Para quienes trabajamos durante muchos años en la Universidad, y muchas veces salimos corriendo por las dichosas ‘papas’, sabemos por experiencia propia que hacen más ruido que efectos materiales. Por ello, algo nuevo hay en este suceso reciente, y las autoridades deben aplicar todas las técnicas forenses para saber que sucede, además de una investigación exhaustiva en los mecanismos de seguridad de la misma Universidad. De seguro, las autoridades ya lo están haciendo, pues los ciudadanos estaremos pendientes de los resultados de esa investigación.

 

 

Los ciudadanos deberíamos estar conmocionados por lo sucedido en la Universidad del Atlántico la semana pasada. Miles de llamadas y cartas deberían inundar las emisoras, los periódicos y los emails de las organizaciones de la sociedad y el estado. No es para menos: la violencia ha regresado a la Universidad y ha cobrado la vida de cuatro estudiantes, todos ellos pertenecientes a familias de modestos recursos económicos. Por las declaraciones de los familiares uno percibe su sorpresa ante lo ocurrido con ello. Uno no manda a los hijos a la Universidad para que perezcan en ella.
El Consejo Superior ha tomado la decisión acertada: la Universidad debe seguir abierta, pues como lo dice el editorialista de EL HERALDO, “Sin Universidad no hay progreso” (Octubre 29/06). Sin embargo, la duda que a uno lo asalta es cual tipo de universidad debe permanecer abierta. Si una donde impera el ‘orden’, donde se acepten ‘jerarquías’, o una universidad donde esas jerarquías y orden se han construido con base en la aceptación de sus estamentos. Esto último no parece suceder en la Uniatlántico.
Para muchos en la ciudad, los terroristas tuvieron su merecido. Fueron víctimas de su propio invento. Para quienes trabajamos durante muchos años en la Universidad, y muchas veces salimos corriendo por las dichosas ‘papas’, sabemos por experiencia propia que hacen más ruido que efectos materiales. Por ello, algo nuevo hay en este suceso reciente, y las autoridades deben aplicar todas las técnicas forenses para saber que sucede, además de una investigación exhaustiva en los mecanismos de seguridad de la misma Universidad. De seguro, las autoridades ya lo están haciendo, pues los ciudadanos estaremos pendientes de los resultados de esa investigación.
Esta vez no queremos que se repita la impunidad del pasado reciente, donde a fecha de hoy, no se sabe quienes fueron los responsables del asesinato de profesores y estudiantes de Uniatlántico a pesar de haberse tocado todas las puertas de organismos nacionales e internacionales.
La dinámica de los acontecimientos impuestos por la re-estructuración de Ana Sofía Mesa, elogiada por muchos y por el mismo presidente Uribe, contra los “perversos pensionados, los burócratas insaciables y profesores ultra bien pagados”, no deja de tener sus más y sus menos. Parece que hasta ahora ha habido mucho ruido y pocas nueces, sólo que las escasas nueces han significado el deterioro del nivel de vida de profesores y empleados.
En Marzo/06 unos grupos de la sociedad civil discutieron con el Gobernador del Atlántico los ajustes institucionales que debían seguirse para rescatar la Universidad. Clave en ello era la reinstitucionalización de la Universidad ante un Consejo Superior con representaciones vencidas, amen de lo que sucede en los Consejos Académicos y de Facultad. Lamentablemente, el camino escogido ha estado acompañado de errores y de-
saciertos, producto de la tendencia del actual régimen político nacional, en lo que se ha llamado el “populismo autoritario”.
‘a re-estructuración de la universidad ha violado los tres principios básicos del ajuste institucional: primacía tecnológica, interdependencia reconocida y mínimo dislocamiento. Cuando a los estudiantes de la sede del centro (al cual parece pertenecían los estudiantes fallecidos) se les trasladó a la sede norte, parece que el software contratado con la Universidad de Pamplona tuvo problemas en su aplicación práctica, pues se cerraron bibliotecas especializadas y oficinas de profesores para acomodar a los de ‘playa baja’ como les decían los condiscípulos de la sede Norte. Los profesores han sido sometidos a horarios de locos, que les exigen permanecer en la universidad desde las 6:30 a.m. hasta la noche. Según entiendo, al que protestaba se les respondía “renuncie si no le gusta”.
