Después de muchas investigaciones sobre el fenómeno paramilitar se ha ido concluyendo tanto nacional como internacionalmente que este corresponde a una estrategia del Estado para realizar crímenes que no puede hacer y reivindicar directamente sin deslegitimarse; al respecto basta con analizar los informes y recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA o del los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
En las Resoluciones sobre casos de violación de Derechos Humanos de la OEA, en los cuales se condena al Estado Colombiano, es igualmente claro que se ha utilizado a los paramilitares para cometer crímenes contra los opositores políticos y dirigentes de movimientos sociales, ver por ejemplo resoluciones sobre caso del Alcalde de Sabana de Torres, dr. Alvaro Garces Parra; Masacre de los Uvos, Masacre de Caloto, Masacre de Riofrío, Masacre de Segovia, ejecución de Manuel Cepeda Vargas, etc.
En las sentencias condenatorias contra el Estado Colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en las masacres de: los 19 comerciantes, Mapiripan, el Aro e Ituango, Masacre Judicial de la Rochela, etc. se ha dejado claramente establecido que el paramilitarismo es de creación legal del Estado, que ha actuado conjuntamente con las fuerzas paramilitares, que ha dejado o permitido que se realicen las masacres, que no ha perseguido a los mismos criminales a pesar de tener retenes por donde han pasado de ida y vuelta luego de cometer los crímenes, etc.
Que los diálogos realizados por el Gobierno Nacional con esta organización han sido de carácter secreto o reservado, que no se conoce públicamente de la firma de ningún acuerdo y que durante la llamada “tregua unilateral”, desde 2002 se han seguido cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población civil en todas las áreas en donde ellos tienen presencia y control, se han documentado aproximadamente 30120 casos de homicidios y detenciones desapariciones por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya dicho nada al respecto. Trabajo realizado por la Comisión Colombiana de Juristas
Es de público conocimiento que muchos de los hoy voceros paramilitares, antes de comprar las franquicias eran narcotraficantes reconocidos, casos como los de Gordo Lindo, Don Berna, Los hermanos Luís y Miguel Ángel Mejia, el de Mancuso o Carlos Castaño, etc, los cuales habían sido solicitados en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos o Italia en Europa. Al respecto también es importante destacar que según las declaraciones del mismo Castaño ellos se financian en un 70% del negocio de narcotráfico, el resto es producto del secuestro la extorsión y el robo de los presupuestos Municipales y el robo de los bienes de las víctimas.
El Congreso tramitó una ley para concederles beneficios jurídicos y políticos a los paramilitares, la cual se conoce como Ley 975 del 2005 o de “Justicia y Paz”; en declaraciones públicas Mancuso y Vicente Castaño reconocieron que el 35 del Congreso era de ellos, es decir, es una ley tramitada para beneficio propio. Hoy luego de las elecciones el solo partido de la U, obtuvo el 70% del Congreso, en consecuencia nos debemos preguntar ¿cuantos Congresistas son representantes de los paramilitares?.
El marco jurídico que ha posibilitado el dialogo y negociación o el monologo, han sido la ley 782 del 2002, su decreto reglamentario 128 que ha permitido que cerca de 32.000 paramilitares lo hayan hecho en procesos colectivos y aproximadamente 6000 los hayan hecho individualmente. Según declaraciones públicas del Alto Comisionado Dr. Restrepo y del Ex Ministro del Interior Dr. Sabas, les han concedido beneficios de cesación de procedimiento, autos inhibitorios, indultos, etc. Y solamente 2695 han quedado pendientes por tener ordenes de captura vigentes y que son quienes se someten a la ley 975 de Justicia y Paz y a sus decretos reglamentarios 4760 ambos del 2005 y 3391 de 2006; posteriormente se expide otro decreto y una resolución de la Fiscalía que reglamenta la participación de las víctimas, para hacerla nugatoria y negar por esta vía el fallo de la Corte Constitucional y el avance de su fallo. Adicionalmente se ha anunciado públicamente que unos 1600 presos han solicitado acogerse a esta ley para ser acreedores a sus beneficios. Hoy en día las peticiones son de aproximadamente 3650. Luego del proceso de “legalización o desmovilización” han vuelto a recapturar unos 1.200 y han sido asesinados aproximadamente 600. ¿se busca eliminar evidencias o testigos que tienen información sobre los jefes o beneficiarios políticos, económicos o militares?
