. Las declaraciones en contra de las iniciativas de paz de los generales Fernándo Landazábal y Rafael Samudio, ministros de Defensa en los gobiernos de Betancur y Barco, respectivamente, fueron ampliamente respaldadas por los gremios económicos. Ganaderos y terratenientes amenazaron con asumir su propia defensa y difundieron públicamente su oposición al proceso de paz emprendido por Belisario Betancur, del que surgió la Unión Patriótica; la SAC, entidad impulsora de las autodefensas, acusó al Presidente en 1983 de confundir libertad con libertinaje. Pocos años después numerosos empresarios firmaron una carta dirigida a Virgilio Barco pidiéndole su renuncia como Presidente de Colombia e instando a la instauración de un gobierno que manejara con mano dura las cuestiones de orden público. En el acto de inauguración del XXIII Congreso Nacional Ganadero, celebrado en 1992, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Jorge Visbal Martelo, rechazó las negociaciones con los insurgentes y manifestó: “Basta ya de complejos de culpa ante la represión que se ejerce con la fuerza de la ley y por el imperio de la justicia”. [8]

 

 

Notas