“Las políticas contrainsurgentes, y en especial el paramilitarismo, no han atacado a la insurgencia sino a los pueblos campesinos, mestizos, indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en zonas que se necesitan para la inversión nacional y extranjera”, acusan los expertos colombianos.
Por ello, el abogado Alirio Uribe pugna desde Berna por la creación de una Corte Económica Internacional que juzgue la responsabilidad de esos actores privados y por que cortes helvéticas conozcan la responsabilidad civil o penal de los actos en que incurran las empresas trasnacionales (ETN) con sede en Suiza.
“En La Guajira hay presencia de las FARC, del ejército y los paramilitares. Los wayuu hemos puesto muertos en ese conflicto que no es de nosotros, pero la mayoría de las víctimas han sido de la minería. La mayor parte del territorio que ha sido despojado ha sido en favor de la minería”, denuncia Angélica Ortíz, de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu.
Trasnacionales, minería, derechos humanos… La vocera de la etnia indígena y el jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ratificaron ante autoridades suizas e internacionales, representantes de ONG y en foros públicos, la urgencia de que las empresas se porten igual dentro y fuera de sus países sede.
“Señalamos a las autoridades la importancia de que haya una legislación más dura en el sentido que permita que cortes suizas conozcan eventualmente la responsabilidad civil o incluso criminal que pueda tener una empresa que opera en un país como Colombia o en otros países donde hay gobiernos débiles, donde no hay democracias completas, donde puedan presentarse abusos”, anota Uribe.
Negra apuesta al carbón
En entrevista con swissinfo.ch, los visitantes colombianos analizaron también el peaje social de la decisión gubernamental de transitar al desarrollo por el insidioso camino de la explotación minera con una guerra irresoluta.
“La minería del carbón a cielo abierto tiene los mismos impactos si se hace en Perú o en Bolivia o en un país africano: destrucción de ecosistemas, contaminación de ríos, desplazamiento de comunidades, por ello se ha proscrito en muchos países”. Pero en Colombia, agrega el abogado, “estos problemas tienen un incremento de impacto porque seguimos en un conflicto armado”.
Y la vigencia de la lucha, estima el experto, condena al fracaso iniciativas propias de una era postconflicto ajena aún a Colombia. Entre ellas, las leyes de reparación de víctimas y restitución de tierras emitidas por el Gobierno de Juan Manuel Santos. A guisa de ejemplo: horas después de la primera devolución agraria, en Urabá, el líder de la comunidad beneficiada fue asesinado.
Tampoco es el momento de volver a Colombia un país minero, añade Alirio Uribe. Esa decisión, advierte, aumenta el nivel de riesgo hacia las comunidades. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, consagrado a la defensa de los derechos humanos, ha constatado que la mayoría de las tierras arrebatadas a los 4.5 millones de desplazados en Colombia coinciden con las zonas de implementación de grandes proyectos, incluida la explotación de carbón:
“El conflicto armado se utiliza como pretexto para justificar los ataques a la población civil, pero realmente hay una recomposición de la propiedad y el territorio a favor de esos actores privados que son los beneficiarios de la guerra sucia que padece la población civil”.
En el caso de la minería del carbón, la mayoría de las concesiones para la explotación están en territorios indígenas, pero las comunidades afectadas han sido excluidas de cualquier toma de decisión, lamenta el especialista.
“En 30 años de explotación, Cerrejón ha ocasionado mucho sufrimiento en La Guajira. Comunidades afrocolombianas y comunidades Wayuu han ido desapareciendo”, deplora Angélica Ortíz, cuya organización colabora con las ‘Féminas Nómadas’, en resistencia contra la minería, y reclama que las empresas del consorcio “se pongan al día con el pasivo social que tienen hacia ellas”.
Respuesta de la empresa
“Cerrejón ha recibido diversos premios por sus programas sociales y medioambientales; algunos de ellos operados con el gobierno para promover el desarrollo sostentible”, precisa la vocera de Xstrata, Alison Flynn, en entrevista con swissinfo.ch.
Se refiere también a la Fundación ‘Cerrejón para el Agua’ en La Guajira y explica que es un fondo financiado por Cerrejón para mejorar la calidad y gestión del agua, y el saneamiento básico de la región. La Fundación, dice, contribuye también a mejorar el almacenamiento de agua y su distribución a las seis comunidades indígenas de la región.
Afirma igualmente que Cerrejón monitorea la calidad del aire y del agua en sus operaciones y en las regiones circundantes a través de un extenso sistema de evaluación.
“El agua residual se almacena y se trata por separado, y más del 80% se recicla para su uso en las operaciones de Cerrejón. Durante los últimos tres años, el consorcio ha trabajado con la Universidad de Valle en el desarrollo y aplicación de indicadores de calidad del agua relativos al impacto potencial de la actividad minera sobre el Río Ranchería”.
” En Xstrata todas las operaciones se ciñen al marco de su política industrial, sin importar en dónde están ubicadas en términos geográficos “
Alison Flynn, Xstrata
Piden moratoria a minería
Alirio Uribe y Angélica Ortíz se muestran escépticos sobre los pronunciamientos de las empresas, tanto en materia ambiental como social. E ilustran como ejemplo de deuda de Cerrejón con las comunidades locales el caso Tabaco.
“Una sentencia de 2002, de una tutela de la Corte Suprema ordena volver a hacer la población de Tabaco. Han pasado 10 años y a pesar de que la empresa dice que eso ya está saldado, pues la realidad es que esa población no se ha construido”, precisa el abogado.Las empresas arguyen que trabajan en el caso (véase columna de la derecha).
Empero, lamenta el jurisconsulto: “Si tu miras las comunidades que habitan en la zona de explotación minera, son comunidades que están en extrema pobreza y con necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación, empleo y la pregunta que se hacen ellos es ¿para quién es el desarrollo y quién realmente se beneficia de este tipo de explotaciones?”
El jurista y la vocera indígena reclaman que las empresas de Cerrejón declaren una moratoria en el incremento de la producción hasta tanto no se pongan a paz y salvo todas las deudas sociales que hay. Sobre todo ahora que pende la amenaza de desviar 34 kilómetros el cauce del Río Ranchería, en cuyas márgenes se ubican unas 130 comunidades, para prolongar las explotaciones.
“El Río Ranchería es un gran afluente de agua dulce de nuestro departamento, desértico casi en su totalidad, y donde son pocos los nacederos de agua. Estamos muy preocupados”, subraya Angélica. La desviación del Ranchería sería para La Guajira “como cortarle la vena horta a un ser humano”.