Las víctimas de crímenes del paramilitarismo se calculan según los datos de los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos en aproximadamente 3.600.000 millones seiscientos mil desplazados, 8.000 casos de detenciones desapariciones, 65.000 ejecuciones individuales o colectivas. De estos 14.700 corresponden al periodo comprendido entre el 1988 y 2003 y de ahí a la fecha se calculan unos 3100; no se tienen registros sobre violaciones de carácter sexual por la ausencia de denuncias y el robo de tierras se calcula en 6 millones de hectáreas. Las organizaciones más afectadas lo han sido la Unión Patriótica y el Partido Comunista, la CUT, los campesinos de Anuc Ur y Fensuagro, Los indígenas, los sectores de Iglesia popular, las juntas de acción comunal y las organizaciones de derechos humanos, entre otras.
En la asamblea nacional del Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado, al escuchar los informes regionales, se constató que el fenómeno del paramilitarismo sigue activo en las diferentes regiones, que llamaron a personas de apoyo, las entrenaron, armaron y uniformaron y luego los presentaron como desmovilizados conjuntamente con una parte de la estructura armada – la que no tenía muchos problemas jurídicos o no estaba plenamente identificada, que trasladaron estructuras para diferentes frentes, y que conservan lo esencial de su poder militar, político, económico y social en las zonas de control. Esta verdad se confirma luego con los distintos informes de la Misión de la OEA – lego de cumplido su papel de legitimar el paramilitarismo – con los informes de inteligencia del Estado y con las declaraciones de los mismos voceros paramilitares que nos hablan de la “nueva generación del paramilitarismo”; según inteligencia militar hay se habla de unos 70 grupos, que actúan en las mismas zonas donde estaban antes. Para nosotros siguen siendo las mismas políticas del Estado legalizadas y legitimadas y los mismos criminales a sueldo al servicio de las empresas transnacionales y el capital nacional.
Es muy importante destacar que quien tramito el proyecto de ley del Gobierno lo fue el señor vice- ministro de Justicia Dr. Mario Iguaran y que luego de aprobada fue postulado en la lista para la Fiscalía y efectivamente la Corte Suprema de Justicia lo nombró para el cargo, esto significa que él doctor Iguaran, nombró los 20 fiscales y los 150 auxiliares, en consecuencia nos preguntamos ¿será esta administración de justicia, independiente, autónoma e imparcial?.
Esta ley 975 del 2005 fue demandada por muchas personas y organizaciones, luego de su tramite la Corte Constitucional ha aprobado condicionadamente la misma, y lo que ha quedado claro luego de los fallos en lo que nos compete en este momento es lo siguiente:
a) La confesión tiene que ser plena o completa, sino lo hace puede perder al futuro los beneficios jurídicos que les conceden.
b) Tienen que responder con la totalidad de los bienes y devolverlos o entregarlos, tanto los de origen ilícito como los de su patrimonio licito; para que con ellos de repare en algo a las víctimas y sus organizaciones.
c) El tiempo que han pasado en las zonas de concentración no se toma en cuenta como parte de la pena, la cual les concedía una rebaja máxima de 18 meses.
d) Las penas alternativas de 5 a 8 años se tienen que cumplir en una cárcel manejada por el INPEC, y no en sus residencias o fincas particulares como lo venían haciendo hasta ahora.
e) El delito de Sedición fue declarado inconstitucional por vicios de trámite, lo que significa que siguen siendo delincuentes comunes utilizados por el Estado en su estrategia para reprimir las organizaciones de oposición. Esto significa igualmente que estas personas no pueden ser empleados públicos, no tienen derecho a indultos o amnistías y pueden ser objeto de extradición.
f) Las víctimas y sus organizaciones pueden constituirse en Parte Civil en los procesos penales desde el inicio mismo del proceso, aún en preliminares para garantizar sus derechos a la verdad histórica, a la justicia y reparación integral en los términos establecidos en tutelas anteriores por la Corte Constitucional.
Sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Según la información disponible en la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos- entidad que trabaja en derechos civiles y políticos y realiza el trabajo de interlocución nacional e internacional sobre el tema, encontramos que la situación de las violaciones a los derechos humanos sigue siendo grave, generalizada y sistemática. No ha mejorado sino que se mantiene en niveles muy preocupantes o en algunos casos han cambiado las modalidades de represión y control social de la población, veamos:
“Entre Julio de 2002 y Junio de 2006, en promedio, mas de siete personas (7.8) fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente cada día, por fuera de combate, a consecuencia de la violencia sociopolítica. Durante este cuatrienio, fueron asesinadas o desaparecidas 11.292 personas”.
“Durante este periodo, agentes estatales asesinaron o desaparecieron a 908 personas (en promedio 227 cada año). Respecto a los seis años anteriores, esa cifra representa un incremento del 73% (en promedio 131 cada año)”.
“Si bien es cierto que es notoria la disminución del número de personas muertas en masacres perpetradas por grupos paramilitares, las muertes selectivas se mantienen prácticamente en el nivel registrado desde 1996. Entre Julio de 2002 y Junio de 2006, en promedio, cada año, 833 personas murieron en masacres realizadas por paramilitares. Durante los seis años anteriores, el promedio anual fue de 895 personas”.
“Según la información de la Escuela Nacional Sindical, en el año 2005 se presentaron 67 casos de homicidios de sindicalistas y en el 2006 fueron 71 casos”.
….Debe quedar claro que este proceso esta concebido para legalizar y legitimar el paramilitarismo y dejar en la impunidad la gran mayoría de los delitos cometidos, ya que por lo menos el 97% de los victimarios están libres y gozando de los beneficios económicos, políticos y sociales anteriores. Esto significa que la lucha contra la impunidad sigue más vigente que nunca.
Finalmente es importante destacar que en el momento se hace indispensable ayudar para que todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos se organicen a nivel Departamental y nacionalmente en una sola organización para que se les reconozca como sujetos de derechos y se les de la vocería en el tramite de estos procesos y para que se les reconozca como actores en los procesos de lucha contra la impunidad; nuestros derechos a conocer la verdad histórica, a que haya aplicación de justicia; a la reparación integral por todos los daños causados y las garantías de no repetición son innegociables y nosotros no podemos aceptar que estos se negocien por otros y menos por los mismos victimarios. Nosotros creemos y defendemos en la democracia real, directa con nuestros propios voceros y defendemos nuestro derecho a decidir sobre el futuro de nuestros hijos y de nuestro pueblo.
Para finalizar considero que es importante reflexionar sobre la seguridad de nuestros compañeros, para garantizar la continuidad del trabajo y la difusión o transmisión de la experiencia a los demas trabajadores de derechos humanos en general. Creemos en este sentido que se debe valorar el proceso de hermanamiento internacional, con nuestros pares o con organizaciones de solidaridad como Brigadas Internacionales de Paz, etc. Como podemos confiar en el DAS o la Policía o el Ejército, después de leer o escuchar las declaraciones de Salvatore Mancuso cuando dijo en la versión de Justicia y paz: “…nosotros pagábamos a los militares mil millones de pesos mensuales por colaboración, información o por trabajos conjuntos…” o cuando en el proceso que se adelanta contra el vocero paramilitar se descubre en su computador que este criminal ejecutaba a los dirigentes sindicales o populares en la Costa por orden del jefe del DAS, doctor Noguera, entidad que realizaba el estudio de la posible víctima y estos paramilitares la ejecutaban. Posteriormente leímos las declaraciones de jefe de informática del DAS, señor García cuando dijo en la revista Semana:
“Semana:¿también había infiltración y colaboración con narcotraficantes?. Rafael García: A Diego Montoya le pasaban información reservada Giancarlo (Auque) y Jorge Noguera. La idea no era para que se moviera, sino para avisarle que había un soplón dentro de su organización que estaba informando dónde estaba ubicado…” (Revista semana No.667 de Abril de 2006). ¿Cómo se puede confiar en la autoridad?, pero más grave aun ¿Cómo podemos confiarle nuestra seguridad a ellos?. Habrá que pensar entonces en los mecanismos de autoprotección y en el acompañamiento internacional.
Cordialmente,
EDUARDO CARREÑO WILCHES.
COPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO.
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS “JAR”.
MIEMBRO DEL MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO.
MIEMBRO DE LA: CCE-EU
MIEMBRO DE LA: ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ.
Abril de 2007
