Treinta y dos defensores de derechos humanos fueron asesinados el año inmediatamente anterior, y 174 sufrieron algún tipo de agresión, reportó el Sistema de Información sobre agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que fue creado en 2006 con el apoyo humano y técnico del Banco de Datos del CINEP.
De estas 32 personas, nueve estaban dedicadas a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Cauca, Risaralda, Antioquia, Córdoba, Putumayo. Siete personas eran líderes de procesos comunales y campesinos en Tolima, Santander, Valle, Meta y Bolívar; cinco reivindicaban derechos de las víctimas y exigían la restitución de tierras en Arauca, Bolívar y Córdoba. Dos eran estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos en el Huila y La Guajira; Uno promovía los derechos de la comunidad LGBT y las personas con VIH-SIDA en el Valle del Cauca, el cual además fue víctima de tortura; una era periodista de un medio de comunicación comunitario en el Caquetá; cuatro eran profesores y líderes de iniciativas locales de paz y desarrollo en el Magdalena Medio, Arauca, Córdoba y Cauca. Tres eran líderes sindicales vinculados a agremiaciones de maestros en Cauca, Córdoba y la industria de los alimentos en Risaralda.
De esta cifra, dos corresponden a mujeres, Ana Isabel Gómez presidenta del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia, COMFAVIC, quien fuera asesinada el martes 14 de abril en horas de la tarde, en el municipio El Minuto, Departamento de Córdoba. Ana Isabel trabajaba por la restitución de tierras en el corregimiento Los Córdobas y Vilma Camargo Blanco, quien era sindicalista de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios ANTHOC en Magangué, Bolívar quien perdió la vida el 9 de mayo de 2009 cuando fue atacada por dos hombres que se transportaban en una moto y dispararon contra el carro donde se encontraba la sindicalista en compañía de su esposo.
Del total de agresiones, aparecen como presuntos responsables de esas agresiones, los paramilitares en un 47%; grupos o personas desconocidas, 26%; integrantes de diversas instituciones del Estado, 18% y Guerrilla 9%.
Según el informe, dentro de las principales agresiones que obstaculizan la labor de defensa de los derechos humanos, se encuentran, la falta de garantía o restricción a la libertad de reunión, obstaculización a la libertad de asociación, constreñimiento para formar parte de una asociación legal, Interferencia en la opinión, censura, obstaculización al acceso a información pública, hurto de información, ataque por medio de declaraciones a la honra y reputación, injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada, interceptación ilegal de comunicaciones, limitación al acceso a la justicia, restricción al derecho de defensa y omisión a la presunción de inocencia por parte de funcionarios públicos y uso arbitrario del sistema penal.
Es de recordar en este punto, que la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el pasado informe anual, dado a conocer en el mes de marzo, recomendó a la Procuraduría General de la Nación, sancionar a los funcionarios públicos que “con sus declaraciones deslegitimen o pongan en riesgo la labor de defensores de derechos humanos, al tiempo que insta al Gobierno a dar cumplimiento inmediato a los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos”.
Así mismo hizo un llamado al gobierno nacional para que tome medidas específicas para que los sistemas de inteligencia, respeten los derechos humanos y estén sujeto a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría.