A algunos profesores discapacitados les pusieron clases en el 5º piso, pero a los planificadores se les olvidó que los ascensores están dañados hace meses. Por lo general, las baterías de baños apestan, situación que viví personalmente en Julio cuando dicté un curso vacacional en Economía. Ascender al 5º piso, se convierte en un ejercicio no apto para cardíacos. Otros profesores me comentan que en unos salones de clase encontraron un jacuzzi. Es decir, aquí se violó el principio de la primacía tecnológica; los cambios hay que saberlos hacer.
En lo referente al tema de la prima de antigüedad, el asunto es legalmente complejo. Fue creada, si la memoria no me falla, mediante el Acuerdo 05 de 1970 del Consejo Superior, cuando no había convenciones, e incluida después en todas las convenciones. Como para este gobierno y sus epígonos todo ello es ilegal, se ha practicado la tierra arrasada, y la política es hacer ley mediante mecanismos ejecutivos, sin esperar los fallos judiciales. Las resoluciones de Rectoría, deshicieron toda la tradición jurídica de la institución, y procedieron a reducir el salario de casi todos los profesores y funcionarios en casi un 25%. Es común que cualquiera se sienta mal, cuando sin fórmula de juicio, le reducen su salario de esa manera.
Algo similar sucede con el alza de matrículas. Los estudiantes de la Universidad son en su mayoría de estrato uno, dos y tres. En Barranquilla la clase media ha desparecido prácticamente. Colegas me cuentan que se encuentran con estudiantes llorando en una acera, por que les han subido la matrícula de $190,000 a $800,000, simplemente por egresar de un colegio privado, que los hay para los estratos medio-bajos y bajos en la ciudad. ¿Dónde están las becas para los estudiantes que no pueden pagar?
En fin, se ha violado el principio de la interdependencia reconocida en un cambio institucional. Los cambios deben ser producto de procesos transparentes y legítimos realizados por los organismos reconocidos para ello por los afectados. Hoy no hay mayor participación democrática de los estamentos en las decisiones, y la rectora Ana Sofía Mesa debe evitar volverse una rectora policía como lo fue Rodríguez Figueroa en los años 70s. Con los efectos causados, se viola el principio de realizar los cambios sin dislocar al máximo la misma Universidad.
Hay tiempo sin embargo para enderezar el camino. La autoridad en la Universidad se debe reconstruir con base en sus mecanismos internos de decisión, oxigenando la administración y cambiando el equipo de dirección, el cual sigue siendo el mismo de hace años. No necesita la rectora Mesa importar funcionarios de otras regiones. En la Universidad hay valores, solo que ella no los conoce. La dirección de la Universidad debe reflejar el poder del saber. No de los votos, ni internos ni externos.
Estamos de acuerdo con que no hay excusas para que la violencia penetre nuevamente la Universidad, ni desde la izquierda ni desde la derecha. Debe ser posible adelantar las discusiones necesarias para rescatar la Universidad, pues la democracia es una tecnología social para aprender a vivir en sociedad también.
Pero pensar que una universidad pública pueda ser siempre pasiva y no cuestionar el régimen, es una ilusión de los que están en el poder. La universidad pública refleja las profundas inequidades, autoritarismo y exclusiones de la sociedad colombiana, por mucho que algunos historiadores del Caribe en el extranjero prefieran convencernos de otra cosa.
Lo que me asombra de Uniatlántico es su resiliencia o capacidad de supervivencia. A pesar de los malos administradores que ha tenido, ocupa un lugar importante en la educación y la investigación en la Región Caribe. Es lo mismo que Barranquilla, que a pesar de los pésimos alcaldes, sigue progresando a nuestra propia manera, dentro de una madeja de dificultades.
Uno solo desea que lo ocurrido permita enderezar el curso y mejorar las cosas. El gobierno nada que aparece con sus míseros $30,000 millones. Uno no entiende que no haya plata para la Universidad, pero que se despilfarren 5,500 millones en la Oficina del Comisionado de la Policía, y que haya pleitos por $10,000 millones por pésimo manejo del proceso de liquidación (El Tiempo, Octubre 29-p.1-4). En el centro se despilfarra la plata, y luego se le recortan las transferencias a las regiones, por mucho que varios parlamentarios seudo-costeños pretendan camuflar el tema. La Universidad es otra víctima.
Para lograr un cambio de rumbo, hay que recobrar la agenda planteada por la sociedad civil hace siete meses. Lo que pasa es que no nos pararon bolas, y lo que tenemos hoy son dolorosos resultados.